Fernando Alarzon Cadena
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fernando Alarzon Cadena
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++++++++++, contra actos del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, y otra autoridad. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 927/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Después de analizar el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 la Ley de Amparo, pues se estima que antes de acudir a la acción constitucional el quejoso debió agotar el medio de defensa ordinario que tenía a su alcance. Tal precepto determina lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. --- Se exceptúa de lo anterior: --- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; --- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; --- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. --- d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. --- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El artículo 61, en su fracción XVIII, contempla el principio de definitividad, según el cual el quejoso tiene la carga procesal de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Dicho principio descansa en la consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En conclusión, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. En el caso a estudio, el titular de la acción de amparo reclama: El acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el que se niega la libertad condicionada que solicitó. Por tanto, es indudable que dicho acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación en términos de los artículos 131 y 132, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala: "131. Apelación [---] El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.". "132. Procedencia del recurso de apelación [---] El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: . III. Sustitución de la pena.". Ese orden, de acuerdo a lo que establece el artículo en comento, la parte promovente debe seguir las reglas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de apelación, el cual resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo. De ahí, que el hoy solicitante del amparo debió agotar el recurso de apelación, ya que con la imposición de ese medio de defensa puede obtener la modificación o confirmación del acto reclamado, y al no haber agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, se concluye que el acto reclamado carece de definitividad, actualizándose, por tanto la causa de improcedencia previa en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de ilustración la jurisprudencia 259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1624, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitibilidad de la acción de amparo.". Por otra parte, se indica que no se está en alguna de las hipótesis de excepción del principio de definitividad, a saber, peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, providencia precautoria, medida cautelar restrictiva de la libertad, auto que niegue la libertad provisional bajo caución, entre otros; máxime que el acto reclamado no afecta la libertad personal y menos aún fue emitido fuera de procedimiento, pues el solicitante no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal. Además, la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o bien el fundamento legal no es suficiente para determinarla, que es en el caso en que la parte quejosa quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, por tal motivo, es evidente que el acto que se combate no se exceptúa de acatar el principio de definitividad. Por tanto, si el impetrante no agotó el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de apelación, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conduce a que se actualice por esa circunstancia la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, procede desechar de plano la demanda. Apoya lo expuesto, la tesis I.6o.P.112 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, registro digital 2017068, página 3084, cuyos rubro y texto son: "LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado el acuerdo por el que un Juez de Ejecución de Sanciones Penales desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, planteada por un sentenciado, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no agotar el principio de definitividad, esa actuación es legal, porque de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la ley citada, debe agotarse el recurso de apelación, en razón de que se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final de su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad."
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