Fernando Alfredo Arteaga Miranda

Expediente 632/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
632/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Fernando Alfredo Arteaga Miranda
  • Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de diez de febrero del año en curso, se declaró el presente asunto como totalmente concluido y se dictó el archivo correspondiente, por lo que, toda vez que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, es que se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción en los cuadernos que para el efecto se formaron. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, este es destruible, de conformidad con el artículo 20, fracción III y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Así, conforme a lo ordenado en el artículo 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo así como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena su archivo por seis meses. Entonces, una vez cumplido el término de seis meses, y previamente a la realización de la visita de inspección, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las once horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 632/2022-VII, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, advierte que las partes no ofrecieron medio de prueba alguno, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que el Agente del Ministerio Público de la Federación si realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.Visto para resolver el juicio de amparo 632/2022-VII, promovido por Leticia Miranda Aldaba en representación de Fernando Alfredo Arteaga Miranda, contra actos de las autoridades, Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante oficio y anexos recibido en este Juzgado el trece de julio de dos mil veintidós, la demanda de amparo, Leticia Miranda Aldaba en representación de Fernando Alfredo Arteaga Miranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana, Coordinador de Agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial Galeana, Coordinador de Zona Noroeste de la Fiscalía General del Estado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Director de Seguridad Pública de Nuevo Casas Grandes, Director de Seguridad Pública de Janos, Chihuahua, Coordinador de la Agencia Estatal del Investigación de la Policía Estatal del Distrito Judicial Galeana y agentes a su cargo, Director de Seguridad Pública de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Coordinador de Agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial Galeana y Coordinador Zona Noroeste de la Fiscalía General del Estado con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; de quienes reclamó esencialmente la ilegal detención, privación de la libertad, y posible incomunicación a que era sujeto el directo quejoso. Segundo. Por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 632/2022-VII, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien si presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades migratorias con residencia dentro de la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la ilegal detención, privación de la libertad y posible incomunicación a que era sujeto el directo quejoso. TERCERO. Las autoridades responsables, Jueces de Control en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, al rendir su informe con justificación negaron categóricamente el acto materia de reclamo. Al respecto, ante la negativa especifica externada por la precitada autoridad responsable al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad responsable en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Las autoridades responsables Coordinador de Agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial Galeana, Coordinador de Zona Noroeste de la Fiscalía General del Estado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Director de Seguridad Pública de Nuevo Casas Grandes y Coordinador de la Agencia Estatal del Investigación de la Policía Estatal del Distrito Judicial Galeana, al rendir sus correspondientes informes justficados convienen en la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en la detención del quejoso Fernando Alfredo Arteaga Miranda, asimismo, en sus informes justificados manifestaron que el quejoso Fernando Alfredo Arteaga Miranda, fue puesto en libertad, en virtud de que dentro de la carpeta de investigación de origen, que se le siguen por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares agravado, fueron agotadas las diligencias urgentes y primordiales que acreditan que el directo quejoso del amparo, no presenta un riesgo a la sociedad, a la víctima u ofendido y el delito por el cual fue detenido, mismo que no amerita prisión preventiva. Asimismo, la autoridad ministerial responsable, decretó la libertad del ahora quejoso bajo reservas de ley. Por su parte, el Director de Seguridad Pública en Janos, Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de haber sido debidamente notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitieron el Coordinador de Agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial Galeana, Coordinador de Zona Noroeste de la Fiscalía General del Estado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Director de Seguridad Pública de Nuevo Casas Grandes y Coordinador de la Agencia Estatal del Investigación de la Policía Estatal del Distrito Judicial Galeana, en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente en fecha diez de julio de dos mil veintidós, el quejoso fue puesto en libertad, mediante oficio 902/22, identificado como UECDNCG-901/22, girado por el Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, la autoridad responsable, había girado orden de localización y presentación del quejoso Fernando Alfredo Arteaga Miranda, sin embargo el mismo, en fecha diez de julio de dos mil veintidós, fue puesto en libertad, mediante oficio 902/22, identificado como UECDNCG-901/22, girado por el Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del acto reclamado. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que en fecha diez de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable puso en libertad al quejoso, mediante oficio 902/22, identificado como UECDNCG-901/22, girado por el Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque la autoridad responsable al renovar el tratamiento médico del quejoso, restableció así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leticia Miranda Aldaba en representación de Fernando Alfredo Arteaga Miranda, contra los actos que reclamó a los Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y otras autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.

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