Fernando Adolfo Esquivel Gamiño

Expediente 437/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
437/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Fernando Adolfo Esquivel Gamiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 6292 signado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 9830, con el que se remitió el original del juicio de amparo V-437/2018-1; asimismo, téngase a dicha Superioridad, informando que en data seis de septiembre del año en curso, aceptó la competencia planteada. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa así como el original y duplicado de los incidentes de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce, dado que se planteó incompetencia para conocer del presente asunto y se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de fecha ocho de agosto del año en curso, en la que por una parte se SOBRESEYÓ el juicio de amparo en que se actúa, por otra se NEGÓ el amparo y protección de la justicia de la unión; asimismo, se declinó competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Con relación en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Finalmente, como este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, sostuvo carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, respecto del acto precisado en el considerando sexto de la resolución dictada en autos, por tanto, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito en turno, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos se desprende que transcurre el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable Actuario Adscrito a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  4. Principal

    En términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, téngase al Actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por rendido su informe justificado al que anexa las documentales que lo sustentan; con ello dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, se ordena formar un tomo de pruebas para mejor manejo del expediente.

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