Fernando Aurelio Ruiz de Chavez Olvera

Expediente 169/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
169/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Fernando Aurelio Ruiz de Chavez Olvera
  • Maria Guiomar Diez de Urdanivia Zamanillo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Como de la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de catorce de octubre del año en curso, en la que se en una parte, en la que se negó el amparo de la justicia federal a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho valer; por lo que con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, ni parte tercero interesada, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de depuración, dado que se negó el amparo de la justicia federal en el juicio principal y de destrucción los incidentes de suspensión, dado que negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de los actos reclamados, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Federal, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la tercera interesada... de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte...V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo V-169/2020-2; y,. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 1, 33, 35, 37, 62, 73, 74, 75 y 107 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a -, contra el acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por las razones expuestas en el considerando QUINTO del presente fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando SEXTO de la presente resolución, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada ley. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo V-169/2020-2; y,. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 1, 33, 35, 37, 62, 73, 74, 75 y 107 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a -, contra el acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por las razones expuestas en el considerando QUINTO del presente fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando SEXTO de la presente resolución, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada ley.

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