Fernando Adali Vargas Serrato

Expediente 866/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
866/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Fernando Adali Vargas Serrato
  • Titular de la Oficina de Sub Representación del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 del mismo ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible depuración, conforme a lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del mismo ordenamiento.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de diecinueve de agosto del año en curso, se recibió el oficio firmado por el Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, por medio del cual acato la suspensión de plano decretada a favor del quejoso e informó que fue puesto en libertad. Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la incomunicación, aseguramiento, alojamiento, detención prolongada y privación de la libertad fuera de procedimiento dentro de la estación migratoria en esta ciudad. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe a la suspensión de plano y el anexo que remitió la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, consistente en copia del oficio 2096/2021 de diecinueve de agosto del presente año, por medio del cual se le autorizo otorgamiento de la condición de estancia del visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, con la condición de acudir los viernes a firmar el libro de control en la estación migratoria de esta ciudad, por lo que fue puesto en libertad. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -diecisiete de agosto de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aun no ponía en libertad a quejoso, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que dicha responsable dictó el oficio 2096/2021 de diecinueve de agosto del presente año, por medio del cual se le autorizo otorgamiento de la condición de estancia del visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, con la condición de acudir los viernes a firmar el libro de control en la estación migratoria de esta ciudad, por lo que fue puesto en libertad. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad al quejoso. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con cinco minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por el Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa el cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este Juzgado en proveído de dieciocho de agosto del presente año; por lo que este órgano jurisdiccional toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Informe sobre suspensión de plano Agréguese el oficio que por vía electrónica remite el Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada por este Juzgado en proveído de diecisiete de agosto del presente año; por lo que este Juzgado Federal toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Suspensión de oficio y de plano. Del informe rendido por la autoridad responsable, se desprende que el quejoso fue asegurado con motivo de no contar con visa mexicana válida y vigente para acreditar legal estancia en el país, asimismo, tampoco contaba con forma migratoria múltiple, la cual aduce que debería tener si hubiera ingresado por un punto autorizado para el ingreso y egreso de personas y mercancías en los horarios establecidos para su operación, conforme a lo establecido por la Ley de Migración en sus artículos 34 y 35. Asimismo, del informe de la autoridad, señala que el quejoso manifestó que no traía documentación porque su intención era cruzar a los Estados Unidos de América para trabajar; motivo por el cual fue trasladado a las instalaciones de la Estación Migratoria de Mexicali del Instituto Nacional de Migración en calidad de presentado, para que se definiera su situación jurídica dentro del país, conforme a la Ley de Migración y su Reglamento. Luego, en el informe remitido por la autoridad responsable, señala que una vez que se introdujo al quejoso a las instalaciones de la Estación Migratoria Mexicali, se le aperturó el procedimiento administrativo migratorio para definir su situación jurídica, el cual aduce se llevó a cabo garantizando el debido proceso. De igual forma, expone que el quejoso solicitó refugio, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), por lo que refiere que se encuentra impedida la autoridad responsable de continuar con el procedimiento administrativo migratorio hasta en tanto la COMAR analice el caso en particular del quejoso; ya que, una vez que dicha autoridad revise la información proporcionada por el quejoso, y si encuadra en alguno de los supuestos contenidos en la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, es cuando en ese momento acepta su solicitud a trámite y le extiende una carta en la que acepta la solicitud de refugio, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como los artículos 22, 24 y 38 del Reglamento de la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. Y, añade a su informe: ". Sería en ese momento en el que de acuerdo a lo establecido por la Ley de Migración y su Reglamento abandonaría las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.". Atento a ello, este Juzgado de Distrito, con base en lo señalado por la autoridad responsable, y de acuerdo a las constancias que remite, procede a pronunciar la siguiente suspensión de plano y de oficio. Cabe señalar que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 5 de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, establecen lo siguiente: "Artículo 5º. Los Estados deben reconocer a los extranjeros, domiciliados o transeúntes en su territorio, todas las garantías individuales que reconocen a favor de sus propios nacionales y el goce de los derechos civiles esenciales, sin perjuicio en cuanto concierna a los extranjeros, de las prescripciones legales relativas a la extensión y modalidades del ejercicio de dichos derechos y garantías." "Artículo 5.- .. Los extranjeros gozarán, con arreglo a la legislación nacional y con sujeción a las obligaciones internacionales pertinentes del Estado en el cual se encuentren, en particular: a) El derecho a la vida y la seguridad de la persona; ningún extranjero podrá ser arbitrariamente detenida ni arrestado; ningún extranjero será privado de su libertad, salvo por las causas establecidas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta; . c) El derecho a igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos y autoridades encargados de la administración de justicia y, en caso necesario, a la asistencia gratuita de un intérprete en las actuaciones penales y, cuando lo disponga la ley, en otras actuaciones;" De las disposiciones señaladas, se advierte que los extranjeros gozan de todas las garantías que debe tener una persona, entre ellas, el derecho a no ser privado de su libertad personal sin causa justificada. Mientras que el artículo 7 de la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, dispone: "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." De la disposición en cita, se advierte que no puede imponerse sanción alguna a un refugiado, con motivo de su ingreso irregular al país. En adición a lo anterior, resulta oportuno indicar que el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual si bien no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta al adecuarse a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, dispone sobre el tema en estudio lo siguiente: "En diverso escenario, puede suceder que la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado sea presentada por la persona migrante cuando ya se encuentra alojada en una estación migratoria y sujeta a un procedimiento administrativo migratorio. Durante el alojamiento, la autoridad migratoria tiene la obligación de hacer de su conocimiento que tiene el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. En caso de que se plantee dicha solicitud, el Instituto lo notificará a la COMAR en el plazo de 72 horas con el fin de que se sustancie el procedimiento respectivo. El procedimiento administrativo migratorio se suspenderá hasta que la COMAR resuelva en definitiva sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. No obstante, el alojamiento podrá ampliarse hasta que la COMAR emita determinación sobre la condición de refugiado. Por lo que hace a la detención de personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, la CIDH ha considerado que se trata de una medida que resulta contraria a la lógica de protección que debe orientar el accionar de los Estados. Así, ha considerado que la detención u otras restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria y apátridas sólo son permisibles de manera excepcional, cuando sean legales, no arbitrarias, y se realicen con sujeción a las protecciones del debido proceso. En ese sentido, la Comisión estima que la detención automática de las personas que buscan asilo puede considerarse arbitraria y, de acuerdo con las características de las personas afectadas por algunas de estas restricciones, como posiblemente discriminatoria. Por tanto, concluye la CIDH, la detención de dichas personas "debe ser una medida excepcional de último recurso". Asimismo, como antes se ha referido en este Protocolo, el alojamiento prolongado de las personas migrantes en recintos migratorios debe ser excepcional, proporcionado para los fines perseguidos y por el menor tiempo posible. En caso contrario, las personas migrantes pueden tener repercusiones físicas, psicológicas y emocionales ante periodos prolongados de detención. En este sentido, en asuntos de este tipo, quienes imparten justicia podrían analizar la viabilidad de medidas alternativas a la detención. Al respecto, la legislación mexicana prevé que las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado pueden obtener la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, lo cual es aplicable para quienes se encuentran en una estación migratoria. Asimismo, existe la posibilidad que la persona migrante sea entregada en custodia a una persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección de derechos humanos. En cuanto a la prolongación del alojamiento durante el tiempo que dure el trámite de la solicitud, se recomienda a las personas juzgadoras tener en cuenta que la detención de personas solicitantes de protección debería tener carácter de último recurso. Además, es deseable que quienes imparten justicia observen los estándares que consideran la detención excesivamente prolongada o indefinida como violatoria de derechos humanos y que, por tanto, de estar en ese supuesto, se privilegie una medida alternativa" El contexto anterior revela que la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación, incluyendo el alojamiento, dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. Asimismo, que la detención en estaciones migratorias, se debe estudiar y evaluar el caso particular y únicamente si no existe otra alternativa menos lesiva, será procedente la detención como excepción. En mérito de lo anterior, a consideración de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 15, en relación con el diverso numeral 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio a Fernando Adali Vargas Serrato para el efecto de que cese el alojamiento de que es sujeto en la estación migratoria en esta ciudad de Mexicali, Baja California y sea puesto en libertad. Requisito de efectividad. En este caso, se está en presencia de actos que no involucran daños o perjuicio a terceros ni el cobro de aprovechamientos, por lo que no se estima conducente fijar garantía para la efectividad de la medida cautelar. No obstante lo anterior, resulta oportuno citar el artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del precepto en cita se colige que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Ahora, tomando en consideración las constancias remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado de Distrito estima conducente establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En este sentido, atendido al caso particular, no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidad alguna por parte del quejoso pues existen elementos que permiten estimar que el quejoso no se encuentra en aptitud de sufragarlo, toda vez que no se advierte que tenga ingreso alguno, por lo que en caso de estar imposibilitado a ello, por causas ajenas a éste, se haría nugatorio que goce de la medida cautelar que le fue otorgada. Además, no es idónea para obtener el fin que se busca, consistente en que continúe con su trámite migratorio. Por lo tanto, tomando en cuenta tal objetivo se fijan las siguientes condiciones: Asistir cada quince días y de forma ininterrumpida ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración o en el que le indiquen las responsables para conocer sobre el trámite de su solicitud de refugiado...

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