Fernando Alarcón Menchaca
Expediente 1201/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/08/2021
Partes del expediente
- Fernando Alarcón Menchaca
- Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje Con Sede En Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia pronunciada el seis de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el cómputo de dicho término para las responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Mezcales Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en virtud de que son un órgano jurisdiccional y, por tanto, carecen de legitimación para interponer el medio de impugnación referido, en razón que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XVIII, Julio de 2003, novena época, página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. a Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el Presidente Interino de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Nayarit, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, por medio del cual remite copia certificada de la actuación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se tuvo al aquí quejoso Fernando Alarcón Menchaca, desistiéndose lisa y llanamente de las actuaciones intentadas en el juicio laboral de origen 105/2014, por lo que ordenó enviar al archivo el expediente de referencia, como asunto concluido; consecuentemente, agréguese a los autos el comunicado y anexo de cuenta. En ese sentido, se determina que no ha lugar a requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el mismo se declara sin materia de conformidad con el numeral 214 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable demostró mediante la copia certificada del auto de veintiséis de marzo del presente año, que anexa al comunicado de cuenta, el desistimiento del aquí quejoso en el expediente de origen del cual emana el presente juicio de amparo. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvase a las responsables el legajo certificado de las constancias que acompañaron como apoyo a su informe de ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra el acto que reclamó del Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Mezcales Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit que se precisó en el considerando segundo, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que se encuentra transcurriendo el término que prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que el treinta y once de junio de la presente anualidad se dio vista a la parte tercera interesada Propietarios Condominio Península Golf, asociación civil, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y constancias relativas a este. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 45/2021-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional, registrado con número 51/2021 de su índice; al respecto, únicamente agréguese para que obre como corresponda dado que mediante acuerdo de once de junio se acordó sobre su contenido. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede que la tercero interesada Propietarios Condominio Península Golf, Asociación Civil no desahogó el requerimiento formulado en el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno para señalar domicilio en esta ciudad en el término concedido; en ese tenor, hasta en tanto la tercero de referencia subsane tal omisión, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal realícense por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 26, fracción lII, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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