Fernando Abel Cabrera Vivas
Expediente 992/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/07/2023
Partes del expediente
- Fernando Abel Cabrera Vivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XX del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 20 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 35 del referido ordenamiento, se hace del conocimiento que una vez transcurrido el término de noventa días precisado con antelación, la devolución de documentos originales se realizará, previo acuerdo que recaiga a la petición del solicitante quien deberá acreditar tener derecho a recibirlos. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Se hace del conocimiento que la entrega de los citados documentos se efectuará en un horario de nueve con treinta a catorce con treinta minutos, de lunes a viernes. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese; por lista a la parte quejosa
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede de siete de julio del presente año, de la que se advierten los motivos por los cuales al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de julio de dos mil veintitres, en el domicilio señalado en autos; por lo que se ordena notificar a dicha parte el proveído de mérito, así como las subsecuentes determinaciones que deban hacerse de manera personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de quien lo representa: Rinde su informe justificado; y, Ofrece pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora bien, la demanda de amparo se depositó el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de quien la representa, informa que aún se encuentra transcurriendo el término, para dar cumplimiento a lo solicitado por el quejoso mediante escrito de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés presentado en la oficialía el treinta de marzo de la presente anualidad. Del escrito en comento, se aprecia que la parte quejosa informó sobre el fallecimiento del pensionado Humberto Cabrera Vázquez y solicitó el pago de la pensión de éste a su cónyuge supérstite Ilda Marta Vivas Aguilar. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señala: "Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de baja. Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el Instituto estará obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último Sueldo Básico del solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el derecho a Pensión y de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos del Instituto y los de las Dependencias o Entidades que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos, los cuales deberán restituir al Instituto las cantidades erogadas, así como sus accesorios." De lo anterior se aprecia que el Instituto responsable cuenta con el término de noventa días para dar contestación a las solicitudes relacionadas con pensiones. Ahora bien, si la solicitud cuya omisión reclama el impetrante del amparo se presentó el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo se recibió el treinta y uno de mayo siguiente, es incuestionable que no habían pasado los noventa días a que se refiere el citado numeral 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, queda claramente demostrado que no existe la omisión reclamada y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa, en función de que la autoridad responsable el aún estaba en tiempo para dar contestación al escrito. En ese orden, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de quien lo representa: Rinde su informe justificado; y, Ofrece pruebas. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora bien, la demanda de amparo se depositó el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de quien la representa, informa que aún se encuentra transcurriendo el término, para dar cumplimiento a lo solicitado por el quejoso mediante escrito de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés presentado en la oficialía el treinta de marzo de la presente anualidad. Del escrito en comento, se aprecia que la parte quejosa informó sobre el fallecimiento del pensionado Humberto Cabrera Vázquez y solicitó el pago de la pensión de éste a su cónyuge supérstite Ilda Marta Vivas Aguilar. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señala: "Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de baja. Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el Instituto estará obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último Sueldo Básico del solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el derecho a Pensión y de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos del Instituto y los de las Dependencias o Entidades que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos, los cuales deberán restituir al Instituto las cantidades erogadas, así como sus accesorios." De lo anterior se aprecia que el Instituto responsable cuenta con el término de noventa días para dar contestación a las solicitudes relacionadas con pensiones. Ahora bien, si la solicitud cuya omisión reclama el impetrante del amparo se presentó el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo se recibió el treinta y uno de mayo siguiente, es incuestionable que no habían pasado los noventa días a que se refiere el citado numeral 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, queda claramente demostrado que no existe la omisión reclamada y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la negativa, en función de que la autoridad responsable el aún estaba en tiempo para dar contestación al escrito. En ese orden, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Escrito. ---, apoderado legal del quejoso ---, realiza lo siguiente: 1.- Solicita que se vincule a la ejecución de la sentencia, a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección General de Capital Humano; así como al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal, por las razones que indica. 2.- Solicita que se requiera al Gobernador del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de las mencionadas autoridades, a fin de que les imponga las medidas de apremio correspondientes. Fundamentación. Artículo 192 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se toma conocimiento de las manifestaciones del ocursante y reserva a proveer sobre las peticiones que formula hasta en tanto el Tribunal responsable remita las constancias requeridas en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ya que en la diligencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se observa que se emitieron diversas solicitudes respecto de las cuales a la fecha la autoridad de origen pudo haberse pronunciado y tomado acciones para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
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