Fernando Ambrocio Jimrénez
Expediente 718/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Ambrocio Jimrénez
Actuaciones
- Principal
... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de trece de julio de dos mil veintidós por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la secretaria de este juzgado federal, en la que aparece que el quejoso ***, no cumplió con el requerimiento que se le hizo en auto de dos de julio de dos mil veintidós, toda vez que pese a haber ratificado la demanda no precisó en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura a los que se alude en la demanda de amparo; ello pese a encontrarse debidamente notificado personalmente esa misma data. En tales condiciones, al no haber hecho manifestación alguna al respecto dentro del plazo que al efecto se le otorgó, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de dos de julio de dos mil veintidós y, se procede a acordar lo conducente a la demanda de amparo conforme a los datos contenidos en la misma y en la diligencia de notificación practicada el dos de julio de dos mil veintidós. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 1.- Improcedencia de la demanda respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso. Del análisis integral del demanda que dio origen al expediente en que se actúa, se advierte que Luis Enrique Márquez Rocha, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por comparecencia a favor de Fernando Ambrocio Jiménez, en razón de que éste último no podía promover por sí mismo, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, y otras autoridades, consistentes en la incomunicación y los posibles actos de tortura consistentes en la omisión de proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia de Puebla inferidos en su contra. En diligencia de dos de julio de dos mil veintidós, el quejoso ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, sin precisar en ese momento en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura inferidos en su contra. No obstante, mediante oficio registrado con el número de promoción 10885, la Jueza de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, rindió su informe de cumplimiento a la suspensión de plano concedida a favor del quejoso, en el que, entre otros aspectos, informó que giró oficio a la Directora de Medidas Cautelares y Policía Procesal Estatal, para que permitiera el acceso a sus instalaciones, a quienes acreditaran el carácter de defensor y familiares del quejoso Fernando Ambrocio Jiménez. Así mismo, anexó copia certificada de diversas actuaciones deducidas de la causa penal 2234/2022/PUEBLA, mismas a las que se les reconoce pleno valor probatorio en conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en efecto, a las veintidós horas con cuarenta y ocho minutos del dos de julio de dos mil veintidós, Luis Enrique Márquez Rocha, se constituyó en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Puebla, para entrevistarse con el quejoso Fernando Ambrocio Jiménez, de lo cual, ambos asentaron su nombre y firma en la constancia correspondiente. En tales condiciones, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso ***, con independencia de la certeza de tal acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, la autoridad responsable Jueza de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, informó que a las veintidós horas con cuarenta y ocho minutos del dos de julio de dos mil veintidós, ***, se constituyó en la sala ocho del Centro de Justicia Penal de Puebla, para entrevistarse con el quejoso ***, de lo cual, ambos asentaron su nombre y firma en la constancia correspondiente, por lo que es claro que el acto de incomunicación cesó en sus efectos, pues el hecho de que el quejoso haya sostenido comunicación con el promovente del amparo, hace palpable que los actos reclamados dejaron de existir. Por lo anterior, se hace patente que a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda de amparo y analizar la constitucionalidad de un acto que de facto dejó de existir, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, ante la cesación de tal acto, no deja ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es dable colegir que si bien a la hora y fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, a las catorce horas con cincuenta minutos del dos de julio de dos mil veintidós, el acto reclamado atribuido al Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en la incomunicación del quejoso ***, se encontraba vigente; también lo es que, el mismo dejó de estarlo, por lo expuesto con anterioridad. En esas condiciones, resulta incuestionable que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y, en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En consecuencia, al haber cesado el acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia previstas en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda que dio origen al expediente de amparo en que se actúa por tal acto. 2.- Improcedencia de la demanda respecto del acto reclamado consistente en los posibles actos de tortura consistentes en la omisión de proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia de Puebla. Por otra parte, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en los posibles actos de tortura consistentes en la omisión de proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia de Puebla, pese a haberse reclamado como posibles actos de tortura se advierte que en realidad se trata de cuestiones relativas al internamiento -aunado a que el quejoso omitió cumplir con la prevención formulada- por lo que se visualiza la actualización de diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Lo que torna notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, en conformidad con lo previsto en el artículo antes citado. En efecto, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de control constitucional. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. En el caso concreto, el acto reclamado por el quejoso lo constituyen la omisión de proporcionarle alimentos y agua, toda vez que se encontraba privado de su libertad en el interior de la Casa de Justicia del Estado de Puebla. Ahora bien, en el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el legislador previó las controversias ante el juez de ejecución y, en el diverso 117 del mismo cuerpo normativo, reguló lo relativo a las controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. En efecto, en la fracción I y IV del primero de los artículos invocados, se establece que los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I.--Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; y, IV.--La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos. Por su parte, en la fracción I del artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece que los sujetos legitimados por la Ley, entre estos, la persona privada de su libertad o sus familiares, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 108 del mismo cuerpo normativo, para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. En ese sentido, la circunstancia de que al quejoso no le fuera proporcionado comida y agua durante su estancia en las instalaciones de la Casa de Justicia de Puebla, guarda relación con las condiciones de internamiento de Fernando Ambrocio Jiménez, por lo que se encontraban legitimados para acudir ante el juez control o de ejecución, según corresponda, a instar los procedimientos que prevé la ley. De ahí que resulta indudable que en contra de la omisión de proporcionar al quejoso comida y agua durante su permanencia en las instalaciones de la Casa de Justicia de Puebla, PROCEDE EL MECANISMO DE CONTROL previsto en los artículos 116, fracciones I y IV y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que previo a acudir al juicio de amparo, el quejoso debe agotar dicho mecanismo de control para defender los derechos que le asisten, por lo que el quejoso no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las omisiones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie lo hace ver el promovente del amparo. Así lo concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, pues advirtió que del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Agregó que este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Así, si el interno o sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento incluyendo, actos de naturaleza omisiva inherentes a las condiciones de internamiento, como lo es, el lugar en que debe compurgar su pena, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En mérito de lo anterior, es incuestionable que el quejoso debió cumplir con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del MECANISMO DE CONTROL previsto en los artículos 116, fracciones I y IV y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la omisión proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia del Estado de Puebla, el cual está obligado a agotar por no tratarse dicha omisión de aquellos actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, ya que conforme a las constancias deducidas de la causa penal 2234/2022/PUEBLA de origen, mismas a las que se les reconoció valor probatorio en el apartado que antecede, el resguardo y permanencia del quejoso Fernando Ambrocio Jiménez en la Casa de Justicia de Puebla, se efectuó con motivo de su custodia provisional derivada de su puesta a disposición por parte de la agente del Ministerio Público para calificar la legalidad de su detención; por lo que no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Por tanto, la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede controvertir la omisión que se reclama a través del presente juicio de amparo, de ahí que es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la secretaria de este juzgado federal, en la que aparece que el quejoso ***, no cumplió con el requerimiento que se le hizo en auto de dos de julio de dos mil veintidós, toda vez que pese a haber ratificado la demanda no precisó en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura a los que se alude en la demanda de amparo; ello pese a encontrarse debidamente notificado personalmente esa misma data. En tales condiciones, al no haber hecho manifestación alguna al respecto dentro del plazo que al efecto se le otorgó, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de dos de julio de dos mil veintidós y, se procede a acordar lo conducente a la demanda de amparo conforme a los datos contenidos en la misma y en la diligencia de notificación practicada el dos de julio de dos mil veintidós. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 1.- Improcedencia de la demanda respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso. Del análisis integral del demanda que dio origen al expediente en que se actúa, se advierte que Luis Enrique Márquez Rocha, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por comparecencia a favor de Fernando Ambrocio Jiménez, en razón de que éste último no podía promover por sí mismo, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, y otras autoridades, consistentes en la incomunicación y los posibles actos de tortura consistentes en la omisión de proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia de Puebla inferidos en su contra. En diligencia de dos de julio de dos mil veintidós, el quejoso ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, sin precisar en ese momento en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura inferidos en su contra. No obstante, mediante oficio registrado con el número de promoción 10885, la Jueza de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, rindió su informe de cumplimiento a la suspensión de plano concedida a favor del quejoso, en el que, entre otros aspectos, informó que giró oficio a la Directora de Medidas Cautelares y Policía Procesal Estatal, para que permitiera el acceso a sus instalaciones, a quienes acreditaran el carácter de defensor y familiares del quejoso Fernando Ambrocio Jiménez. Así mismo, anexó copia certificada de diversas actuaciones deducidas de la causa penal 2234/2022/PUEBLA, mismas a las que se les reconoce pleno valor probatorio en conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en efecto, a las veintidós horas con cuarenta y ocho minutos del dos de julio de dos mil veintidós, Luis Enrique Márquez Rocha, se constituyó en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Puebla, para entrevistarse con el quejoso Fernando Ambrocio Jiménez, de lo cual, ambos asentaron su nombre y firma en la constancia correspondiente. En tales condiciones, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso ***, con independencia de la certeza de tal acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, la autoridad responsable Jueza de Control adscrito a los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, informó que a las veintidós horas con cuarenta y ocho minutos del dos de julio de dos mil veintidós, ***, se constituyó en la sala ocho del Centro de Justicia Penal de Puebla, para entrevistarse con el quejoso ***, de lo cual, ambos asentaron su nombre y firma en la constancia correspondiente, por lo que es claro que el acto de incomunicación cesó en sus efectos, pues el hecho de que el quejoso haya sostenido comunicación con el promovente del amparo, hace palpable que los actos reclamados dejaron de existir. Por lo anterior, se hace patente que a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda de amparo y analizar la constitucionalidad de un acto que de facto dejó de existir, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, ante la cesación de tal acto, no deja ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es dable colegir que si bien a la hora y fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, a las catorce horas con cincuenta minutos del dos de julio de dos mil veintidós, el acto reclamado atribuido al Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en la incomunicación del quejoso ***, se encontraba vigente; también lo es que, el mismo dejó de estarlo, por lo expuesto con anterioridad. En esas condiciones, resulta incuestionable que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y, en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En consecuencia, al haber cesado el acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia previstas en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda que dio origen al expediente de amparo en que se actúa por tal acto. 2.- Improcedencia de la demanda respecto del acto reclamado consistente en los posibles actos de tortura consistentes en la omisión de proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia de Puebla. Por otra parte, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en los posibles actos de tortura consistentes en la omisión de proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia de Puebla, pese a haberse reclamado como posibles actos de tortura se advierte que en realidad se trata de cuestiones relativas al internamiento -aunado a que el quejoso omitió cumplir con la prevención formulada- por lo que se visualiza la actualización de diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Lo que torna notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, en conformidad con lo previsto en el artículo antes citado. En efecto, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de control constitucional. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. En el caso concreto, el acto reclamado por el quejoso lo constituyen la omisión de proporcionarle alimentos y agua, toda vez que se encontraba privado de su libertad en el interior de la Casa de Justicia del Estado de Puebla. Ahora bien, en el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el legislador previó las controversias ante el juez de ejecución y, en el diverso 117 del mismo cuerpo normativo, reguló lo relativo a las controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. En efecto, en la fracción I y IV del primero de los artículos invocados, se establece que los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I.--Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; y, IV.--La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos. Por su parte, en la fracción I del artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece que los sujetos legitimados por la Ley, entre estos, la persona privada de su libertad o sus familiares, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 108 del mismo cuerpo normativo, para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. En ese sentido, la circunstancia de que al quejoso no le fuera proporcionado comida y agua durante su estancia en las instalaciones de la Casa de Justicia de Puebla, guarda relación con las condiciones de internamiento de Fernando Ambrocio Jiménez, por lo que se encontraban legitimados para acudir ante el juez control o de ejecución, según corresponda, a instar los procedimientos que prevé la ley. De ahí que resulta indudable que en contra de la omisión de proporcionar al quejoso comida y agua durante su permanencia en las instalaciones de la Casa de Justicia de Puebla, PROCEDE EL MECANISMO DE CONTROL previsto en los artículos 116, fracciones I y IV y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que previo a acudir al juicio de amparo, el quejoso debe agotar dicho mecanismo de control para defender los derechos que le asisten, por lo que el quejoso no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las omisiones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie lo hace ver el promovente del amparo. Así lo concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, pues advirtió que del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Agregó que este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Así, si el interno o sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento incluyendo, actos de naturaleza omisiva inherentes a las condiciones de internamiento, como lo es, el lugar en que debe compurgar su pena, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En mérito de lo anterior, es incuestionable que el quejoso debió cumplir con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del MECANISMO DE CONTROL previsto en los artículos 116, fracciones I y IV y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la omisión proporcionarle comida y agua durante su permanencia en la Casa de Justicia del Estado de Puebla, el cual está obligado a agotar por no tratarse dicha omisión de aquellos actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, ya que conforme a las constancias deducidas de la causa penal 2234/2022/PUEBLA de origen, mismas a las que se les reconoció valor probatorio en el apartado que antecede, el resguardo y permanencia del quejoso Fernando Ambrocio Jiménez en la Casa de Justicia de Puebla, se efectuó con motivo de su custodia provisional derivada de su puesta a disposición por parte de la agente del Ministerio Público para calificar la legalidad de su detención; por lo que no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Por tanto, la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede controvertir la omisión que se reclama a través del presente juicio de amparo, de ahí que es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vistas las razones actuariales que anteceden, se tiene al actuario judicial infirmando la imposibilidad que tuvo a efecto de notificar el oficio 30057/2022 a la autoridad que el promovente de amparo señaló como Agentes de la Policía de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de su titular; en virtud de que dicha autoridad es inexistente. En tales condiciones, toda vez que a dicha autoridad le reviste el carácter de ejecutora se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de julio de dos mil veintidós y se deja de tener con el carácter de responsable, en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. Así mismo, atento al contenido de la diversa razón actuarial, se tiene a *** ratificando la demanda de amparo promovida en su favor; sin embargo, toda vez que a la presente data aún no ha manifestado en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura a los que se alude la demanda de amparo, se reserva a proveer la razón de mérito. Así mismo, toda vez que se advierte el quejoso se encuentra resguardado en Casa de Justicia de la Región Judicial Centro y que el Actuario de la adscripción giró el oficio abierto 30058/2022 dirigido a la Policía Procesal del Centro de Justicia Penal de Puebla, se le tiene para los efectos del presente sumario como autoridad responsable. Así mismo, agréguese a los autos los oficios de la Juez de Control de la Región Judicial Centro y otra autoridad, por medio de los cuales informan el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en favor de la parte quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. No obsta a todo lo anterior que los oficios que se proveen hubieran sido recibidos vía correo electrónico en la cuenta institucional 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx; pues con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2 de esta ley, se reconoce que el documento merece valor probatorio para estar al contenido del mismo, pues se trata de información generada o comunicada en medios electrónicos que a juicio del suscrito es fiable al ser posible atribuirla a la autoridad oficiante porque es concordante en cuanto a lo que este juzgado requirió, pues refieren datos que solamente pudo conocer con la notificación que le fue realizada por parte de este órgano jurisdiccional. Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire requiérase al encargado de la Oficina Común de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que a la brevedad posible remita la papeleta que por razón de turno le corresponda al presente juicio de amparo, adjuntando al oficio en mención copia de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en atención a que fue recibida directamente en este órgano jurisdiccional, y forma parte de la carga de trabajo del mismo.
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