Fernando Arizpe Pedraza
Expediente 538/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Fernando Arizpe Pedraza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que el presente asunto se encuentra debidamente integrado para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por Ramiro Mendiola Bazaldúa, apoderado legal de la parte quejosa Elías Flores Herrera, contra la sentencia dictada en autos. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, el original del juicio de amparo, el original del escrito de expresión de agravios, y una copia más, para la sustanciación del citado recurso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la certificación de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Pronunciarse de inmediato sobre el escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, -presentado ante su potestad el treinta siguiente- a través del cual, se solicita se dicte auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $4,590,630.98, establecida dentro de la resolución de liquidación de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional." Lo anterior, dentro del expediente laboral 841/2010. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores...Finalmente, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito enviado vía SISE por el Licenciado Joel Vicente Flores Sarno; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo firmada por Fernando Arizpe Pedraza, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese y regístrese expediente en el libro de gobierno con el número 538/2022. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece:"Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo; artículos que para una mejor comprensión a continuación se transcriben: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación de tales disposiciones legales, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten a personas extrañas y cuando el peticionario del amparo no tiene tal carácter, el aludido juicio es improcedente. Ahora, el quejoso manifiesta que el acto reclamado consiste en: 1. El desalojo del bien inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados o 42-81-17.95 hectáreas ubicado en poblado La Pesca, de Soto la Marina, Tamaulipas, como consecuencia del decreto de expropiación, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, ya que no fue llamado a juicio y que la ubicación señalada en el decreto no precisa los predios de su propiedad, ya que éstos no se encuentran en el decreto que el polígono señala. 2. La convocatoria número 002, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, número 15, de tres de febrero de dos mil veintidós, en la que se convoca a las personas físicas y morales nacionales, que poseen los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para participar en la licitación pública nacional para la enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en Playa La Pesca, en el poblado de La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. De los antecedentes que constituyen el acto reclamado, el quejoso señala lo siguiente: Que el veintiocho de enero del año en curso, se llevó a cabo una flagrante violación constitucional a sus garantías individuales al presenciar la destrucción de edificaciones con maquinaria pesada y custodiada por elementos de la Policía Estatal Preventiva; agregando que el personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas, les manifestó en forma altanera que todos los propietarios y poseedores de los predios colindantes, serían desalojados para dar cumplimiento el acuerdo expropiatorio mediante el cual se decreta la expropiación por causa de utilidad pública, de un inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados o 42-81-17.95 hectáreas ubicado en el Poblado la Pesca de Soto la Marina, Tamaulipas, publicado en Edición vespertina Extraordinario, número 24 de trece de septiembre de dos mil veintiuno, al cual desconocía. Que nunca ha sido citado por ninguna dependencia Estatal, para que le dieran a conocer respecto del procedimiento de expropiación de su propiedad, dejándolo en estado de indefensión al quererle quitar el bien inmueble antes mencionado. Que al conocer el Acuerdo Expropiatorio mediante el cual se decreta la expropiación, por causa de utilidad pública, del inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados o 4281-17.95 hectáreas ubicado en el Poblado la Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas, publicado en Edición vespertina Extraordinario Numero 24, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se dio cuenta que su propiedad no cuenta con las colindancias de la escritura que refiere el acuerdo de expropiación, siendo un asentamiento que se encuentra en el lugar diverso a su propiedad. Que el Acuerdo de referencia, se indemniza a un particular que no está asentado en los polígonos de su propiedad y que tratan de despojarla queriendo confundir o la ciudadanía en su perjuicio. Que el aquí quejoso, se dio cuenta de la ilegal convocatoria, número 002, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, número 15, de tres de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se convoca a las personas físicas y morales, nacionales, que poseen los recursos técnicos, económicos, y demás necesarios para participar en la licitación pública (excluyente de sus derechos) nacional para la enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en La Playa de La Pesca, en el Poblado de La Pesca, Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas; violentando su garantía de derechos de propiedad y posesión que tiene, ya que de la misma, no especifica medidas y colindancias, siendo a todos luces una pretendida venta de bienes en la que no ha sido oído y vencido en juicio; y agrega que no ha sido citada para alguna indemnización. En este caso, se estima actualizada dicha causa de improcedencia, toda vez que a la parte aquí quejosa no le corresponde el carácter de tercera extraña al procedimiento de expropiación; ello, en virtud de que el mismo resulta causahabiente de persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Tamux, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Mario Romel Arizpe Martínez, quien hasta el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ostentaba los derechos respecto del predio rustico identificado como lote sesenta y nueve, denominado Mogote Palomas, compuesto de una superficie de 4004.00 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 142.00 metros con lote 86. Al sur: 144.00 metros con lote 70. Al este: 28.00 metros con Golfo de México. Al oeste; 28.00 metros con marismas camino de por medio. Esto es así, pues la parte quejosa allegó a su escrito de demanda: Contrato de cesión de derechos celebrada, por la persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Tamux, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Mario Romel Arizpe Martínez, (cedente) y el señor Fernando Arizpe Pedraza, (cesionario), de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en relación a un predio rustico identificado como lote sesenta y nueve, denominado Mogote Palomas, compuesto de una superficie de 4004.00 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. Ratificación de la cesión de derechos llevados a cabo el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por el licenciado Ulysses Flores Rodríguez, Notario Público, número Doscientos Veintiséis, en ejercicio en el Primer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Luego, se reitera, que en la especie al hoy quejoso no le recae el carácter de tercero extraño a un procedimiento de expropiación que inicio en un momento en que no tenía derecho de cesionario. En efecto, el procedimiento de expropiación se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, y la convocatoria número 002, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, número 15, de tres de febrero de dos mil veintidós Ahora, el propio quejoso refirió y acreditó que desde veinticuatro de febrero de dos mil veintidós celebró contrato privado de cesión, respecto del inmueble de referencia. En ese orden de ideas, si el procedimiento de expropiación al cual refiere no se le llamó fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, así como la convocatoria 002 que reclama se publicó el quince de febrero de dos mil veintidós y el quejoso adquirió los derechos respecto del inmueble el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, resulta inconcuso que el ahora impetrante de garantías no tiene el carácter de tercero extraño a dicha controversia, por ser causahabiente de la persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Tamux, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Mario Romel Arizpe Martínez, pues se insiste, el procedimiento de expropiación inició con antelación a la fecha en que el impetrante del amparo adquirió los derechos respecto del inmueble afecto a esa controversia. Luego, el hoy quejoso no puede equipararse como tercero extraño, en virtud de que en su caso pudo haber sido oído a través de su causante, pues al darse solamente una sustitución procesal con relación al derecho que defiende, su situación en esta instancia constitucional es idéntica a la adquisición del referido derecho respecto del bien afecto al procedimiento de origen. En ese tenor, se tiene que en la especie se actualiza la figura de la causahabiencia a favor de la parte impetrante de garantías, respecto de los derechos del bien inmueble y por tanto carece del carácter de tercero extraño al procedimiento de origen. Bajo ese orden de ideas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la legislación en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo. Es ilustrativa, la tesis emitida en la Novena Época por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1639, que establece: "CUASAHABIENCIA. SI CON MOTIVO DE ELLA SE DESVIRTÚA EL CARÁCTER DEL QUEJOSO DE PERSONA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO, RESULTA PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. En la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.", publicada con el número 2a./J. 34/2003 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 189, se concluyó que si se acreditaba la causahabiencia, los efectos que por sí misma produjera no eran motivo para sobreseer en el juicio de amparo, bajo el argumento de que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por carecer el causahabiente de interés jurídico. De ahí que si en el juicio de garantías se determina sobreseer, porque quien compareció a juicio lo hace bajo la calidad de tercero extraño al procedimiento, y en autos queda desvirtuado ese carácter por ser causahabiente de quien sí compareció al juicio natural, dicho criterio no se contrapone con el sustentado en la jurisprudencia de mérito, porque el sobreseimiento no se determina con motivo de la causahabiencia en sí misma considerada, sino en atención a que el quejoso no puede equipararse como tercero extraño en un juicio en el que ya fue oído a través de su causante, pues al darse solamente una sustitución procesal con relación al derecho que defiende, su situación en la instancia constitucional es idéntica a la parte que sí compareció al juicio, hizo valer sus derechos y resultó vencida. Lo cual quiere decir que si el causante no puede comparecer ante el Juez de Distrito equiparándose como una persona extraña a juicio, bajo el argumento de que no fue oída ni vencida, la misma suerte debe soportar el causahabiente." De igual forma resulta aplicable el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXII, página 1404, de rubro y texto siguientes: "CAUSAHABIENTES. Jurídicamente, no puede considerárseles como terceros extraños al contrato celebrado por su causante, y sus derechos no pueden ser mayores que los que al mismo causante correspondieran, al efectuarse el contrato por el cual le sucedieron en sus derechos." En idénticas condiciones, cobra aplicación el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen LVIII, Cuarta Parte, página 71 "CAUSAHABIENTES, NO SON TERCEROS EXTRAÑOS. Los causahabientes no pueden estimarse como terceros ajenos a las consecuencias del juicio seguido por sus causantes y les afecta y beneficia lo resuelto y hecho en el juicio en que intervino su causante." Además, respalda lo antes expuesto en la parte conducente, la tesis emitida en la Octava Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, noviembre de 1994, página 448, que en su rubro y texto dispone lo siguiente: "EXTRAÑO A JUICIO, FALTA DE ACREDITACIÓN DE TAL CARÁCTER. SOBRESEIMIENTO. Si el quejoso recurrente no acreditó ser tercero extraño a juicio con prueba alguna y, por lo contrario, de autos se advierte que la parte quejosa es la misma persona moral que contestó la demanda laboral y promovió el juicio de garantías, si se reclama la ejecución del laudo, este acto deriva de otro consentido y debe sobreseerse en el juicio de garantías." Debe decirse que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia emitida en la Décima Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 4, marzo de 2014, página 325, que señala: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Se tienen como sus autorizados a los licenciados José Rubén Tovar Lumbreras y Felipe Nehri Medrano Hernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo en virtud de tener registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito". Asimismo, toda vez que el quejoso solicita el acceso al expediente electrónico y proporciona el nombre de usuario "abotovar1"; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso al autorizado del quejoso, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso, notificaciones en forma electrónica; lo anterior, también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario que proporciona, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y, atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo, así como en el incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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