Fernando Anastacio Arroyo Leeder
Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Fernando Anastacio Arroyo Leeder
Actuaciones
- Principal
III.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO... SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
- Principal
III.- Villahermosa, Tabasco, cuatro de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Fernando xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, presentada con cuatro copias y sin anexo; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 669/2022-III. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13o.A.J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1631 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, con número de registro 180663, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107 ambos de la legislación de la materia, interpretado en sentido contrario. En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen tales características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones quevan tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso a estudio, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ? La sentencia interlocutoria de cinco de abril de dos mil veintidós, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad y legitimación, en el expediente mercantil xxxxxxxxxxxxx, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. Así este juzgador considera que el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, dentro del expediente mercantil xxxxxxxxx, no constituye un acto de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, yaque no se traduce en una infracción de derechos sustantivos, sino en una violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales. Ello es así, porque el efecto de la resolución en donde se determinó improcedente la falta de personalidad y legitimación, es meramente formal y puede desaparecer si en la sentencia definitiva el quejoso obtiene sentencia favorable, o en caso que la sentencia fuera desfavorable al promovente, la violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo anterior es así, máxime que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previenen los artículos 170, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006589, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 39, que reza: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPAROINDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretado contrario sensu, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 del ordenamiento legal invocado, téngasele como autorizado en términos amplios a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema de Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgadosde Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho; y en términos restringidos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por no acreditar tal extremo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), y toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, las notificaciones, aún las de carácter personal, se ordenan realizar por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. CORREO ELECTRONICO Y NÚMERO Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia de contacto, para el caso de ser necesario, el correo electrónico y número telefónico que cita en su escrito de demanda. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: -Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de firma electrónica vigente (FIREL) y proporcione un correo electrónico únicamente como contacto de referencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden de ideas, conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta a la Actuaria Judicial adscrita para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Ahora, mientras las medidas de sana distancia y reducción de movilidad subsistan para enfrentar la contingencia, se privilegiará la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, por tanto, se autoriza a las partes para la consulta del presente expediente vía telefónica por videollamada con el secretario encargado de la mesa IIII, al número 7353785969, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley
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