Fernando Ávalos Altamirano
Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 51 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Fernando Ávalos Altamirano
- Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Colima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual *** autorizada el quejoso*** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita copias certificadas de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno y de la resolución del incidente innominado de doce de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena expedir únicamente las copias que solicita previo recibo y razón que de ello otorgue en autos el legitimado para ello. Asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el documento signado por el perito en contabilidad Claudio Jasso González, a través del cual informa que está a disposición de este juzgado con motivo de la prueba pericial en materia contable ordenada en el presente juicio. Lo anterior es así, debido a que en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Cúmplase.
- Principal
Del estado de autos se desprende que la sentencia dictada en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Fernando Ávalos Altamirano, para los siguientes efectos: "1. El Comisionado de la Policía Municipal de Seguridad y Justicia Cívica de Colima (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Comisionado de la Policía Municipal de Colima), ordene a quien corresponda, realice: El cálculo del pago por concepto de la indemnización constitucional correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso Fernando Ávalos Altamirano; por el ejercicio de la función pública que desempeñaba desde su separación laboral hasta el pago total de las mismas. La anotación en el expediente personal del mismo, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue dado de baja de manera injustificada; y, Para el pago de las prestaciones las responsables deben atender las siguientes jurisprudencias: La jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 617, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada con el rubro y contenido: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." La jurisprudencia 2a. LXIX/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 531, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal: "SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El indicado precepto establece el derecho de los miembros de instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, al pago de una indemnización por parte del Estado, cuando la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, pero no precisa su monto. En tal virtud, para hacer efectivo ese derecho constitucional debe aplicarse una norma del mismo rango, debido a que la inclusión de la indemnización como garantía mínima para ese tipo de servidores públicos, aun cuando derive de una relación administrativa, está prevista en el ámbito de los derechos sociales y en el rango más alto del sistema jurídico. De esta forma, como la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución prevé el derecho a la indemnización por el importe de 3 meses de salario cuando un trabajador es separado injustificadamente de su empleo, es inconcuso que en ambos supuestos -remoción de un miembro de alguna institución policial y despido injustificado de un trabajador-, existe la misma razón jurídica para definir la indemnización respectiva. Por tanto, ante la falta de norma que señale el monto de la prevista en la fracción XIII del apartado B, debe hacerse una aplicación analógica de la fracción XXII del apartado A, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se haga efectivo el derecho constitucional a la indemnización que la Ley Fundamental otorga a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales que sean separados injustificadamente de su cargo; es decir, por ese concepto (indemnización) debe cubrirse el pago de 3 meses de su remuneración. Y, la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 635, Libro 6, Marzo 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y contenido dicen: "SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. Una vez hecho lo anterior, de manera inmediata informe lo conducente al Director de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial de la Policía Municipal de Colima, a efecto de que realice el pago al quejoso ******. Asimismo, que mediante proveídos de nueve de mayo y ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica Policía Municipal del Colima, así como a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, remitiendo las constancias que acreditan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, la constancia remitida por el Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica Policía Municipal del Colima, relativa al cheque ****, del Banco Santander, por la cantidad de *****, expedido a favor del quejoso *****, fue presentada en copia simple. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que, dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir del siguiente al en que se notifique de este acuerdo, cumpla debidamente con la referida interlocutoria, esto es, remita copia certificada de dicha constancia, toda vez que al haberla exhibido en copia simple, ésta carece de valor probatorio, según se desprende de la jurisprudencia 3a./J. 3/91, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1991, Octava Época, del tenor literal siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), cantidad que se obtiene de multiplicar cien por ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos (equivale a una Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Décima Época Semanario Judicial de la Federación, catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el documento de cuenta a través del cual el Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica de Colima, en atención al requerimiento de ocho de junio del año en curso, informa que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, remitió la constancia requerida. Lo anterior es así, en virtud de que en proveído que antecede ya se acordó lo conducente. Cúmplase.
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