Fernando Alfonso Santoyo Sánchez
Expediente 1275/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2021
Partes del expediente
- Fernando Alfonso Santoyo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Titular del área de Actuarios adscrito al citado Tribunal, mediante el cual rinden su informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, téngase a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de las autoridades oficiantes la documental que anexaron a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que se adjuntan al informe justificado de cuenta, se advierte que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte admitió la demanda laboral radicada con el número D-***su índice; y, el Actuario adscrito emplazó a la parte demandada el nueve de diciembre de dos mil veinte; lo que se corrobora con la constancia remitida por la autoridad oficiante, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Fernando Alfonso Santoyo Sánchez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de admitir a trámite la demanda radicada con el número D-89/2020 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla así como la omisión de emplazar a la parte demandada; y, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte admitió la demanda laboral radicada con el número D-89/2020 de su índice y el Actuario adscrito emplazó a la parte demandada el nueve de diciembre de dos mil veinte; lo que se acredita con las constancias que adjuntaron las autoridades oficiantes a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse admitido a trámite la demanda radicada con el número D-89/2020 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y emplazado a la parte demandada, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. .... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. .... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones correspondientes. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Titular del área de Actuarios adscrito al citado Tribunal, mediante el cual rinden su informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, téngase a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de las autoridades oficiantes la documental que anexaron a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que se adjuntan al informe justificado de cuenta, se advierte que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte admitió la demanda laboral radicada con el número D-***su índice; y, el Actuario adscrito emplazó a la parte demandada el nueve de diciembre de dos mil veinte; lo que se corrobora con la constancia remitida por la autoridad oficiante, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Fernando Alfonso Santoyo Sánchez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de admitir a trámite la demanda radicada con el número D-89/2020 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla así como la omisión de emplazar a la parte demandada; y, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte admitió la demanda laboral radicada con el número D-89/2020 de su índice y el Actuario adscrito emplazó a la parte demandada el nueve de diciembre de dos mil veinte; lo que se acredita con las constancias que adjuntaron las autoridades oficiantes a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse admitido a trámite la demanda radicada con el número D-89/2020 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y emplazado a la parte demandada, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. .... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. .... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones correspondientes. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que las autoridades responsables rindan su informe justificado correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así....
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