Fernando Antonio Barragan Diego
Expediente 838/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Antonio Barragan Diego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes , archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, en el que: Vista la certificación de cuenta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes , archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, treinta de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Antonio Barragán Diego, contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 838/2017. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto Fernando Antonio Barragán Diego reclama los actos siguientes: El Aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte colectivo de pasajeros del corredor concesionado "Toreo-Revolución Alameda", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de septiembre de dos mil dieciséis. El Aviso por el que se da a conocer el estudio del balance entre la oferta y la demanda de transporte público colectivo de pasajeros del corredor concesionado "Toreo-Revolución Alameda", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. La declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros del corredor concesionado "Toreo-Revolución Alameda", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de febrero de dos mil diecisiete. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano la demanda, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que los avisos y la declaratoria reclamados son acto consentidos tácitamente, es decir, su impugnación resulta extemporánea. En ese artículo se establece lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De esa norma, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera de los plazos previstos, en este caso, en el artículo 17 de la propia ley, se establece que por regla general es de quince días, salvo cuando se impugnen normas generales autoaplicativas, en cuyo caso será de treinta días. En el caso, el quejoso pretende impugnar los avisos y la declaratoria se reclaman a partir de actos inminentes y no de actos concretos, pues precisamente señala como actos de aplicación "todos los actos y procedimientos que se inicien en mi contra", esto es alude a actos que aún no se gestan y que sólo especula que se habrán de emitir. Incluso, debe destacarse que el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento de esos actos reclamados cuando el presidente de la ruta 99 le informó que las unidades que se encontraban circulando -entre las que encuentra la suya- dejarían de dar el servicio porque la empresa COTANSAPI sería la encargada e prestarlo. Como se ve, el quejoso no manifiesta bajo protesta de decir verdad, antecedente alguno relacionado con todos los actos y procedimientos que se inicien en su contra e, incluso, señala que las normas las impugna con motivo del acto de aplicación consistente en que el presidente de la ruta 99 le informó que las unidades que se encontraban circulando ya no prestarían servicio. Lo reseñado demuestra de manera fehaciente dos cosas. La primera que el hecho de que alguien le informara al quejoso que las unidades que se encontraban circulando ya no prestarían servicio porque lo haría otra empresa no es un acto de aplicación de las normas generales reclamadas, pues esa información no materializa los supuestos hipotéticos previstos normativamente. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el primer acto de aplicación de una norma general que permite a un particular controvertirla a través del juicio de amparo, es aquel en el que se actualiza en su perjuicio, por primera vez, el contenido de la norma. La segunda, radica en que el quejoso hace depender la aplicación de las normas generales que reclama a partir de actos futuros que no se han materializado, sino que únicamente supone que se harán, pues a la fecha de presentación de su demanda, no se ha emitido acto o iniciado procedimiento alguno en su contra, tan es así que por esa razón no manifiesta ningún antecedentes al respecto. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". De igual manera resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 77/97, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO". De igual manera, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha establecido que si bien, las leyes se hicieron para ser obedecidas, su sola expedición y promulgación no implica forzosamente su aplicación, por ser un acto jurídico distinto; razón por la cual, mientras no se aplique a un caso concreto no puede afectar a alguien, salvo por su propio contenido. Lo anterior se desprende de la tesis sin número de rubro: "AMPARO CONTRA UNA LEY. ACTO FUTUROS E INCIERTOS". En mérito de lo hasta aquí expuesto, la procedencia del juicio de amparo en este caso se analizará a partir de la impugnación de los avisos y la declaratoria que se reclaman sin que exista un acto de aplicación, esto es, se analizarán como autoaplicativas, pues lo cierto es que la naturaleza de esas normas generales no depende de cómo las califique el quejoso, sino de la apreciación que haga el Juzgador, la que desde un punto de vista objetivo, permite concluir que por ahora, no existe un acto de aplicación, pues de la demanda de amparo no se advierte ninguna acto de aplicación, sobre todo si el quejoso señala como tal uno que no lo es al partir de una premisa errónea. En ese sentido, si no existe un acto de aplicación concreto, debe estimarse que las normas aún no materializan sus hipótesis normativas por conducto de un acto especifico; sin embargo, el hecho de que ese acto no sea concreto lleva a este Juzgador a estimar que la procedencia del juicio de amparo debe analizarse como si se impugnaran normas autoaplicativas, precisamente porque no existe un acto concreto de aplicación. Ahora bien, el Aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte colectivo de pasajeros del corredor concesionado "Toreo-Revolución Alameda", fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, de conformidad con su primer artículo transitorio entró en vigor el día siguiente. Por su parte, el Aviso por el que se da a conocer el estudio del balance entre la oferta y la demanda de transporte público colectivo de pasajeros del corredor concesionado "Toreo-Revolución Alameda", se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, entrando en vigor el día siguiente, en términos de su artículo primero transitorio, Finalmente, la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros del corredor concesionado "Toreo-Revolución Alameda", fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dos de febrero de dos mil diecisiete y entró en vigor ese mismo día, según su artículo segundo transitorio. Por tanto el plazo de treinta días que establece el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo y con los que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo transcurrieron en exceso, por lo que para la fecha de presentación de la demanda de amparo [veintinueve de junio de dos mil diecisiete], es por demás evidente que el juicio de amparo se promovió fuera del plazo legal, lo que demuestra su extemporaneidad y, como consecuencia, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sólo a mayor abundamiento, es preciso destacar que de la demanda de amparo no se advierte acto de aplicación alguno, a partir del cual pudiera impugnarse dicha norma como heteroaplicativa, lo cual revela de manera manifiesta e indudable la extemporaneidad de la promoción del juicio de amparo. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Fernando Antonio Barragán Diego. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda de amparo y de sus anexos, pues existe claridad en los antecedentes del acto reclamado y esa circunstancia, permite advertir con certeza la conclusión a la que se ha llegado, es decir, a partir de esos elementos. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de una cuestión de derecho no desvirtuable, la cual no podría variar a pesar de tramitarse el juicio. Lo anterior se justifica en la medida en que sin importar las pruebas que se ofrezcan o lo que se argumente con posterioridad, la circunstancia de que el quejoso pretende controvertir normas con motivo de actos inminentes y no concretos, y que su impugnación como autoaplicativas es extemporánea no variará, razón por la cual, la convicción a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará, pues se insiste, se trata de una cuestión de derecho no superable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con base en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Por autorizado, en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Rodrigo Antonio Martínez Reyes, y para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento del quejoso, que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa. Notifíquese; personalmente en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Luis Hernandez Plata, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. LHP/aaam.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida... fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 838/2017.... se desecha de plano la demanda de amparo... Notifíquese; personalmente en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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