Fernando Ayala Delgado
Expediente 2053/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2053/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- Fernando Ayala Delgado
Actuaciones
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta Ciudad. Luego, en atención a lo anterior, y tomando en consideración que en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta Ciudad, dejara insubsistente el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, únicamente en lo concerniente a la imposición de la multa, dejando intocado lo demás que no fue materia del amparo, dictado dentro del juicio familiar 1079/2021 y su acumulado 1145/2021 y, en su lugar, dictara una nueva determinación en la que justificara su actuar, en la inteligencia de que podría ser en el mismo sentido u otro, pero subsanando los vicios formales destacados en el fallo protector. Concesión que se hizo extensiva al Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, pues su actuar no se reclama por vicios propios. En cumplimiento a ello, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta Ciudad, mediante oficio recibido el cuatro de octubre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del proveído de tres de los citados mes y año dictado en el expediente 1079/2021 y su acumulado 1145/2021 de su índice, en el que dejó insubsistente el auto de treinta y uno de marzo del presente año, únicamente por lo que ve al párrafo décimo tercero relativo a la imposición de la multa impuesta a la parte aquí quejosa, y en su lugar dictó una nueva determinación, en la que se ciñó a los lineamientos establecidos en la sentencia ejecutoriada dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa; restituyéndose de esa manera a la aludida parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto en autos tanto la parte quejosa como la parte tercera interesada y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Asimismo, en atención al artículo 18 del citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de tres años, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en su carácter de representante del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad de Tepic; luego, en atención a su contenido, requiérase a los quejosos RAMÓN ALZATE GÓMEZ y LILIA MARICRUZ TREJO CABRERA, para que comparezcan ante dicha autoridad a proporcionar los datos solicitados por ésta, es decir, sus Registro Federal de Contribuyentes con homoclave expedida por el Servicio de Administración Tributaria, estado de cuenta con clabe interbancaria de una institución bancaria nacional, copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio, todo a nombre de dichos quejosos, a fin de que se les deposite la cantidad condenada en autos por concepto de devolución del impuesto declarado inconstitucional en el presente asunto. Atento a lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a los quejosos RAMÓN ALZATE GÓMEZ y LILIA MARICRUZ TREJO CABRERA, para que dentro del plazo de tres días justifique ante este Juzgado, que comparecieron ante las responsables a proporcionar los datos solicitados, así como el depósito que se les hubiere realizado; ello en virtud de que las sentencias deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por cumplido el fallo protector pronunciado en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto al plazo de quince días hábiles que solicita la autoridad oficiante para realizar el trámite de devolución, dígasele que únicamente se le concede el término de cinco días, contados a partir de que la parte quejosa le proporcione los datos requeridos para realizar los trámites correspondientes, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia dictada en autos; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, sus representadas se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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