Fernando Antonio Muñoz

Expediente 318/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
318/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Fernando Antonio Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Por lo anterior, devuélvanse las documentales que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado. Finalmente, se hace constar que en el presente juicio no existe incidente de suspensión, no existen documentos originales, ni documentos valiosos a devolver. Notifíquese.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve: "Cuernavaca, Morelos, a catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, (foja 107), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Juana Sánchez Fajardo, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Notifique a los testigos Joaquín Ponce Wettstein y Francisco Javier Serrano Morales, para que pueda desahogarse la diligencia testimonial ordenada en autos del juicio laboral o manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Desahogue la prueba la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por las partes. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a los puntos antes precisados, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. ." De la anterior transcripción se desprende que los efectos del amparo otorgado a la quejosa fueron para que la autoridad responsable, notificara a los testigos Joaquín Ponce Wettstein y Francisco Javier Serrano Morales, para efecto de desahogar la diligencia testimonial ordenada en el juicio laboral o manifiestara la imposibilidad que tuviera para hacerlo, así como para que desahogara la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por la demandada. Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, respecto a la prueba testimonial, por oficio 621/2019-JE4 (foja 102), la autoridad responsable remitió copia certificada del acta de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 104 y 105), en la cual asentó la incomparecencia de Joaquín Ponce Wettstein y Francisco Javier Serrano Morales, y en consecuencia declaró la deserción de dicha probanza. En cuanto a la pericial ofrecida por la parte demandada en el juicio natural, a través de oficio 566/2019-JE4 (foja 94), la autoridad responsable remitió copia certificada del acta de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 96 y 97), en la cual declaró la deserción de la referida prueba, toda vez que el experto de la demandada no exhibió dictamen alguno. Con base en lo anterior, este juzgador considera que debe tenerse por cumplida la ejecutoria dictada en el presente expediente, toda vez que la autoridad responsable realizó todas las gestiones necesarias para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la demandada en el sumario laboral, sin que al efecto se hubiese llevado a cabo su desahogo debido a cuestiones atribuibles a los testigos y al perito, respectivamente. Con lo cual, independientemente de que el no se logró el desahogo de las probanzas ofrecidas, la autoridad responsable demostró haber realizado las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, pues notificó a las partes intervinientes las fechas señaladas para la realización de las respectivas diligencias, subsanado así el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio, sin que las mismas pudieran desahogarse debido a factores externos, imprevisibles y ajenos al control de la autoridad responsable, y no a omisiones culposas o dolosas. Por lo cual, este juzgado considera que la responsable dio cumplimiento al núcleo esencial de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado que la autoridad demandada dio cumplimiento al núcleo esencial de la sentencia de amparo, se procede a determinar si existe exceso o defecto en su cumplimiento, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el efecto del amparo concedido a la ahora quejosa fue para efecto de que la autoridad responsable notificara a los testigos Joaquín Ponce Wettstein y Francisco Javier Serrano Morales, para efecto de desahogar la diligencia testimonial ordenada en autos del juicio laboral o, en su defecto, manifestara la imposibilidad que tuviera para hacerlo, así como para que desahogara la prueba la pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia, ofrecida por la demandada. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues aún y cuando no se desahogaron las probanzas aludidas, lo cierto es que la autoridad responsable llevó a cabo todas las acciones para efectuar esas diligencias, con lo cual puede concluirse que la autoridad laboral cumplió con el núcleo esencial de la resolución emitida en autos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio (recibido vía electrónica) signado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual, remite copia del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos de la causa penal 10/2010 de su índice administrativo; circunstancia de la que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención a su contenido con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, mediante oficio vía telegráfica que para tal efecto derive del presente auto, requiérase a Francisco Garduño Yañez, en su carácter de Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el término de tres días contado a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente acuerdo, remita copia debidamente certificada, integra y legible del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/20722/2018. Lo anterior se determina así, dados los argumentos que manifestó el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en su acuerdo de veintiséis de septiembre del año próximo pasado, con motivo del oficio que se requiere, por lo tanto, para estar en aptitud de acordar lo conducente en el presente asunto, se deberá valorar el contenido íntegro del multicitado oficio. Pues no pasa inadvertido para el suscrito que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, no ha dado cumplimiento total a la ejecutoria que nos ocupa, argumentado que fue el Juez del proceso, quien determinó que la sentenciada debería continuar interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Río, Morelos. Se apercibe a Francisco Garduño Yañez, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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