Fernando Avalos García

Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
661/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Fernando Avalos García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, y teniendo en consideración que se ha requerido a la parte quejosa hasta en cinco ocasiones (proveídos de veinticuatro de junio, diecinueve de agosto, veintidós de septiembre y tres de noviembre, todos de dos mil veintiuno y catorce de enero de este año) para que manifestara si recibió o no la devolución por concepto de corralón y arrastre, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en autos y se entiende que ha recibido y cobrado dicho concepto de corralón y arrastre, motivo por el cual, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Por consiguiente, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió la protección constitucional a FERNANDO ÁVALOS GARCÍA, para el efecto de que el Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad e Inspector adscrito, realizaran lo siguiente: "I. No aplique a Fernando Ávalos García, en el presente y futuro los artículos 58, fracción XVII, y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, reformados mediante decreto publicado en el periódico oficial del Estado el cuatro de mayo de dos mil veinte, declarados inconstitucionales, por lo que respecta a las porciones normativas de dichos numerales que faculta a los inspectores de la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán para retirar de inmediato a un vehículo de circulación y su retención a un depósito de vehículos para su guarda y custodia para garantizar el monto de la infracción, así como los medios para cambiar dicha garantía. II. Con motivo de lo anterior, no se le haga efectiva la garantía aludida con base en el valor del vehículo de que se trate, en el entendido de que esta protección federal se hace en relación a la esfera jurídica del aquí quejoso, con independencia del vehículo de motor sobre el cual se pretenda garantizar la multa como consecuencia de alguna fracción impuesta; sin embargo, dicha concesión no exime al peticionario de amparo para que, en su caso, cumplan con la normativa de tránsito para la prestación de algún servicio público de transporte. III. Además, las autoridades responsables deberán dejar insubsistente la boleta de infracción con número de folio 213, de catorce de octubre de dos mil veinte, de manera que deberán reintegrar al aquí quejoso las cantidades que haya erogado con motivo de la multa reclamada y sus accesorios, del servicio de traslado o resguardo del vehículo retenido, únicamente si éstas hubieren sido enteradas por el quejoso. Sin que sea necesario para concesión anotada constreñir a la autoridad responsable a emitir uno nuevo acto, de conformidad con el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ello obedece a la naturaleza de la actuación reclamada, esto es, se trata de un acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral; es así pues sólo en los casos en que sin mediar el ejercicio del derecho de petición de los interesados, o bien, que el acto hubiere resuelto una instancia, recurso o juicio, el acto carente de fundamentación y motivación se debe sustituir por otro sin esas deficiencias, para no dejar de resolverse lo pedido, en perjuicio de los derechos del gobernado; sin embargo, al no darse esos supuestos en el caso particular el efecto del amparo es liso y llano. [.] En el entendido que, a la autoridad que emitió el reglamento impugnado, no le corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que aplicaron el precepto aquí declarado inconstitucional, esto es, Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y, en su caso, el Inspector de su adscripción." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado de Michoacán, informó que sustrajo al quejoso del ámbito de aplicación de los artículos impugnados y declarados inconstitucionales; que no se haga efectiva la garantía aludida con base en el valor del vehículo; asimismo, dejó sin efectos la boleta de infracción número 213 de catorce de octubre de dos mil veinte, así como las consecuencias que de la misma derivaron; que le vehículo ya había sido devuelto con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida al quejoso; indicando que si el quejoso hubiera realizado un pago pago por corralón y arrastre para la entrega de su vehículo, debería pasar al Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de esa dependencia, debidamente identificado, a fin de hacerle el recibo correspondiente de lo que acreditara que pagó; y que, en caso de haber pagado alguna multa por la infracción impuesta, sería la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la encargada de llevar a cabo la devolución correspondiente (circunstancia de pago de una multa, que no fue acreditada en los presentes autos, pues si bien se exhibió una orden de entero número 000142, para que el quejoso pagara a la Administración de Rentas la infracción que le fue impuesta, no existe constancia de que la desprenda que la misma haya sido pagada por el impetrante). Con motivo del anterior informe, mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se requirió al Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que una vez que realizara el reintegro correspondiente al pago de servicio de corralón y arrastre que hubiese erogado el quejoso, lo informara a este juzgado; asimismo, en ese proveído se requirió a la parte quejosa para que compareciera ante la responsable para realizar ese trámite de devolución. Luego, la citada autoridad remitió diversos informes donde hacía del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el quejoso no había comparecido a sus instalaciones a fin de llevar a cabo la devolución del concepto de arrastre y corralón que erogó; motivo por el cual, en autos de diecinueve de agosto, veintidós de septiembre y tres de noviembre, todos de dos mil veintiuno y catorce de enero de este año, se requirió a la parte quejosa a fin de que compareciera ante la responsable para el efecto apuntado, sin que lo haya hecho. Situación por la cual, en este propio auto se le hizo efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se entiende, que ha recibido y cobrado el citado concepto de corralón y arrastre. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, toda vez que, la autoridad responsable el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, sustrajo al quejoso del ámbito de aplicación de los artículos impugnados y declarados inconstitucionales; dejando sin efectos la infracción reclamada y sus consecuencias; sin que exista acreditado en autos que el quejoso hubiese pagado multa alguna ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con motivo de la infracción que le fue impuesta; y además, dados los requerimientos formulados a la parte quejosa y no atendidos, se entiende que se le pagó y/o reintegró la cantidad que pudiera haber erogado el promovente por concepto de corralón y arrastre, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dicho trámite, la parte solicitante debe considerar que tendrá que tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera; ello mientras no se normalicen las actividades jurisdiccionales con motivo de la contingencia sanitaria que prevale actualmente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Número de expediente: 661/2020 Acuerdo: Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, y teniendo en consideración que se ha requerido a la parte quejosa hasta en cinco ocasiones (proveídos de veinticuatro de junio, diecinueve de agosto, veintidós de septiembre y tres de noviembre, todos de dos mil veintiuno y catorce de enero de este año) para que manifestara si recibió o no la devolución por concepto de corralón y arrastre, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en autos y se entiende que ha recibido y cobrado dicho concepto de corralón y arrastre, motivo por el cual, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Por consiguiente, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió la protección constitucional a FERNANDO ÁVALOS GARCÍA, para el efecto de que el Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad e Inspector adscrito, realizaran lo siguiente: "I. No aplique a Fernando Ávalos García, en el presente y futuro los artículos 58, fracción XVII, y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, reformados mediante decreto publicado en el periódico oficial del Estado el cuatro de mayo de dos mil veinte, declarados inconstitucionales, por lo que respecta a las porciones normativas de dichos numerales que faculta a los inspectores de la Comisión Coordinadora del Transporte de Michoacán para retirar de inmediato a un vehículo de circulación y su retención a un depósito de vehículos para su guarda y custodia para garantizar el monto de la infracción, así como los medios para cambiar dicha garantía. II. Con motivo de lo anterior, no se le haga efectiva la garantía aludida con base en el valor del vehículo de que se trate, en el entendido de que esta protección federal se hace en relación a la esfera jurídica del aquí quejoso, con independencia del vehículo de motor sobre el cual se pretenda garantizar la multa como consecuencia de alguna fracción impuesta; sin embargo, dicha concesión no exime al peticionario de amparo para que, en su caso, cumplan con la normativa de tránsito para la prestación de algún servicio público de transporte. III. Además, las autoridades responsables deberán dejar insubsistente la boleta de infracción con número de folio 213, de catorce de octubre de dos mil veinte, de manera que deberán reintegrar al aquí quejoso las cantidades que haya erogado con motivo de la multa reclamada y sus accesorios, del servicio de traslado o resguardo del vehículo retenido, únicamente si éstas hubieren sido enteradas por el quejoso. Sin que sea necesario para concesión anotada constreñir a la autoridad responsable a emitir uno nuevo acto, de conformidad con el artículo 124, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ello obedece a la naturaleza de la actuación reclamada, esto es, se trata de un acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral; es así pues sólo en los casos en que sin mediar el ejercicio del derecho de petición de los interesados, o bien, que el acto hubiere resuelto una instancia, recurso o juicio, el acto carente de fundamentación y motivación se debe sustituir por otro sin esas deficiencias, para no dejar de resolverse lo pedido, en perjuicio de los derechos del gobernado; sin embargo, al no darse esos supuestos en el caso particular el efecto del amparo es liso y llano. [.] En el entendido que, a la autoridad que emitió el reglamento impugnado, no le corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que aplicaron el precepto aquí declarado inconstitucional, esto es, Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y, en su caso, el Inspector de su adscripción." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado de Michoacán, informó que sustrajo al quejoso del ámbito de aplicación de los artículos impugnados y declarados inconstitucionales; que no se haga efectiva la garantía aludida con base en el valor del vehículo; asimismo, dejó sin efectos la boleta de infracción número 213 de catorce de octubre de dos mil veinte, así como las consecuencias que de la misma derivaron; que le vehículo ya había sido devuelto con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida al quejoso; indicando que si el quejoso hubiera realizado un pago pago por corralón y arrastre para la entrega de su vehículo, debería pasar al Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de esa dependencia, debidamente identificado, a fin de hacerle el recibo correspondiente de lo que acreditara que pagó; y que, en caso de haber pagado alguna multa por la infracción impuesta, sería la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la encargada de llevar a cabo la devolución correspondiente (circunstancia de pago de una multa, que no fue acreditada en los presentes autos, pues si bien se exhibió una orden de entero número 000142, para que el quejoso pagara a la Administración de Rentas la infracción que le fue impuesta, no existe constancia de que la desprenda que la misma haya sido pagada por el impetrante). Con motivo del anterior informe, mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se requirió al Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que una vez que realizara el reintegro correspondiente al pago de servicio de corralón y arrastre que hubiese erogado el quejoso, lo informara a este juzgado; asimismo, en ese proveído se requirió a la parte quejosa para que compareciera ante la responsable para realizar ese trámite de devolución. Luego, la citada autoridad remitió diversos informes donde hacía del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el quejoso no había comparecido a sus instalaciones a fin de llevar a cabo la devolución del concepto de arrastre y corralón que erogó; motivo por el cual, en autos de diecinueve de agosto, veintidós de septiembre y tres de noviembre, todos de dos mil veintiuno y catorce de enero de este año, se requirió a la parte quejosa a fin de que compareciera ante la responsable para el efecto apuntado, sin que lo haya hecho. Situación por la cual, en este propio auto se le hizo efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se entiende, que ha recibido y cobrado el citado concepto de corralón y arrastre. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, toda vez que, la autoridad responsable el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, sustrajo al quejoso del ámbito de aplicación de los artículos impugnados y declarados inconstitucionales; dejando sin efectos la infracción reclamada y sus consecuencias; sin que exista acreditado en autos que el quejoso hubiese pagado multa alguna ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con motivo de la infracción que le fue impuesta; y además, dados los requerimientos formulados a la parte quejosa y no atendidos, se entiende que se le pagó y/o reintegró la cantidad que pudiera haber erogado el promovente por concepto de corralón y arrastre, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dicho trámite, la parte solicitante debe considerar que tendrá que tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera; ello mientras no se normalicen las actividades jurisdiccionales con motivo de la contingencia sanitaria que prevale actualmente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Autoridad informa que no ha comparecido la quejosa Visto el oficio de cuenta que suscribe el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, mediante el cual informa que el quejoso ha sido omiso en comparecer a sus instalaciones a efecto de hacerle la devolución del pago de corralón y arrastre que realizó, señalando que esa actitud lo deja en imposibilidad material de dar cumplimiento a la ejecutoria y que evidencia desinterés por parte del quejoso. Cuenta con autos De los presentes autos se desprende que a la fecha, ya se ha sido requerido al quejoso hasta en cinco ocasiones anteriores (veinticuatro de junio, diecinueve de agosto, veintidós de septiembre y tres de noviembre, todos de dos mil veintiuno y catorce de enero de este año), a efecto de que comparezca ante la citada responsable para la devolución del pago que realizó por corralón y arrastre; sin que haya manifestado nada al respecto como se le solicitó. Se requiere a la parte quejosa En mérito de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga; asimismo, informe si compareció a recoger el reintegro por concepto de corralón y arrastre, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se entenderá que le fue devuelto, recibió y cobró ese concepto y se proveerá lo que conforme a derecho proceda en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Autoridad informa que no ha comparecido la quejosa Visto el oficio de cuenta que suscribe el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, mediante el cual informa que el quejoso ha sido omiso en comparecer a sus instalaciones a efecto de hacerle la devolución del pago de corralón y arrastre que realizó, señalando que esa actitud lo deja en imposibilidad material de dar cumplimiento a la ejecutoria y que evidencia desinterés por parte del quejoso. Cuenta con autos De los presentes autos se desprende que a la fecha, ya se ha sido requerido al quejoso hasta en cinco ocasiones anteriores (veinticuatro de junio, diecinueve de agosto, veintidós de septiembre y tres de noviembre, todos de dos mil veintiuno y catorce de enero de este año), a efecto de que comparezca ante la citada responsable para la devolución del pago que realizó por corralón y arrastre; sin que haya manifestado nada al respecto como se le solicitó. Se requiere a la parte quejosa En mérito de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga; asimismo, informe si compareció a recoger el reintegro por concepto de corralón y arrastre, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se entenderá que le fue devuelto, recibió y cobró ese concepto y se proveerá lo que conforme a derecho proceda en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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