Fernando Adame Sánchez
Expediente 1836/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1836/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fernando Adame Sánchez
- Presidente municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ----------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a, y 21, incisos a y c, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. En tanto el cuaderno original del incidente de suspensión al haberse concedido la medida cautelar provisional y definitiva es depurable, mientras que el duplicado es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O S, los autos del juicio de amparo 1836/2018-V, promovido por ------------, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado ese mismo día a este Juzgado, -------------, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como tal señalo en su carácter de Ordenadoras y Ejecutoras; 1.- El Presidente Municipal: Es responsable de la orden de baja del empleo cargo o comisión que desempeñaba dentro de la Administración Pública Municipal 2.- El Director General de Administración: Es responsable de la ejecución de la baja del empleo cargo o comisión que desempeñaba dentro de la Administración Pública Municipal. 3.- El Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal: Es responsable de decidir y ejecutar la orden de baja del empleo cargo o comisión que desempeñaba dentro de la Administración Pública Municipal 4.- El Presidente de la Comisión de Honor y Justicia dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal: Es responsable de decidir y ejecutar la orden de baja del empleo cargo o comisión que desempeñaba dentro de la Administración Pública Municipal. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME: a).- De las cuatro autoridades responsables, lo hago consistir en la orden de baja del empleo cargo o comisión que desempeñaba dentro de la Administración Pública Municipal, medida que implica de facto la separación, distinción, exclusión por preferencia que tiene por consecuencia el de anular, alterar la igualdad de oportunidades o el trato en el empleo, ocupación, cargo o comisión que desempeñaba, así como la privación de mi salario remunerado con Calve POO1. b).- Concomitante con el Acto que se Impugna, las violaciones al Principio de un Debido Proceso Legal, toda vez que previo al acto privativo no se me otorgo una debida y legal garantía de audiencia, o notificarme una determinación fundada y motivada que así lo justifique, de manera discriminatoria, unilateral y arbitraria, privándome de mis derechos adquiridos y protegidos jurídicamente.". SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. La parte quejosa estima que los actos reclamados vulneran en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 18 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la agente del ministerio público de la federación adscrita, quien no formuló pedimento. Seguido el procedimiento en sus etapas, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional y, el veinticinco de febrero siguiente se dictó sentencia, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. CUARTO. Recurso de revisión. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual conoció, por razón de turno, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinte determinó revocar la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento del juicio de amparo, a efecto del prevenir al quejoso para que manifieste si desea o no ampliar su demanda de amparo respecto del procedimiento administrativo CHJ/573/2016, instruido en su contra por la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que se determinó la separación de su empleo, cargo o comisión que venía desempeñando como elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. QUINTO. Reposición de procedimiento y vista de ampliación. En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se hizo del conocimiento al quejoso, el derecho que le asistía para formular su ampliación de demanda de amparo, respecto del acto reclamado descrito en el párrafo que antecede, apercibido que de no dar cumplimiento al aludido requerimiento, se tendría como acto reclamado y autoridades responsables únicamente los que señaló en su demanda de amparo. No obstante lo anterior, al no desahogar la vista concedida, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo únicamente como acto reclamado y autoridades responsables los que señaló en su demanda de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 1, fracción V, 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Apartado Cuarto, facción II, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013. Lo anterior, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la jurisdicción donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: ? La orden de baja del empleo, cargo o comisión del empleo que venía desempeñando el quejoso como elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto a ella reclamado. En consecuencia, ante la negativa de la existencia de dicho actos, era preciso que el quejoso probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la responsable, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia del acto reclamado. Por tanto, si en la especie el acto reclamado es un hecho positivo, era obligación del peticionario probarlo, y no así, la negativa de hechos realizada por la responsable, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. De ahí, que sea claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probaren su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Directora General de Administración; al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado atribuido, pues adujo que el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia le comunicó el oficio DGSCYTM/CHJ/3145/2018, en el que le solicitó fueran realizados los trámites administrativos para dar el debido cumplimiento a la resolución definitiva de fecha treinta y tino de octubre de dos mil dieciocho, en el procedimiento CHJ/PD/573/2016, que culminó en la separación de su empleo cargo o comisión. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y el Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fueron omisos en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificados. En ese sentido, y toda vez que si bien el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no rindió informe justificado, cierto es que sí remitió las constancias de donde emana el acto reclamado, relativas al procedimiento administrativo CHJ/573/2016, documentos a los que se les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 de dicho ordenamiento legal; donde se aprecia la existencia del acto reclamado, consistente en la separación de su empleo, cargo o comisión que venía desempeñando como elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; de ahí que se tiene por cierto el acto que se les reclama. Máxime que el Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al actuar como autoridad ejecutora, es evidente que dará cumplimiento a las resoluciones que dicte la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto de la orden de baja del empleo, cargo o comisión del empleo que venía desempeñando el quejoso como elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo2, ya que procede el juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo. De la causal de improcedencia invocada, se obtiene que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los diversos medios de defensa; principios que están previstos en el artículo 107, de la propia Constitución, entre los cuales se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad obliga al quejoso a agotar, previamente a la interposición del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley que regula el acto reclamado se suspendan los efectos de los mismos, ya sea de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Asimismo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando: a) El acto reclamado carece de fundamentación; b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, c) Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En ese contexto, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo, contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse los medios de impugnación previstos en el artículo 186, que señala: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". Del dispositivo legal reproducido se desprende que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México, que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México, pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior, pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra actos de las autoridades administrativas o resoluciones de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que refiere: "INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO. De los artículos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como del 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte el carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 153, de rubro: 'CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.', estableció que el juicio de garantías procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la Ley de Amparo. En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso.". Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio de nulidad. Por lo que hace al juicio de nulidad para otorgar la suspensión del acto administrativo los requisitos establecidos no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo, de acuerdo a los preceptos 254 a 260, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto en el juicio contencioso, y los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión en el juicio constitucional. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, no dispone requisitos adicionales y los alcances que otorga a dicha medida cautelar son similares a los que prevé la norma federal. Además, cabe precisar que en las legislaciones aludidas existen ciertas diferencias, que atienden a las características propias de cada sistema, como son los requisitos para que surta efectos la suspensión o que en la Ley de Amparo se prevé la existencia de un informe previo y derecho a ofrecer pruebas. Sin embargo, esas cuestiones no corresponden a requisitos para la concesión de la suspensión del acto reclamado, sino en todo caso de eficacia de dicha medida, aspecto que los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no incluyen para el estudio de la causal de improcedencia de que se trata; ya que ésta no exige que las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa de carácter ordinario susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes a la Ley de Amparo en cuanto a los requisitos tanto de procedencia como de efectividad; sino sólo que las leyes ordinarias permitan conceder la suspensión con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, así como que aquéllas no establezcan más requisitos ni plazo mayor para tal efecto. En efecto, dicho tópico fue resuelto en la contradicción de tesis 2/2015, que el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito que resolvió -por mayoría de votos- en sesión pública el uno de septiembre de dos mil quince, básicamente en el sentido de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y tiene los mismos alcances; resolución de la cual derivó la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Pues, se reitera, que si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone los mismos alcances al conceder la suspensión del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ni excede del plazo que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, de que en el presente juicio no se trata solamente de violaciones directas a la Constitución ni tampoco de un acto carente de fundamentación. Por tanto, es evidente que en el caso no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de este juicio constitucional, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad en contra de la resolución que ordena la separación definitiva de su cargo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por -----------, por propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
TRIBUNAL DE ALZADA ACUSA RECIBO DE OFICIO POR EL QUE SE LE REMITIO EL ORIGINAL DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTUA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA; EL CUAL SE REGISTRA CON NUMERO DE RECURSO DE REVISIÓN 117/2019.
- Principal
REMÍTASE LAS PRESENTES ACTUACIONES, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DEL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS AL TRIBUNAL COLEGIADO, PARA EFECTO DE SUBSTANCIAR EL RECURSO DE REVISIÓN HECHO VALER.
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