Fernando Aguilera Ceceñas
Expediente 450/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Fernando Aguilera Ceceñas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese el oficio 3514/2021, signado por el actuario judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 450/2020 y testimonio de la resolución pronunciada el nueve de septiembre del año en curso, dentro de la revisión civil 52/2021, promovida por el quejoso ***, contra el auto de diecinueve de febrero del presente año, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia. Hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados aquellos y estas en el resultando primero de esta ejecutoria" Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del referido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del nombrado Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
agréguese el oficio 1677/2021, que remite el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 450/2020, así como de los escritos de expresión de agravios signados por el quejoso ***; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el citado quejoso y registrado bajo el número 52/2021 de su índice administrativo. Notifíquese.
- Principal
agréguense las copias de los escritos signados por ****, mediante los cuales interpone recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89 de la ley de la materia, téngasele interponiendo el citado medio de impugnación y en su oportunidad remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad de Durango, adjuntándole el original del escrito de agravios. Distribúyanse a las autoridades responsables copia del escrito de agravios mediante los oficios que deriven del presente proveído; así mismo córrase traslado a las demás partes con la referida copia. Sin que en el caso sea necesario correr traslado con el recurso de mérito a la parte tercero interesada, ya que con motivo del sobreseimiento fuera de audiencia decretado en autos, no se le emplazó a juicio; por tanto, no se le tuvo ciñéndose a la relación jurídico procesal. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos del que se advierte que mediante demanda interpuesta vía electrónica y turnada a este órgano jurisdiccional el tres de julio de dos mil veinte, el quejoso ***, señaló como autoridades responsables entre otras, al Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México, a quienes les reclamó lo siguiente: **** I. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Del contenido de la demanda de derechos fundamentales de que se trata, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene firma electrónica del quejoso ***, por lo que se presenta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto dichos artículos refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" (.) "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita" De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado o, en su caso, su representante legal o su apoderado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, su representante legal o apoderado, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso que nos ocupa, la demanda de cuenta no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso Fernando Aguilera Ceceñas, o en su caso, por quien promueve en su nombre y que cuente con la capacidad legal para ello, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita electrónicamente por el interesado, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo prevé que es optativo para la promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, de ahí que cuando se promueve el juicio de amparo indirecto, vía electrónica, es necesario contar con la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda de donde se advierta indubitablemente la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió o, en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada; de lo contrario, deberá desecharse la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que reza: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO" PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida" No pasa a la consideración del suscrito juzgador que la demanda interpuesta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se encuentra mal digitalizada toda vez que se advierten párrafos incompletos en fojas tres, cuatro y cuatro vuelta; asimismo, la demanda de amparo fue firmada de manera electrónica con evidencia criptográfica de ********************, quien fue autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, por el referido quejoso; sin embargo, de dicho ocurso no se advierte que el citado profesionista se haya ostentado con el carácter de representante legal o apoderado del impetrante de amparo. Por tanto, dicha irregularidad no es reparable en términos de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, toda vez que el firmante en ningún momento manifestó promover la demanda en comento con alguno de los caracteres referidos anteriormente. Por ello, al haber optado por la promoción de ésta, en la vía electrónica, la falta de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) , en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado numeral, acorde con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación. Sin que se desatiendan los criterios de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA " y "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE ", ya que, por lo que ve a la jurisprudencia 1a./J. 24/2018, ésta es emitida por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal y la tesis I.6o.P.13 K es tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cabe destacar que inclusive se trata de un circuito diverso al que el suscrito se encuentra adscrito, las cuales contienen criterios contrarios a lo establecido en la jurisprudencia invocada (P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, que acorde con el artículo 217 de la ley que rige la materia, es de observación obligatoria para el suscrito y preferente sobre las demás. A más de que dichos criterios establecen que la ausencia de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es un requisito equiparable a los previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo y que la existencia de una firma autógrafa da la presunción de la manifestación de la voluntad, ambos subsanables a través de la figura de la prevención, por lo que son contrarios a la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día de hoy diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
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