Fernando Alvarez Moysen

Expediente 1656/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1656/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Fernando Alvarez Moysen

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1656/2022-V que por orden le corresponde. Integración del expediente. Se precisa que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el presente asunto se integrará de la siguiente forma: Se prescindirá de imprimir y glosar al expediente físico todas las promociones allegadas de manera electrónica. Se glosarán únicamente al expediente físico todas las promociones exhibidas de forma impresa así como las actuaciones necesarias para el impulso procesal del juicio constitucional. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, los jueces de Distrito están facultados para desechar de plano la demanda de amparo cuando adviertan un motivo notorio e indudable de improcedencia. Dicho precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Debe entenderse que lo manifiesto es lo que se advierte de manera clara y patente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza. Por tanto, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se advirtió claramente de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la manifiesta e indudable improcedencia de un juicio, debe atenderse al escrito de demanda y sus anexos, y así considerarla probada, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron expresados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de convicción indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se aporten en el procedimiento no sean necesarios para justificar la improcedencia ni puedan desvirtuar su individualización. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXXI/2002, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: "IV.- EL ACTO RECLAMADO: Les reclamo a las autoridades responsables su respuesta incompleta relacionada con mi escrito de fecha 05 de diciembre de 2022 que le entregué al Superior Jerárquico el mismo día, violando mi derecho de petición" Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se desprende una causal notoria y manifiesta de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Conforme al precepto trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Ahora bien, de la demanda se desprende que el cinco de diciembre de dos mil veintidós -en ejercicio del derecho de petición- el quejoso presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un escrito al que recayó el oficio ********************, respuesta que hoy combate. En ese orden de ideas, se debe decir que el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al juicio de amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. El primer requisito se encuentra satisfecho, ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues es atribuida al Secretario de Hacienda y Crédito Público, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado de naturaleza administrativa existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la ley de la materia, texto legal del que se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. De igual forma, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que los actos reclamados puedan ser modificados o revocados mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 2 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo contenido textual es el siguiente: "ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante." De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar el acto reclamado, a fin de que puedan ser controvertido en términos del citado artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues a través del juicio de nulidad se puede controvertir éste, en contra de las autoridades precisadas. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2a./J. 116/99, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª- /J.115/99, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa sí tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo biinstancial. Por tanto, si el acto reclamado en el presente amparo es recurrible mediante el juicio de nulidad ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 3, fracción I, de su Ley Orgánica; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe precisar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello es así, tomando en consideración que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Además, se observa que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se considera que si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que, en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Asimismo, se advierte que en los demás casos la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En ese contexto, se estima que el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 222/2015 así lo estableció en la jurisprudencia 2ª./J27/2016 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, pagina 1194, cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En cuanto al plazo para otorgar la suspensión, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tampoco establece uno mayor, como se determinó en la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril 2015, Tomo I, Décima Época, página 783, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado; resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. En ese sentido, no se actualiza la excepción cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, toda vez que la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad, porque si bien es cierto el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, también es verdad que tal excepción presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, como acontece en el caso al plantearse la ilegalidad de la respuesta dada a la solicitud realizada por el peticionario, lo cual necesariamente implica un análisis de legalidad del acto reclamado a la luz de las normas rectoras del juicio de mérito; la parte quejosa debe previamente agotar el recurso o instancia ordinaria procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto; pues de lo contrario quedaría al arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución , podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca; lo que demuestra, que al no haberse agotado el recurso ordinario, procede el desechamiento de la demanda. Lo anterior, se corrobora con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Además, la propia Constitución Federal, en su artículo 107, fracción IV, establece expresamente que la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando: ".el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."; es decir, que no es posible considerar esa excepción si se plantean argumentos relativos a la legalidad de los actos reclamados, pues en ese supuesto, la parte quejosa quedará obligada a agotar los medios de defensa respectivos para combatir los actos reclamados. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 94, tomo I, abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Asimismo, en cuanto a la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en los numeral 2o.y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, se encuentra concatenado con el artículo 3o, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevé la competencia del citado órgano jurisdiccional, por virtud de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento. Cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, por lo que es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio contencioso administrativo federal, en el cual se debe de cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Sirve de sustento a lo antedicho, la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, con registro 181026, sustentada por la Segunda Sala, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido de que, si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como sería dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por ********************. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber que las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los lineamientos ahí precisados. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el capítulo primero de los Principios Rectores, del expediente electrónico y otras soluciones digitales del Título Séptimo de la Utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en el Trabajo contemplado en el artículo tercero del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la parte quejosa. Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea y de presentación de promociones vía electrónica. Atendiendo al Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, pues mediante dicho medio podrán presentar electrónicamente escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinentes a sus intereses. Asimismo, se exhorta para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento del nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/5784/2022 de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien da fe.

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