Fernando Aragón Santos

Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
270/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Fernando Aragón Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo ********************. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto que en sentencia se sobreseyó en el juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I del numeral 20 del referido Acuerdo General, por tanto, es destruible. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTINO Se comunica a las partes que, por haberse negado la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, el cuaderno formado para la tramitación de la presente incidencia, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del duplicado del presente incidente, toda vez que de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en relación con los diversos artículos 128 y 3, ambos de la Ley de Amparo, únicamente se formó un cuadernillo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Fernando Aragón Santos, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado suscrito por el 1. Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; y con su contenido dese vista a las partes. DOMICILIO Se tiene a la responsable aludida señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Por otra parte, tal y como lo solicita la autoridad responsable, remítase vía postal el acuse de recibo del oficio de cuenta. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveídos de diecisiete y veintitrés de mayo del año en curso, respectivamente, se reservó acordar lo relativo a las pruebas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto quedará integrada la Litis y como en autos ya existe constancia de notificación de la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, se procede a proveer en los siguientes términos: Respecto de la prueba de inspección ocular, por falta de idoneidad para el objeto que se propuso, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. En efecto, el artículo 161 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales." De la anterior transcripción, se advierte con claridad, que la prueba de inspección judicial, tiene lugar únicamente cuando se trate de aclarar o fijar hechos relativos que no requieran conocimientos técnicos especiales, esto es, hechos que la autoridad judicial pueda constar a través de sus sentidos. Así las cosas, del examen de los puntos a inspeccionar contenidos en el cuestionario respectivo, se advierte que la quejosa pretende demostrar, por una parte, las ubicaciones de ciertos domicilios, y por otra pretende demostrar que vive y habita en determinado lugar de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca; sin embargo, la inspección ocular no es la idónea para acreditar los hechos pretendidos, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen pero que no requieran conocimientos técnicos, como lo es fijar la identidad de un inmueble o lugar en donde se dice ocurren hechos, así como acreditar que la quejosa vive en determinado domicilio, dado que habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo. Por tanto, es incuestionable que ello no se puede demostrar, a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial ni fijar como lo pretende la quejosa que determinados hechos o acontecimientos sucedieron en tales lugares, pues se insiste, a través de la inspección judicial únicamente se verifica lo que se puede apreciar a través de los sentidos en el mismo momento en que se practica. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (Abril de 2001), Página 157, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 13/2000. entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, intitulada: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada número IV.3º. 140 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV (Diciembre de 1994), Página 391, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dice: "INSPECCIÓN JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACIÓN DE UN DOMICILIO. Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial." En otro aspecto, por cuanto hace a la prueba testimonial, con fundamento en el artículo 119, párrafos tercero, quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se admite dicha probanza la que estará a cargo de Ana María Nicolás Mendoza y Erica Hidalgo Moreno, por lo que, con una copia simple del interrogatorio correspondiente, córrase traslado a las demás partes, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, si a sus intereses conviene, amplíen el interrogatorio respectivo, además, para que puedan formular repreguntas a los testigos al verificarse la audiencia. Se requiere a la quejosa para que en la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, presente a sus testigos debidamente identificados con documento oficial con fotografía y vigente; apercibiéndola que de no hacerlo se tendrá por desierta en su perjuicio dicha probanza. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 591, Novena Época, con registro digital 164953, cuyo tenor literal es: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESERCIÓN, POR INASISTENCIA DE LOS TESTIGOS, ÚNICAMENTE DEBE DECLARARSE DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBAS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, así como del numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se advierte que la prueba testimonial se anunciará cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, siendo obligación del oferente, de no manifestar imposibilidad alguna, presentar a los testigos en el día y hora fijados para su celebración, so pena de que se declare desierta. En ese sentido, se concluye que la deserción de la prueba testimonial en el juicio de amparo, por inasistencia de los testigos, únicamente debe declararse dentro de la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, en tanto que dicha declaratoria requiere, en primer término, que aquélla se lleve a cabo y, en segundo, que no se presenten los testigos anunciados; de ahí que si no se celebra el día y hora señalados para ello, el órgano de amparo no debe declarar desierta la prueba por inasistencia de los testigos, ya que el momento procesal oportuno para su desahogo es la etapa de pruebas, la cual se desarrolla precisamente en la audiencia de garantías; de manera que si ésta no se celebra, carece de sentido exigir la presencia de los testigos." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo anterior, en lo que no se oponga a la misma. Notifíquese personalmente a las partes.

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