Fernando Albiter Canchola
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edwin Fernando Garcia Mendoza
- Fernando Albiter Canchola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable, por el que remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que fenezca el plazo que le concedió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, allegue copia certificada de lo que provea al respecto; apercibida que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por *****, por propio derecho, en contra del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y otra autoridad. Registro y anotación en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1/2023, y fórmese expediente. Desecha. Este Juzgado de Distrito estima notoriamente improcedente la presente denuncia, en razón de las siguientes consideraciones: Los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo establecen: ... En ese sentido, es inconcuso que al no actualizarse algún supuesto de procedencia de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; resulta notoriamente improcedente dicha denuncia por lo que debe desecharse de plano, con apoyo en los artículos 210, 231 y 232 de la Ley de Amparo. Autorizados. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones a ******************** ya que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Al respecto, en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario ******************** se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo y las notificaciones se realicen por esa vía, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. ... Notifíquese personalmente al denunciante.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, parte quejosa. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la comparecencia que antecede, por la que ********************, parte quejosa, ratificó la firma asentada en el ocurso de demanda, por lo que se le tiene desahogando la prevención formulada en auto de tres de enero de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda a pesar de tener plena convicción de que a la postre resultará improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causal de improcedencia. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. El artículo mencionado en primer lugar establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque la violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." [..]" Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando los actos o leyes en contra de los cuales se promueva, sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución, siempre que éste se haya promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones procesales que se reclaman sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, de la Séptima Época, en Materia Común, consultable en la página 57, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación dieciséis Tercera Parte, cuyo texto y rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia." En ese sentido, cabe señalar que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, tiene su origen en la figura de la litispendencia, es decir, que existe un juicio de amparo tramitándose con antelación al que se está declarando improcedente, lo cual obedece a la necesidad de evitar que haya dos juicios sobre la misma cuestión, en los que se pueda presentar una contradicción entre las sentencias que en ellos se dicte. Ilustra lo anterior, la tesis XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 817, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, junio de 1996, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." De lo antes expuesto se puede colegir que los elementos esenciales para que se dé la litispendencia, son: a). La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo. Respecto a lo anterior, conviene destacar que para el suscrito, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles la tramitación del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que fue promovido por la aquí quejosa ********************, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables: Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos; y, Director de Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Actos reclamados: Así, de los antes transcrito se puede advertir que los actos que reclama el justiciable ya se encuentran comprendidos en el juicio de amparo ********************, del índice propio e incluso se tratan de los mismos antecedentes, siendo el último de ellos, el acontecido el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. b) Los juicios se encuentren pendientes de resolver. En ese sentido, conviene destacar que si bien es cierto que mediante acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al expediente ********************, también lo es que, el mismo no ha quedado firme. Apoya lo anterior, la tesis XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 817, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, junio de 1996, Novena Época, del rubro y letra siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Y conforme al criterio sustentado la jurisprudencia I.11o.C. J/7 (10a.), en Décima Época, con número de registro 2018772, pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Fuente: Semanario Judicial de la Federación, en materia común, de rubro y contenido: "PRECLUSIÓN. ES UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO. La preclusión es una sanción que otorga seguridad al desarrollo del procedimiento, pues consiste -en una de sus vertientes-, en la consumación de una facultad procesal, al establecer un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible. Ahora bien, la Ley de Amparo, atento al principio de preclusión -consustancial a todo procedimiento judicial-, prevé la promoción de un juicio constitucional por acto que se reclame pues, expresamente, el artículo 61, fracción XI, de la ley citada, dispone que la acción constitucional es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Por otra parte, si bien el desechamiento de una demanda de amparo implica que no se analizó la constitucionalidad del acto reclamado, ello no faculta al quejoso para intentar una nueva acción constitucional contra ese mismo acto, pues de acuerdo con el principio de preclusión que rige su procedencia, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Por tanto, el desechamiento de una primera demanda de amparo con sustento en una causal de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, genera la carga procesal al quejoso de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y no hacerlo implica su conformidad, tanto con esa determinación como con las consideraciones que la sustentan. De modo que, mientras subsista jurídicamente la determinación que desechó la primera demanda, es inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." c) Ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Respecto a ello, se tiene que, los dos juicios son promovidos por ********************, por propio derecho contra actos que en esencia se atribuyen al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y otras autoridades. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 164304, visible en la página 291, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto establece lo siguiente: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral." De lo anterior, se puede concluir que al existir en el juicio de amparo en que se actúa y el diverso ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, los elementos para que se actualice la litispendencia, es decir: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo, b) Los juicios se encuentren pendientes de resolver; y, c) Ambos se hubieren reclamado por el mismo quejoso, aunque las violaciones constitucionales y las mismas autoridades sean diversas. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, toda vez que conforme a lo anterior, en la demanda de amparo de que se trata, se reclama un acto que es materia de otro juicio de amparo que se encuentra en trámite, promovido por la misma quejosa y contra las mismas autoridades. Consecuentemente con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción X, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Se levanta reserva. Asimismo, no pasa desapercibido que en proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, se reservó el acuerdo conducente en relación al señalamiento de autorizados, consulta de expediente y notificaciones electrónicas, mismo que se indicó se proveería una vez que se constate la voluntad del promovente, lo que ya aconteció. En consecuencia, se levanta la reserva decretada y se emite el auto correspondiente. Autorizados. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, por así haberlo solicitado, y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Al respecto, en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "********************", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo y las notificaciones se realicen por esa vía, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. Notifíquese personalmente.
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