Fernando Alvarado Pérez

Expediente 24/2024 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
24/2024
Año
2024
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Fernando Alvarado Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda que promueve ********, contra actos del Juez y Actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 24/2024. Tramítese observando el ordinal 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Conforme a lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, con copia de las constancias necesarias, fórmese el incidente de suspensión. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a...., y se reserva su llamamiento, porque el propio quejoso no proporciona una dirección para esos fines. Por tanto se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días legalmente computados, informe cuales son los domicilio procesales con los que cuenta de la persona referida a fin de emplazarla en el presente asunto. En el entendido que de no hacerlo se le impondrá la multa indicada anteriormente. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las once HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio procesal el que indican y respecto de quien autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente lo estará para oír y recibir notificaciones. Por lo que ve al número telefónico que refiere será considerado para entablar comunicaciones no procesales NOTIFÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y reproducción simple de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez y Actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 24/2024. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se ordena remitirles copia de la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. Ahora bien, para resolver con mayores elementos lo que en su momento corresponda sobre la suspensión definitiva, con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se requiere al A quo para que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe lo siguiente: Si ha emitido una orden de lanzamiento respecto del inmueble materia de la Litis y el estado de dicha diligencia, es decir, si ya se ejecutó. Deberá precisar si dentro del proceso de origen se han promovido otros juicios de amparo indirecto (aun cuando no los haya instado la quejosa), y de ser afirmativo, precise qué actuación fue sometida al análisis constitucional, juez de distrito que conoció del asunto y número de expediente, y si ya fue resuelto el juicio biinstancial. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, lo actuado en el proceso natural y la orden de desposesión del inmueble ubicado en ... de esta Ciudad. TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso acredita indiciariamente su interés para efectos de la suspensión, con la documental consistente en el contrato de arrendamiento de quince de julio de dos mil veintitrés. CUARTO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. De la narración de los antecedentes se advierten hechos que señalan el estatus del acto reclamado bajo diverso estatus, pues indistintamente sugieren que ya se ejecutó y que no se ha ejecutado la orden de lanzamiento, lo cual hace necesario hacer un pronunciamiento que atienda ambas condiciones. En primer lugar, para el caso de que no se hubiere ejecutado el acto reclamado, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del ordinal 107, fracción X de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y que no se realice ningún acto tendiente a ejecutar la sentencia dictada en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, esto es, que no se desposea al quejoso del inmueble ubicado en ... de esta Ciudad, ni se tire o inscriba la escritura de adjudicación; en términos del numeral 151 de la propia legislación. Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que se dicte la resolución interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. QUINTO. DE LA GARANTÍA. La suspensión que se concede surte sus efectos, pero dejará de hacerlo si el quejoso no otorga garantía a satisfacción de este juzgado y en cualquiera de las formas que establece la ley dentro del término de cinco días, legalmente computado, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) que se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, cuya vigencia será por cinco días, que conforme a la propia legislación, es el plazo para resolver sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, pues no se cuenta con elementos suficientes para para determinar esta medida de efectividad, por carecer de información suficiente de los términos del juicio de origen, pues solo se valora la manifestación del accionante y el contrato exhibido. Con el propósito de la integración del Fondo para la Administración de Justicia, contemplado en la fracción III del numeral 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; por lo que, al estarse solicitando en el presente asunto, los depósitos por las cantidades indicadas las cuales encuadran en los supuestos de la fracción III del artículo 225 citado, de preferencia deberán constituirse ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banco del Bienestar). De lo contrario los depósitos que se realicen ante institución diversa se remitirán a Banco del Bienestar, quien expedirá el billete de depósito correspondiente; además, en términos de los preceptos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, la depositaria tendrá que incluir la leyenda de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante y la relativa a que la depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control del depósito, en el entendido de que si dicho billete de depósito no contiene las inserciones antes referidas, no constituirá un obstáculo para la recepción del documento. En el entendido de que si opta por exhibir póliza de fianza, deberá indicar que es para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con motivo de la concesión de la suspensión. SEXTO. NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. Para el caso de que se haya ejecutado el lanzamiento reclamado, aunque se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, conforme a las particularidades del asunto no está acreditada la apariencia de buen derecho ni el peligro en la demora. Es así porque no se cuenta con información del proceso de origen, constancia del acto reclamado o evidencia de los términos en los cuales se pronunció la autoridad responsable. Lo cual es relevante porque al carecer de tales elementos imposibilita juzgar la actuación de la autoridad judicial, y de ello deducir una eventual ilegalidad que de pauta a demostrar los conceptos señalados, que condicionan en este caso el otorgamiento de la medida cautelar bajo las condiciones señaladas. Por tanto, es inviable conceder LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL respecto a la orden de lanzamiento en caso de ya haberse ejecutado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 21/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 255/2015, aprobada en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, que dice: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Tal criterio establece que en los supuestos que el quejoso reclame la diligencia de lanzamiento, cuya ejecución se haya materializado y solicite la suspensión, corresponde al órgano jurisdiccional analizar conforme a lo preceptuado en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que podría asistirle a la parte quejosa, para otorgar la suspensión del acto reclamado atribuido al Juez responsable, para efectos de la concesión de la medida suspensional. Así, el análisis de la apariencia del buen derecho, no acontece en el particular, pues el suscrito no cuenta con los elementos necesarios para analizar tal circunstancia, siendo los únicos datos a considerar las manifestaciones del quejoso y el contrato de arrendamiento exhibido, lo que de ningún modo resulta suficiente, pues como se adelantó adminiculados entre sí, no prueban la afectación de algún derecho de la quejosa sobre el inmueble que defiende. SEPTIMO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

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