Fernando Ángel González
Expediente 782/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fernando Ángel González
Actuaciones
- Principal
El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos, trascurrió del dieciséis al veintidós de octubre del año en curso, con exclusión de los días diecinueve y veinte del presente mes y año por corresponder a sábado y domingo. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitidas en apoyo a su informe justificado.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo al informe justificado, consistentes en el toca de apelación civil 373/2018. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 14442, por el que remite el juicio de amparo directo civil 761/2018, promovido por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como el toca de apelación civil 373/2018. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo civil 761/2018, promovido por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como el toca de apelación civil 373/2018. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintiséis de septiembre del presente año, dictada en el juicio de amparo directo civil 761/2018, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, guárdese por separado el toca civil 373/2018, debidamente identificado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 782/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: El auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del toca civil de apelación 373/2018, a través del cual la Sala responsable declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Gloria Rosales Lozano, en contra de la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, se advierte que con relación al acto concreto de aplicación del normativo impugnado, que consiste en el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del toca civil de apelación 373/2018, a través del cual la Sala responsable declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Gloria Rosales Lozano, en contra de la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener la quejosa el carácter de parte demandada dentro del citado expediente de origen del que emana el acto que aquí reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en razón de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que el proveído de diecinueve de dos mil dieciocho, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Capital; el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece el recurso de reposición en contra del auto que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado (Toca de Apelación Civil 373/2018), sí permite que el recurso de reposición pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del mencionado auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: Los quejosos, al ser parte del juicio natural, no son terceros extraños a éste (demandados). La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 986, visible en la página 678, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, instancia correspondiente a los Tribunales de Circuito; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sustenta la presente resolución, por identidad de circunstancias, lo preceptuado por la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de ésta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe precisar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro de juicio con ejecución de imposible reparación para los efectos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como se advierte de la jurisprudencia que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Del contenido de la jurisprudencia anterior se advierte que el máximo tribunal ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio (o incidente), por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Del mismo modo el citado tribunal en Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se derivan del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo. Esto es, si el acto intraprocesal provoca una ejecución de imposible reparación en la persona, o en sus cosas, el amparo ante Juez de Distrito debe proceder de inmediato y no es necesario esperar a reclamar dicho acto como una violación procesal hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo o la resolución que concluya dicha incidencia en amparo indirecto. Para ilustrar lo anterior, basta citar la tesis jurisprudencial que a la letra dice: "ACTOS, EN EL JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACION. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Por actos, en el juicio, de imposible reparación, no puede entenderse aquellos cuyo contenido y efectos no sea factible examinar, con vista a su probable modificación o revocación, al emitirse la sentencia definitiva; de admitirse tal connotación, se aceptaría que todos los actos procesales del juicio son susceptibles de combatirse en el juicio de amparo indirecto, puesto que las leyes adjetivas se rigen por los principios de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, conforme a los cuales, una vez que éstas causan estado, quedan firmes y las autoridades de primera o segunda instancia no pueden volver a analizarlas, desconocer sus consecuencias en el proceso o modificarlas y, en esa virtud, quedarían abarcados, inclusive, los actos procedimentales respecto de los que no se ha suscitado discusión alguna de que sólo son reclamables en el amparo directo. Entonces, la irreparabilidad a que aluden los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, no se refieren a una mera posibilidad de revocación, ni aun de restitución, sino de una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final. Mientras no se actualice la afectación a los derechos fundamentales, se podrá considerar que se infringe la ley, pero no las garantías individuales y, en tanto con los actos procesales no se afecten los derechos fundamentales del hombre, no son reclamables en el amparo, hasta que se produzca esa afectación. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado". Por lo que, debe concluirse que la determinación que se reclama deriva del auto que admitió a trámite el incidente de liquidación de intereses, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos; se está ante la presencia de un auto dictado dentro del incidente de liquidación, por lo que al ser un acto intraprocesal no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues el efecto inmediato del proveído reclamado es que la incidencia de trato se desarrolle en todas sus etapas, en el que, de emitirse resolución interlocutoria favorable a la parte quejosa, se considerarían reparadas todas las violaciones procesales que en la substanciación del incidente se hubieran realizado, y de resultar adverso, puede intentar la acción de amparo en la vía que corresponda. Tiene aplicación al caso, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." Asimismo, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE INTERPUESTO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. DEBEN RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE PONGA FIN A DICHO PROCEDIMIENTO. La supuesta indebida citación a una de las partes para acudir a un procedimiento incidental, después de concluido el juicio, es susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto, pero sólo hasta que se resuelva en definitiva la cuestión incidental planteada, como lo exige el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues atento la identidad jurídica sustancial con los actos contemplados en dicho precepto legal, así como con los regulados por el diverso 161, párrafo primero, del citado ordenamiento, respecto del juicio de amparo directo, lo que se pretende es la continuación del procedimiento incidental sin mayores obstáculos y evitar la reiterada promoción de juicios de amparo, cuantas violaciones de ese carácter se estimaran cometidas, aunque con la posibilidad de reclamar todas las posibles violaciones, a través de un solo juicio que se tramite en la vía biinstancial, en contra de la interlocutoria que ponga fin a la incidencia". De igual manera la tesis que dice: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado José Erubey González López, toda vez que cuentan con cédula profesional número (3801083), registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Leobardo C. Ruiz número ciento doce (112), colonia Pánfilo Natera de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con el toca de apelación civil 466/2017, fórmense cuaderno de prueba por separado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE OCTUBREDE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo civil 761/2018, promovido por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, así como el toca de apelación civil 373/2018. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintiséis de septiembre del presente año, dictada en el juicio de amparo directo civil 761/2018, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, guárdese por separado el toca civil 373/2018, debidamente identificado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 782/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: El auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del toca civil de apelación 373/2018, a través del cual la Sala responsable declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Gloria Rosales Lozano, en contra de la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, se advierte que con relación al acto concreto de aplicación del normativo impugnado, que consiste en el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del toca civil de apelación 373/2018, a través del cual la Sala responsable declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Gloria Rosales Lozano, en contra de la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener la quejosa el carácter de parte demandada dentro del citado expediente de origen del que emana el acto que aquí reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en razón de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que el proveído de diecinueve de dos mil dieciocho, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Capital; el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece el recurso de reposición en contra del auto que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veinticinco de abril del citado año, emitida por el juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado (Toca de Apelación Civil 373/2018), sí permite que el recurso de reposición pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del mencionado auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: Los quejosos, al ser parte del juicio natural, no son terceros extraños a éste (demandados). La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 986, visible en la página 678, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, instancia correspondiente a los Tribunales de Circuito; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sustenta la presente resolución, por identidad de circunstancias, lo preceptuado por la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de ésta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe precisar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro de juicio con ejecución de imposible reparación para los efectos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como se advierte de la jurisprudencia que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Del contenido de la jurisprudencia anterior se advierte que el máximo tribunal ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio (o incidente), por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Del mismo modo el citado tribunal en Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se derivan del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo. Esto es, si el acto intraprocesal provoca una ejecución de imposible reparación en la persona, o en sus cosas, el amparo ante Juez de Distrito debe proceder de inmediato y no es necesario esperar a reclamar dicho acto como una violación procesal hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo o la resolución que concluya dicha incidencia en amparo indirecto. Para ilustrar lo anterior, basta citar la tesis jurisprudencial que a la letra dice: "ACTOS, EN EL JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACION. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Por actos, en el juicio, de imposible reparación, no puede entenderse aquellos cuyo contenido y efectos no sea factible examinar, con vista a su probable modificación o revocación, al emitirse la sentencia definitiva; de admitirse tal connotación, se aceptaría que todos los actos procesales del juicio son susceptibles de combatirse en el juicio de amparo indirecto, puesto que las leyes adjetivas se rigen por los principios de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, conforme a los cuales, una vez que éstas causan estado, quedan firmes y las autoridades de primera o segunda instancia no pueden volver a analizarlas, desconocer sus consecuencias en el proceso o modificarlas y, en esa virtud, quedarían abarcados, inclusive, los actos procedimentales respecto de los que no se ha suscitado discusión alguna de que sólo son reclamables en el amparo directo. Entonces, la irreparabilidad a que aluden los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, no se refieren a una mera posibilidad de revocación, ni aun de restitución, sino de una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final. Mientras no se actualice la afectación a los derechos fundamentales, se podrá considerar que se infringe la ley, pero no las garantías individuales y, en tanto con los actos procesales no se afecten los derechos fundamentales del hombre, no son reclamables en el amparo, hasta que se produzca esa afectación. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado". Por lo que, debe concluirse que la determinación que se reclama deriva del auto que admitió a trámite el incidente de liquidación de intereses, dentro del expediente 208/2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra de los ahora quejosos; se está ante la presencia de un auto dictado dentro del incidente de liquidación, por lo que al ser un acto intraprocesal no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues el efecto inmediato del proveído reclamado es que la incidencia de trato se desarrolle en todas sus etapas, en el que, de emitirse resolución interlocutoria favorable a la parte quejosa, se considerarían reparadas todas las violaciones procesales que en la substanciación del incidente se hubieran realizado, y de resultar adverso, puede intentar la acción de amparo en la vía que corresponda. Tiene aplicación al caso, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." Asimismo, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE INTERPUESTO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. DEBEN RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE PONGA FIN A DICHO PROCEDIMIENTO. La supuesta indebida citación a una de las partes para acudir a un procedimiento incidental, después de concluido el juicio, es susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto, pero sólo hasta que se resuelva en definitiva la cuestión incidental planteada, como lo exige el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues atento la identidad jurídica sustancial con los actos contemplados en dicho precepto legal, así como con los regulados por el diverso 161, párrafo primero, del citado ordenamiento, respecto del juicio de amparo directo, lo que se pretende es la continuación del procedimiento incidental sin mayores obstáculos y evitar la reiterada promoción de juicios de amparo, cuantas violaciones de ese carácter se estimaran cometidas, aunque con la posibilidad de reclamar todas las posibles violaciones, a través de un solo juicio que se tramite en la vía biinstancial, en contra de la interlocutoria que ponga fin a la incidencia". De igual manera la tesis que dice: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Fernando Ángel González y Ma. Gloria Rosales Lozano, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado José Erubey González López, toda vez que cuentan con cédula profesional número (3801083), registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Leobardo C. Ruiz número ciento doce (112), colonia Pánfilo Natera de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con el toca de apelación civil 466/2017, fórmense cuaderno de prueba por separado. Notifíquese personalmente. ..."
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