Fernando Augusto Hernández Méndez
Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Fernando Augusto Hernández Méndez
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte ue ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Antonio Hernández Álvarez, apoderado legal del quejoso Fernando Augusto Hernández Méndez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. ACLARACIÓN DE SENTENCIA Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte, que resulta necesario hacer aclaración de la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con sus diversos numerales 223 a 226, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en su artículo 2, toda vez que se trata de una aclaración de sentencia de carácter oficioso. La aclaración de sentencias es una institución procesal que tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y su empleo es de tal modo necesario que incluso en forma oficiosa debe prosperar. El artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de los individuos a que se les administre justicia por los Tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; estos objetivos no se logran con documentos en los que se plasma la decisión judicial y que no corresponden plenamente con ésta, y menos aún se lograrían si no pudieran ser enmendados por el propio órgano resolutor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia del acto jurídico. A estas consideraciones son aplicables, por analogía, los criterios siguientes: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo". "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROCEDE DE MANERA OFICIOSA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos cometidos al dictar un fallo; que la sentencia puede considerarse como un acto jurídico de decisión y como un documento, en el entendido de que el principio de inmutabilidad de la decisión judicial sólo puede atribuirse al acto decisorio y no al documento, motivo por el cual es necesario preservar la congruencia entre uno y otro; y que dada la importancia y trascendencia de las ejecutorias emitidas en los medios de control constitucional, el tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad. Ahora bien, dado que las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional reconocido expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas resoluciones se plasman en una sentencia y, ante la ausencia de regulación expresa, en acatamiento a la garantía de impartición de justicia contenida en el artículo 17 constitucional, debe estimarse que la aclaración de sentencia resulta una institución procesal aplicable en la materia para que el órgano de control constitucional se cerciore de que la sentencia como documento resulta congruente y refleja fielmente el acto jurídico decisorio". "ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por éstos, por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que noten, así como de los numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la institución de la aclaración de sentencia. La supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error o defecto de la sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es congruente con éstos y los complementa". "ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIAS. SU OBJETO ES CORREGIR ERRORES U OMISIONES EN EL DOCUMENTO DE SENTENCIA CUANDO NO CONCUERDA CON EL ACTO JURÍDICO DECISORIO CORRESPONDIENTE. La aclaración oficiosa de sentencias es una institución procesal civil que tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros; en la inteligencia de que la sentencia sólo es susceptible de corregirse como documento, a fin de que concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente, como deber del órgano jurisdiccional respectivo de velar por la exacta concordancia entre ambos, para otorgar certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas". Como se aprecia, de las tesis transcritas se puede establecer lo siguiente: a) La aclaración de sentencias es una institución que tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios, explicar los oscuros que resulten, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos de la ejecutoria que se cometan al dictar un fallo. b) La aclaración de sentencias es aplicable en materia de amparo, a pesar de la inexistencia de regulación expresa en el texto de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 17 constitucional consagra el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; además de que si existe discrepancia entre la sentencia, entendida como acto jurídico, y la sentencia como documento, resulta necesario hacer la congruencia entre ambos conceptos, de manera que éstos estén identificados y entre ellos exista correspondencia. Como de la certificación de cuenta se advierte que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se hizo un análisis de la demanda presentada por Miguel Antonio Hernández Álvarez, apoderado legal del quejoso Fernando Augusto Hernández Méndez, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, asentándose por error de manera incorrecta el nombre del quejoso antes mencionado, a saber: Fernando Augusto Hernández Álvarez; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procede de oficio a realizarse la aclaración de la referida ejecutoria, para el sólo efecto de subsanar dicha omisión. En ese contexto, se hace la aclaración que el nombre correcto del quejoso en cuestión, es: Fernando Augusto Hernández Méndez. Así entonces, se tiene por hecha la aclaración de la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, tomando en consideración que dicha aclaración no altera el sentido de lo resuelto en el citado fallo constitucional, toda vez que, como quedó precisado, tal aclaración no afecta a la sentencia como acto jurídico, sino que únicamente se ha corregido el error del documento para que éste armonice con la decisión plasmada, y de ese modo cumplir con el imperativo constitucional de que se imparta una justicia completa. Por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Armando Blanco Palmeros, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 398/2021-6, promovido por Fernando Augusto Hernández Álvarez, por conducto de su apoderado legal Miguel Antonio Hernández Méndez. A continuación, el Secretario CERTIFICA: que en cumplimiento al proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 11598/2021, se solicitó informe justificado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, el cual lo recibió el trece de mayo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir el informe respectivo, le transcurrió del catorce de mayo al tres de junio de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, y las documentales digitalizadas en copias simples consistentes en los proveídos de diecinueve de noviembre de dos mil veinte y catorce y quince, ambos de abril de dos mil veintiuno, dictados en el expediente laboral 1025/2019, del índice de la junta responsable. Medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (fojas 03 a 13). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 398/2021-6, promovido por Fernando Augusto Hernández Álvarez, por conducto de su apoderado legal Miguel Antonio Hernández Méndez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida vía electrónica el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintisiete siguiente, Fernando Augusto Hernández Álvarez, por conducto de su apoderado legal Miguel Antonio Hernández Méndez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, en el cual la junta responsable se reserva el derecho de admitir las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral 1025/2019. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 398/2021-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1025/2019, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en el que se reserva el derecho para admitir las pruebas ofrecidas por las partes. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante oficio 11598/2021, el cual lo recibió el trece de mayo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos. Sin embargo, no ha lugar a tener por presuntivamente cierto el acto que se le reclama, toda vez que el quejoso Fernando Augusto Hernández Álvarez, por conducto de su apoderado legal Miguel Antonio Hernández Méndez, omitió exhibir medio de prueba idóneo que corroborara fehacientemente su existencia. En efecto, el impetrante del amparo reclama de la responsable el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1025/2019, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en el que se reserva el derecho para admitir las pruebas ofrecidas por las partes. Para demostrar su existencia el impetrante exhibió las copias digitalizadas de las documentales relativas a los proveídos de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, catorce y quince, ambos de abril de dos mil veintiuno, dictados en el expediente laboral 1025/2019. Sin embargo, por lo que respecta al proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con el cual se le tuvo al impetrante acreditando su personalidad al presente juicio de amparo, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que dicho documento era copia íntegra e inalterada del documento impreso; ésta se desestima en virtud que con dicha documental únicamente la parte quejosa acreditó su personalidad con la que cuenta en el expediente de origen, sin que se encuentre adminiculada con otro medio de prueba, con el cual justifique que la junta responsable se reservó el derecho para desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el citado juicio, por lo que resulta insuficiente dicha documental para demostrar la existencia del referido acto reclamado. Por otro lado, por lo que respecta a las diversas documentales que exhibió la parte quejosa relativas a los proveídos de catorce y quince, ambos de abril de dos mil veintiuno, dictados en el expediente laboral 1025/2019; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se considera que los precitados documentos tienen únicamente el carácter de indicio que no están adminiculados con otros medios de prueba. Ciertamente, dichas documentales no tienen valor probatorio pleno, pues al haber sido exhibidas de manera electrónica junto con el escrito inicial de demanda, a fin de otorgarles dicho valor probatorio en el presente asunto, era necesario que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestara que dichos documentos electrónicos eran copias íntegras e inalteradas del impreso, circunstancia que no aconteció; por tanto, dichos medios de convicción tienen valor probatorio de copias simples, y resultan insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado, al no obrar en autos otro elemento con el que lo corrobore. Al respecto, sirve de apoyo la tesis I.1o.A.48 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2379, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples. Por ende, para estar en aptitud legal de examinar si dichos actos son violatorios de los derechos fundamentales a que se refiere el aquí quejoso, era imprescindible que demostrara la existencia del juicio natural, y por tanto, las omisiones ahí reclamadas, lo cual era indispensable a efecto de que este juzgador estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Augusto Hernández Álvarez, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio 11598/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que rindiera su informe justificado, el cual recibió el trece de mayo del año en curso, tal y como se advierte de la constancia de notificación relativa; por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ese efecto. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda recibido electrónicamente, mediante el cual Miguel Antonio Hernández Álvarez, apoderado legal del quejoso Fernando Augusto Hernández Méndez, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con la copia digitalizada del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 1025/2019, en donde se advierte tal carácter, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 398/2021-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar a la persona moral, que señala como tercero interesado, dada la naturaleza de los actos que reclama la parte quejosa, esto es, una omisión procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ofreciendo como pruebas en el presente asunto la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como las copias digitalizadas que anexó a su demanda de amparo consistentes en proveídos de diecinueve de noviembre de dos mil veinte y catorce y quince, ambos de abril de dos mil veintiuno, dictados en el expediente laboral 1025/2019, del índice de la junta responsable, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como autorizados del quejoso a las personas que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx y su notificación al usuario: "maha7209" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.
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