Fernando Arturo Granados Rojas
Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Arturo Granados Rojas
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 30 DE JULIO DE 2021, EN EL QUE SE ACORDÓ: I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: I. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Fernando Arturo Granados Rojas, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de dos de julio pasado, y al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que acude al presente juicio de amparo en calidad de representante de sus menores hijos con iniciales J.F.G.R. y O.U.G.R., y exhibe copia de las actas de nacimiento para acreditar su parentesco. No se soslaya que en el escrito que se provee, manifestó que lo hacía con el carácter de quejoso, pues como se indicó en párrafo precedente, manifestó, bajo protesta de decir verdad, promover el presente juicio constitucional con el carácter de representante de sus menores hijos. Asimismo, del análisis del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida en audiencia preliminar del expediente 2112/2020, en la que el juez responsable determinó que las convivencias de los infantes con su progenitor promovente debían ser de manera virtual. Ahora, en el presente controvertido constitucional constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que ante este Juzgado de Distrito el ocursante Fernando Arturo Granados Rojas, promovió por su propio derecho y con anterioridad al presente juicio, el diverso amparo 460/2021-V, en el que señaló el mismo acto reclamado y autoridades responsables que en la demanda que ahora se analiza, manifestando bajo protesta de decir verdad, en el primero de los ocursos en cita que tuvo conocimiento del acto reclamado desde la fecha de la celebración de la audiencia preliminar, esto es, desde el veintiséis de marzo del año en curso; y si bien, en ésta nueva demanda ya no acude por propio derecho sino en representación de sus menores hijos de identidad protegida; lo cierto es que es esa data la que genera efectos para el computó del término para promover el amparo. Asimismo, precisa acotar que el mencionado juicio de amparo 460/2021-V, fue desechado el veintitrés de julio del año en curso, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, mismo que hasta se encuentra sub judice, debido a que en proveído de uno de los actuales, se tuvo por interpuesto el medio de impugnación que el aquí promovente interpuso en su contra (recurso de revisión) y el cual aún no se ha sido resuelto. En consecuencia, se provee: II. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porque esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De lo anterior se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro de los términos que se señalan para tal efecto. Así las cosas, el primer párrafo del ordinal 17 de la Ley de la Materia, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija el acto reclamado; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el impetrante de garantías se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en la demanda de amparo no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues no se trata de una norma general autoaplicativa, o algún procedimiento de extradición; así como tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; además de que quien promueve no representa a algún núcleo ejidal, y finalmente, no son actos que ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento, por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Es de reiterarse, que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1.- A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2.- A partir del día siguiente en que el impetrante hubiere tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. 3.- A partir del día siguiente al en que el peticionario del amparo se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. La última hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", lo cual implica una expresión exclusiva del impetrante, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, como se acotó con antelación, el acto reclamado ante esta instancia constitucional, se hace consistir en la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida en audiencia preliminar del expediente 2112/2020, en la que el juez responsable determinó que las convivencias de los infantes quejosos con su progenitor promovente debían ser de manera virtual. Empero, como se precisó con anterioridad, en la especie constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que ante este Juzgado de Distrito el ocursante Fernando Arturo Granados Rojas, promovió por su propio derecho y con anterioridad al presente juicio, el diverso amparo 460/2021-V, en el que señaló el mismo acto reclamado y autoridades responsables que en la demanda que ahora se analiza, manifestando bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la determinación reclamada desde la fecha de la celebración de la audiencia preliminar, esto es, desde el veintiséis de marzo del año en curso; y si bien, como se dijo en con anterioridad, en ésta nueva demanda el promovente ya no acude por propio derecho sino en representación de sus menores hijos de identidad protegida; lo cierto es que es esa data la que genera efectos para el computó del término para promover el amparo. Lo anterior es así, porque el ocursante no pudo ignorar la determinación que tilda de inconstitucional como representante legal de sus menores hijos, coligiéndose así que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintiséis de marzo del año en curso, por conducto de su representante legal. Orienta lo anterior, la tesis aislada de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. ES EXTEMPORÁNEA SI EL REPRESENTANTE LEGAL DE UN MENOR DE EDAD TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR HABER PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD UN JUICIO DE AMPARO, POR SU PROPIO DERECHO. Si el representante legal de un menor de edad ya había promovido juicio de amparo, por su propio derecho, en el que designó los mismos actos reclamados y autoridades, alegando, sustancialmente, violaciones constitucionales que después señala nuevamente en diverso juicio que promueve a nombre de ese menor de edad, entonces hay que determinar si entre la fecha de la inicial demanda y la segunda feneció el término para su promoción, porque de acontecer este supuesto, la nueva demanda constitucional deviene extemporánea, e implica que se deba sobreseer en el juicio en términos de los artículos 73, fracción XII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, habida cuenta que de cualquier modo ya tenía conocimiento de los actos reclamados, y no es lógico que ignorara esa actuación de las autoridades responsables como representante legal de tal menor de edad." Al efecto, también resulta oportuno invocar, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia publicada en la página 841, Tomo XI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS RECLAMADOS CONOCIDOS POR EL REPRESENTANTE. Si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados por conducto de su representante legal, en fecha muy anterior a la presentación de la demanda, surge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, sin que sea obstáculo el hecho de que dicho representante los haya conocido por su propio derecho, pues jurídicamente no puede conocerlos en lo personal y desconocerlos por su representación". En este contexto, se tiene que el acto reclamado fue consentido por la parte quejosa; y, por ende la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que de las manifestaciones vertidas por el promovente en el diverso juicio de amparo 460/2021-V, a las que se les otorga valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", se advierte que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, afirmó que tuvo conocimiento del acto reclamado desde la fecha de la celebración de la audiencia preliminar, esto es, desde el veintiséis de marzo pasado, data en que se verificó la audiencia reclamada. Por tanto, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se determina que de la citada fecha, a la data en que promovió el presente juicio constitucional en calidad de representante de sus menores hijos (treinta de junio de dos mil veintiuno), ya había transcurrido en exceso el plazo legalmente previsto para impugnar mediante juicio de amparo el acto que reclama. Ello es así, pues aun cuando las normas relativas a las notificaciones y cómputo de los actos dictados en el juicio de origen, se rigen por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, lo cierto es que las mismas no resultan aplicables al presente asunto, ya que el planteamiento del quejoso en su demanda, en relación con el conocimiento que tuvo del acto reclamado, no surgió a partir de una notificación, sino a partir de que conoció del mismo. Por tanto, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, a través de su representante, desde el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, data en la que bajo protesta de decir verdad, afirmó haber conocido del mismo, no existe razón legal para aplicar al caso las reglas previstas para las notificaciones y, entonces, estimar que ello surtió efectos hasta el día siguiente, debido a que no se trata propiamente de una notificación formal de esa audiencia, sino del supuesto en el que el quejoso conoció del acto reclamado. Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto reclamado, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contado a partir del día siguiente al en que su representante tuvo conocimiento del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2006-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 286, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." El presente criterio, fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja civil número 148/2017, en sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Entonces, si la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial el veintinueve de junio del año en curso y en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato el treinta siguiente, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Suma a lo anterior, el hecho de que, como ya se precisó en acápites que anteceden, el mencionado juicio de amparo 460/2021-V, promovido por el aquí quejoso por su propio derecho y contra el mismo auto y autoridad que en la presente demanda, se encuentra sub judice, debido a que en proveído de uno de los actuales, se tuvo por interpuesto el medio de impugnación que el aquí promovente interpuso en contra del auto que desechó el mismo (recurso de revisión) y el cual aún no se ha sido resuelto. Sin que se soslayen las manifestaciones vertidas por el promovente en el sentido de que la presente demanda de amparo puede ser presentada en cualquier tiempo, porque la parte quejosa son menores de edad representados por él y el acto reclamado viola su interés superior contemplado en el artículo 4° constitucional, así como la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes; lo dicho, porque a criterio de quien esto resuelve, contrario a lo que estima el promovente, tales situaciones no constituye una excepción al plazo que la propia ley de la materia establece para la promoción del juicio de amparo. Se explica. Como se mencionó con antelación, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los casos de excepción transcritos en párrafos precedentes y a los cuales se remite en obvio de reproducciones innecesarias. Sin embargo, como se evidencia de lo expuesto por el propio promovente, la extemporaneidad de la presentación de la demanda que nos ocupa no la hace depender de alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado ordinal, sino del hecho de que se ven involucrados los intereses de sus menores hijos y se debe salvaguardar su interés superior. Así, tocante al mencionado argumento, debe decirse que si bien es cierto el juicio del que deriva el acto que aquí se controvierte, versa sobre la negativa de permitir que las convivencias entre el padre y sus menores hijos, sean de forma personal, también es cierto que como lo ha explicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir criterio en relación con la tutela judicial efectiva, los requisitos para acceso al proceso están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales. Ello, pues se desvirtuarían la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la preclusión, instituidas para efectos de orden público. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 124, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Asimismo, se cita por analogía, la jurisprudencia 125/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1583, Libro IVX, noviembre de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público". Por consiguiente, si la legislación de la materia establece un término para promover demanda de amparo, y en el caso, no se está ante una salvedad de respetar dicho plazo, al tenor de las consideraciones aquí expuestas, deviene evidente que el libelo con el que se formó el presente sumario se presentó de forma extemporánea. En tales condiciones, al quedar debidamente acreditadas las aludidas causas de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es dable desechar la demanda de amparo promovida por Martha Aurora Exsome Zapata, por sí y en representación de su menor hija, por su manifiesta e indudable improcedencia." Por consiguiente, si la legislación de la materia establece un término para promover demanda de amparo, y en el caso, no se está ante una salvedad de respetar dicho plazo, al tenor de las consideraciones aquí expuestas, deviene evidente que el libelo con el que se formó el presente sumario se presentó de forma extemporánea. Además, si bien es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor; también deviene verídico que la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. Ello es así, porque la oportunidad de la presentación de una demanda constituye un requisito de procedencia del juicio de amparo y, el estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente. Bajo lo antes expuesto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables; de ahí que, deba prevalecer la decisión antes asumida, pues por las razones antes expuestas, la circunstancia de que en el presente asunto se vean involucrados derechos de convivencia de menores de edad, resulta jurídicamente insuficiente para desestimar la verificación de los requisitos de procedencia de la acción constitucional, previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que, se reitera, la minoría de edad resulta ineficaz para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan la jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (11a.), Registro: 2023315, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En tales condiciones, al quedar debidamente acreditada la aludida causa de improcedencia regulada por la fracción XIV, del artículo 61, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Fernando Arturo Granados Rojas, en representación de sus menores hijos de iniciales J.F.G.R. y O.U.G.R., por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOS DE JULIO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato, a dos de julio de dos mil veintiuno. I. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 532/2021-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Fernando Arturo Granados Rojas. III. Se ordena protección de identidad de menores de edad. Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28); Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena proteger la privacidad de toda participación infantil a través del resguardo de su identidad, sin importar la calidad con la que comparezca al presente juicio constitucional, esto es, si como quejoso o tercero interesado; para efecto de lo cual se ordena: Sustituir el nombre de los niños, niñas o adolescentes que participen en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en listas de acuerdos, diligencias, comunicaciones oficiales, autos, interlocutorias y en sentencias definitivas, debiendo glosarse al expediente en sobre cerrado, hoja que contenga el nombre completo de los infantes. Las constancias que la autoridad responsable remita como apoyo a su informe justificado que contengan datos de identificación de menores de edad o cualquier otro dato sensible como imágenes de los infantes, deberán resguardarse en secreto en la secretaría del juzgado, haciendo los desgloses correspondientes; autorizándose únicamente la consulta de dicho material por parte de los autorizados en este juicio y directos quejosos o terceros interesados, sin posibilidad de reproducirlo ya sea a través de fotocopias o por medios electrónicos. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda, "bajo protesta de decir verdad", se constriña a cumplir con lo siguiente: Aclare si la demanda de amparo la promueve por propio derecho, o bien, en representación de sus menores hijos, cuyos nombres llevan por iniciales J.F.G.R. y O.U.G.R.; lo anterior, en virtud de que en el proemio y en los diversos apartados relativos a la parte quejosa, antecedentes y conceptos de violación, refiere acudir en uno y en ambos supuestos, lo que genera confusión, y de ser en representación de los citados infantes, deberá exhibir documento fehaciente para acreditar su parentesco, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de determinar la legitimación que tiene en el presente juicio y el tratamiento que debe dársele en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo, así como de establecer la necesidad de velar el interés superior de los menores. Acude en apoyo, por analogía, la Tesis P./J. 43/96, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Así como, la jurisprudencia P./J. 37/2001, visible en la página 125, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA." Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibido que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados; y, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Ponce Calderón, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del numeral 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en dicho supuesto. VI. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. IX. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.
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