Fernando Aramburu Pandal
Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Fernando Aramburu Pandal
- FERNANDO ARAMBURU PANDAL y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informa que en los autos del impedimento 8/2022, quedó firme el auto por el que se desechó de plano el mismo; asimismo, remite un legajo de copias certificadas. Se acusa recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, se ordena la destrucción de las constancias que acompañaron al oficio de cuenta al ser innecesaria su retención. En otro orden de ideas, vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se les remitieron copias certificadas del juicio de amparo 910/2022-II, promovido por *********, por medio del cual la parte quejosa interpuso impedimento y formuló agravios e informa que se desechó de plano dicho impedimento, registrándolo con el número 8/2022. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, solicita la vinculación del presente juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos que precisa. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice los movimientos correspondientes en el citado sistema a efecto de permitir la vinculación solicitada. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Se ADMITE la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos del (Licenciada María Milagros Pérez Ruiz) Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Cuatro de la Ciudad de México y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 910/2022-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa combate los actos consistentes en: 1. De la (Licenciada María Milagros Pérez Ruiz) Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Cuatro de la Ciudad de México. a) El acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, emitido en los autos de la carpeta judicial ***************, en el que fijó las diez horas del cuatro de los corrientes, para la continuación de la audiencia intermedia. 2. Del Juez Trigésimo Octavo de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Cuatro de la Ciudad de México. b) La ejecución del acto a), que se traduce en la celebración de la aludida audiencia. 3. Del Director de la Unidad de Gestión Judicial Número Cuatro del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad De México. c) El auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, con en el que llevó a cabo los trámites administrativos a efecto de celebrar la citada audiencia. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, se advierte que en la demanda de derechos fundamentales se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso b) y V, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De lo transcrito se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Al efecto, debe partirse de que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primer exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Ahora bien, como se advierte, los actos reclamados a) y b), consisten en el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, emitido en los autos de la carpeta judicial ***************, en el que fijó las diez horas del cuatro de los corrientes, para la continuación de la audiencia intermedia, así como su ejecución, que se traduce en la celebración de ésta, dado lo cual se considera que no provocan una afectación directa a los derechos sustantivos, lo cual sería indispensable para la procedencia del juicio de amparo, si no que únicamente afecta derechos adjetivos (procesales), los cuales son susceptibles de anularse o contrarrestarse, ya que no impide en forma actual el ejercicio de un derecho, y únicamente puede producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Máxime que, como se advierte de la lectura del acto reclamado, inclusive la fecha para la celebración de la audiencia en comento, ya tuvo verificativo con antelación al día de hoy, ello en razón de que estaba señalada el cuatro de los actuales. De ahí que se estima que se actualiza la causal de improcedencia respecto de los actos reclamados precisados como a) y b). Similar situación acontece con relación al acto c), pues se considera que se trata de un acto intermedial emitido por un auxiliar administrativo de la justicia que no constituye uno de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; al no ser definitivo y estar supeditado a la potestad jurisdiccional; como se constata a continuación. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Así, el procedimiento se compone de tres etapas y la primera de ellas tiene, a su vez, dos fases; esas etapas y fases están encadenadas de manera sucesiva, lo que significa que el procedimiento terminará si en alguna de sus fases o etapas ocurre una circunstancia que impide continuarlo. En ese orden de ideas, el ejercicio de la acción ocurre cuando se conduce al imputado ante la autoridad judicial; y, por último, que el procedimiento adquiere la calidad de proceso con la audiencia inicial (ubicada hacia el final de la fase de investigación inicial pero condicionada a que antes se ejerza dicha acción penal). Luego de esta, se da paso a la etapa intermedia, que comprende desde que finaliza la etapa inicial, con la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. En esa tesitura, el punto central para determinar si el acto reclamado c) encuadra en la hipótesis de procedencia deriva de las consecuencias que pudiera generar, para establecer si se produce afectación material a los derechos sustantivos del quejoso. Pues bien, el acto reclamado en trato fue emitido por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Número Cuatro del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad De México, que únicamente una de sus funciones es apoyar administrativamente y auxiliar a los órganos jurisdiccionales, para que estos desempeñen su función libremente de cualquier trámite administrativo y así dar una mayor atención a la función jurisdiccional. Conforme a ello, puede válidamente sostenerse que la Directora, tiene como objetivo administrar la gestión de procesos relativos al despacho judicial, logística y apoyo administrativo, para el seguimiento de los asuntos que se llevan en los órgano jurisdiccional, además, de supervisar el apoyo a la función jurisdiccional relativo a la emisión de las resoluciones que deben constar por escrito, por lo que tiene a cargo la coordinación, supervisión e integración de todas las resoluciones que emiten los jueces de control; esto es, en suma, se trata de un auxiliar administrativo de la justicia que adolece de facultad decisoria en temas jurisdiccionales. En ese sentido, al ser auxiliar administrativo, sus actos no tienen consecuencias vinculantes en relación con temas jurisdiccionales por sobre la potestad del juzgador; por lo que sus efectos no son definitivos o de imposible reparación, al encontrarse sujetos a lo que en su oportunidad se haga valer y determine un juez de control, lo cual, en la especie, como se apuntó con antelación tampoco genera una afectación a sus derechos sustantivos. Así, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que el acto reclamado no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues aluden a cuestiones meramente procesales no definitorias, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, y que no afectan de manera actual y directa derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución General de la República. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso resulta improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico También se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Manifestaciones del quejoso No pasan inadvertidas las manifestaciones del justiciable a través de las cuales solicita que el suscrito se excuse de seguir conociendo del presente juicio de amparo, porque a su modo de ver me encuentro dentro de la causa de impedimento prevista en la fracciones VI y VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.". Con fundamento en los artículos 54, fracción III, inciso c, y 60 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el impedimento de que se trata. En consecuencia, previa copia certificada que se agregue en autos, se ordena la remisión del original del escrito de cuenta y copia certificada del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, en turno, para su trámite respectivo. Una vez que sea solicitado, ríndase el informe correspondiente. Pruebas No se soslaya que el justiciable refiera ofrecer como medio probatorio un anexo que acompaña al escrito que se atiende; sin embargo, el mismo no viene integrado como se precisó, por lo que no resulta dable emitir mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y personalmente.
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