Fernando Almeida López

Expediente 850/2017 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
850/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Fernando Almeida López
  • Juez de Control Interino Adscrito Al Juzgado de Proceso Y Procedimientopenaloral del Xxi Distrito En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    ..... se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En vista de lo anterior, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. En virtud de lo anterior, el presente juicio no se considera de trascendente valor jurídico o histórico, por lo que se hace constar que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...

  2. Incidental

    ...se ordena el archivo de este cuaderno incidental, como asunto concluido... el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración...se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales...

  3. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo número 850/2017, promovido Fernando Almeida López; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y recibido en este Juzgado por razón de turno, en esa misma fecha, Fernando Almeida López, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y acto reclamado siguiente: Juez de Control Interino, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad. Director del Centro de Reinserción Social Zona Sur (Cereso) Duport-Ostión, con sede en esta ciudad. El acto reclamado por el quejoso se destacará en el considerando segundo de esta sentencia, a fin de evitar transcripciones innecesarias. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, y por proveído de dos de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, registrándose con el número 850/2017; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente compete al fiscal federal adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento; en su oportunidad se emplazó a los terceros interesados, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que en su oportunidad dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ejerce jurisdicción y es constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el asunto es en materia penal y se trata de un acto, cuya ejecución tiene lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Previo al estudio de la existencia del acto reclamado, resulta indispensable para la correcta resolución del asunto, precisar con claridad cuál es éste, identificándolo del cuerpo íntegro de la demanda de amparo, cumpliendo así con el mandamiento del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Resulta aplicable como apoyo jurídico la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, la lectura íntegra al escrito de demanda permite advertir que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El auto de vinculación a proceso por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, dictado el catorce de mayo de dos mil diecisiete, en el proceso penal 97/2017 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Interino de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y al Encargado del Centro de Reinserción Social "Duport Ostión", ambos con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir sus informes justificados, aceptaron su existencia (fojas 29 y 50). Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso penal 97/2017, las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Aplica a lo anterior, la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que respecta al contenido del disco versátil digital, también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tienen valor probatorio pleno. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio; además, su estudio debe realizarse previamente, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio las partes no alegan causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su existencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que procede entrar al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Resultan infundados los conceptos de violación, aun y cuando se haya suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Cabe precisar que el análisis de constitucionalidad del acto reclamado deberá realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en virtud que el acto que se reclama fue dictado aplicando el nuevo sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor para el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a partir del diez de noviembre de dos mil quince. Previo a emprender el análisis de fondo del asunto con relación al acto reclamado a que se contrae este considerando, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control señalado como responsable, no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación (lo que se corrobora con la observación de la audiencia inicial desarrollada en el procedimiento penal de origen), solamente el representante social, y la defensa del imputado, de tal manera que a efecto de analizar tanto los hechos delictuosos como la probable intervención del peticionario en la comisión del delito por el que se le dictó auto de vinculación a proceso, se tomará en consideración el relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes y datos de prueba de la investigación, que el juez responsable tuvo a bien considerar para la emisión del acto reclamado. Así, el análisis sobre la constitucionalidad de la resolución debe realizarse sólo con base en los aspectos debatidos en la audiencia respectiva, como lo hizo el juez de control responsable, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la aludida audiencia, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que el juez de control no puede revisar su contenido, toda vez que únicamente el imputado, su defensor y la víctima o el ofendido o su asesor jurídico tendrán acceso, al registro de la investigación así como a todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 64/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 993, del Libro I, Octubre de dos mil once, Tomo 2, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).- Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda". Ahora, previo a dar contestación a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, conviene efectuar el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, cuyos requisitos de emisión se encuentran previstos en el texto actual del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "ARTÍCULO 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "ARTÍCULO 316.- Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "ARTÍCULO 317.- Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado;= II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se tiene que los elementos de forma que debe contener el auto de vinculación a proceso son: a) Que el Ministerio Público haya formulado imputación (formalización o judicialización del procedimiento); b) Los datos personales del imputado; c) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; d) Deberá contener el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución del delito; y e) Los fundamentos y motivos por los que se estiman satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, del primer precepto transcrito se tiene que los elementos de fondo del auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y 2. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Precisado lo anterior se tiene que, del escrutinio de la audiencia inicial desarrollada en el procedimiento penal de origen, se advierte que se cumplieron a cabalidad todos los elementos formales previamente expuestos. Así es, pues en la misma el fiscal investigador comunicó al juez responsable y al imputado que desarrolla una investigación contra la parte quejosa respecto de hechos determinados y que considera constitutivos de delito, por lo que consideró oportuno formalizar el procedimiento mediante la intervención judicial, con lo que se satisface el elemento precisado con el inciso a); asimismo, se puede apreciar que el imputado proporcionó sus datos personales de manera privada, inciso b); mientras que de tal audiencia también consta que se dio al imputado la oportunidad de rendir declaración, a lo que se negó a declarar apegándose al beneficio que le concede el artículo 20 Constitucional, con lo que se acató el requisito previsto en el inciso c). Por su parte, del contenido del auto de vinculación a proceso que se reclama se pueden advertir con claridad las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos constitutivos de delito, mismas que se expondrán más adelante, con lo que se colma el inciso d). En ese orden, por lo que respecta a lo exigido en el inciso e), del acto reclamado se aprecia que la autoridad responsable ordenadora expuso los fundamentos y motivos por los que se estiman satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales; tal como se evidenciará en líneas subsecuentes a lo largo de esta sentencia. Por otro lado, también se encuentran colmados los requisitos de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso, como acertadamente lo consideró el juez responsable, consistentes en la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él. En esta tesitura tenemos que el delito por el que se dictó auto de vinculación a proceso contra el inconforme es el de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.) II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: (.) d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; (.)." Con base en el precepto transcrito y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable, la juez responsable, en la versión oral y escrita del auto de vinculación a proceso reclamado desglosó los elementos que conforman tal hecho delictivo de la siguiente manera: "(1) La existencia de un sujeto indeterminado que privó de la libertad a un sujeto; (2) Con el propósito de ejecutar los delitos de robo o extorsión; (3) Realizado en un camino desprotegido o solitario; 4) Realizándolo por un grupo de dos personas; (5) privación que haya sido realizado con violencia; (6) Que en contra de la víctima se haya ejercido actos de tortura o violencia sexual". (Auto de vinculación a proceso a las 14:43:21) Hecha la anterior precisión, se considera que el juez responsable, acertadamente, consideró acreditados de manera conjunta los referidos elementos. Se afirma lo anterior, pues tal como lo indicó el Juzgador de mérito, los mismos se encuentran demostrados merced a los siguientes datos de prueba que fueron ofrecidas por la fiscalía en la audiencia inicial al momento de realizar la imputación al ahora quejoso, a saber: Denuncia de hechos que realizaran las víctimas de identidades reservadas bajo iniciales I.G.J., A.A.M.H., E.F.G., e I.O.J., quienes al comparecer ante la autoridad ministerial indagadora de los delitos, expusieron hechos que estimaron constitutivos que estimaron constitutivos del delito (vinculación a proceso 14:42:52). Oficios de folios números P.M/049/2017 y P.M/055/2017, signados por los elementos ministeriales Luis Francisco Velázquez Díaz y Dalila Esther Barrientos Barradas, mediante los cuales detallan las entrevistas que levantaran de las víctimas del delito (vinculación a proceso 14:44:18) Comparecencia en sede judicial de la persona de identidad reservada con iniciales L.A.A.L., quien declaró los hechos que presenció como testigo (vinculación a proceso 14:44:38). Oficio número 049/2017, signado por Pedro Peralta de la Cruz, Segundo Comandante de Seguridad Pública de Moloacán, Veracruz, mediante el cual deja a disposición de la fiscalía la unidad automotriz marca Chevrolet, tipo Aveo (vinculación a proceso 14:44:49). Oficio P.M/0052/2017, signado por elementos de la Policía Ministerial Jorge Guillermo Castillo Gienger Rodríguez, Luis Pérez Romero y Dalila Esther Barrientos Barradas, mediante el cual detallan las investigaciones realizadas respecto a los eventos que adolecen las víctimas del delito (vinculación a proceso 14:45:06). Dictámenes psicológicos practicados por la perito en psicología Yanelly Yllinas Hernández, quien valoró psicológicamente a las víctimas I.G.J., A.A.M.H., E.F.G E, así como I.O.J., estableciendo que presentan afectación emocional por los hechos suscitados (vinculación a proceso 14:45:27). Dictámenes signados por el licenciado Antonio Heredia Fajardo, perito criminalista adscrito a la Delegación Regional de Servicios Periciales y Valuación Comercial de Objetos Robados, así como secuencia fotográfica y valuación comercial, valuación de daños e identificación de dígitos de la unidad marca Chevrolet, tipo Aveo (vinculación a proceso 14:45:49). Dictámenes de lesiones que practicara la doctora Guadalupe Barrios Domínguez, médico forense de la Delegación Regional de Servicios Periciales, mediante el cual establece las alteraciones que presentan en su integridad corporal las víctimas de identidades reservadas A.A.M.H. e I.G.J. (vinculación a proceso 14:46:12). Ahora, de la concatenación de los anteriores datos de prueba se puede concluir, como bien lo sostuvo la responsable en la resolución de vinculación a proceso que emitió oralmente, que entre las cero horas a cero horas con veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, al estar sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en el estado de Veracruz, con motivo de que se les ponchó una llanta, las víctimas de identidad resguardada advirtieron la presencia del activo del delito, quien en compañía de otra persona y con ayuda de un machete, sometió de manera inicial a la víctima de iniciales E.F.G., poniéndole el machete al cuello y lesionando en la cara a las víctimas de iniciales A.A.M.H. e I.G.J cuando éstos trataron de defender a la primera; después, los llevaron a un cuarto que funciona como talachera y ahí los privaron de su libertad, toda vez que los amarraron de manos y piernas. Posteriormente el activo del delito y su acompañante los despojaron de sus pertenencias como son una computadora, una cámara fotográfica marca Canon, un dije de jade, dinero en efectivo, sus carteras, aretes, así como el dinero que portaban y sus celulares, que incluso señalan las víctimas A.A.M.H e I.G.J., que al someterlos les quitaron su ropa y calzado, dejándolos casi desnudos y metiéndolos a un tipo de closet, mientras presenciaban como se llevaban a las víctimas del sexo femenino. Éstas últimas, por su parte, señalan que las subieron a una motocicleta, la cual se detuvo, momento en el que trataron de escapar, pero les dieron alcance y las llevaron a una como alcantarilla, que había mucha maleza y fue ahí cuando abusaron sexualmente de ellas. Posteriormente el imputado le preguntó si sus padres pagarían rescate, por lo que les solicitó un número celular para comunicarse con sus familiares, pero no entró la llamada, por lo que ahí las dejaron y se retiraron, tanto el imputado como la tercera persona que lo acompañaba. De lo que se concluye, como lo consideró la responsable, que existen datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que es el de secuestro exprés, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso d), con las agravantes precisadas en el artículo 10, fracción I, incisos a), b) y c), y fracción II, inciso d), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República. Ahora, respecto de las referidas agravantes, es jurídicamente correcta la determinación del Juez de origen de considerarlas materializadas con los datos de pruebas antes expuestos, pues efectivamente se desprende de ellos que el activo del delito aprovechó el lugar solitario en que se encontraban las víctimas, perpetrando el hecho constitutivo del robo; pues se encontraban en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, además al ser de noche es posible presumir que el lugar en que se encontraban era despoblado y solitario. Asimismo, privó de la libertad a las víctimas, valiéndose de la ayuda de otra persona, por lo que resulta un hecho notorio que tal conducta típica fue realizada por dos personas; además, el imputado externó violencia, porque al tener sometida a la víctima de iniciales E.F.G., poniéndole un machete en el cuello, los coagraviados A.A.M.H. e I.G.J. intentaron defenderla pero fueron agredidos por el imputado con la referida arma punzo cortante, pues les pegó en la cara; aseveraciones que el Juez responsable justificó con los dictámenes médicos expedidos por la doctora Guadalupe Barrios Domínguez, en su carácter de médico forense adscrito a la Delegación Regional de Servicios Periciales, quien determinó que presentaban lesiones que tardan en sanar más de quince días y pueden dejar cicatriz perpetua, datos de prueba con llevaron a la responsable a determinar que para cometer el hecho delictivo, el activo utilizó medios violentos; y, además, a las víctimas del sexo femenino les fue impuesta violencia sexual, pues se les impuso la cópula. Por otra parte, el juez de control también actuó ajustado a derecho al considerar que los datos de prueba existentes son aptos y suficientes para acreditar la probabilidad de que el imputado Fernando Almeida López cometió el referido delito. Lo anterior, con base principalmente en el señalamiento que en su contra vierten los agraviados de identidad resguardada con las iniciales I.G.J., A.A.M.H., E.F.G E, así como I.O.J., quien de forma firme y categórica identifican a Fernando Almeyda López, como la persona que el día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, aproximadamente entre las cero horas y las cero horas con veinte minutos, sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la Congregación Nuevo Teapa, del municipio de Moloacán, valiéndose de un camino desprotegido privó de la libertad junto con otro sujeto a las víctimas, mediando uso de violencia para robar sus pertenencias, amén que el imputado al tenerlos privados de la libertad, intentó solicitar el pago de rescate para la liberación de las víctimas, ejerciendo además actos sexuales pues a las dos víctimas de sexo femenino, les fue impuesta la cópula, adecuando su conducta a la probable comisión en el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés. La adminiculación de los datos de prueba, realizado por la autoridad responsable definitivamente permiten concluir que probablemente el imputado intervino en la comisión del delito que se le atribuyó, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que han quedado reseñadas con antelación. En ese orden, cabe señalar que no se advierte la existencia de alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Con lo que se satisfacen los requisitos de fondo que deben reunirse para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Ahora procede dar respuesta a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. En ese sentido, el quejoso manifiesta en sus conceptos de violación, mismos que se estudian conjuntamente por su estrecha relación, que el auto de vinculación a proceso que combate es incongruente y poco exahustivo, así como que carece de fundamentación y motivación, resultando contrario a lo establecido por los artículos 14, 16, 18 y 19 constitucionales; y, que el Juez responsable pasó por alto las manifestaciones de su defensa, así como las pruebas aportadas. Tales argumentos devienen infundados ya que contrario a lo manifestado por el quejoso, conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Se colige, sin embargo, que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como quedó establecido con anterioridad, de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscalía en la audiencia correspondiente, se advierten datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito (privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés) y la probabilidad de que el imputado lo cometió, y no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, no existen elementos objetivos perceptibles y verificables, que demuestren alguno de esos extremos. Por tanto, fue correcto el actuar del Juez responsable al efectuar un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitieron calificar que los hechos que la representación social imputó al acusado son o constitutivos del delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos que sí se desprenden indicios razonables que permiten suponer que efectivamente se cometió. Contrario a lo que esgrime el quejoso respecto de la valoración de las pruebas y el alcance de éstas, este Juzgado de Distrito determina que es correcto el actuar del Juez al dictar auto de vinculación a proceso, toda vez que, en el tratamiento metódico de dicho auto, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del artículo 19 constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez responsable debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación; circunstancias que se advierten el Juez responsable tuvo en consideración al momento de emitir el auto de vinculación a proceso que se combate. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época, , del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." En razón de lo anterior, no se advierte la violación a la presunción de inocencia que indica el quejoso en sus conceptos de violación, y que opere en favor del imputado, sino que la vinculación a proceso se asume como un presupuesto procesal para continuar con el procedimiento penal, siempre que se reúnan los requisitos que se señalaron al inicio de este considerando, mismos que, se reitera, sí fueron satisfechos. Máxime que existen pruebas de cargo, que no desvirtúan la sola negativa del implicado. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, registro 2011871, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora". En consecuencia de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, aun supliendo la queja deficiente, debe determinarse la legalidad de la resolución aquí estudiada, y por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Tal consideración se hace extensiva a su consecuente ejecución que atribuye al Director del Centro de Reinserción Social "Duport-Ostión", con sede en esta ciudad, al reclamarse como mera consecuencia del auto de vinculación a proceso reclamado y no por vicios propios. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 654 aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 438, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Los criterios de los Tribunales de la Federación invocados resultan aplicables en el caso en concreto, porque su contenido no se opone a la actual Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio. SEXTO. Expedición de Copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo en cita, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. SÉPTIMO. Transparencia y acceso a la información. Con apoyo en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 5, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 6 a 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, los datos personales y de identificación (información confidencial) que relacionen a las partes, estarán reservados; además se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fernando Almeida López, contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el resolutivo primero y en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes, y, acorde a lo establecido en el considerando sexto, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, previa razón que por su recibo otorgue en autos. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan José Contreras Madero, Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del licenciado Roberto Carlos Esteves Aguilar, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de abril de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL TERCERO INTERESADO, LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: (...ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...)

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