Fernanda Grissel Regalado Vargas

Expediente 160/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
160/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Fernanda Grissel Regalado Vargas
  • Fernanda Grissel Regalado Vargas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse negado la medida cautelar solicitada es susceptible de destrucción. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *** ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis que dice: Sentencia SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 160-2016-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el uno de marzo de dos mil dieciséis, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial la quejosa **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Gobernador Constitucional, Congreso, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda, Recaudador de Rentas, Tesorero General, todos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, Recaudador de Rentas, Tesorero Municipal y Director General de Transito, los tres con residencia en el municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó, en sus respectivos ámbitos actuación las normas siguientes: a Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis publicado en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince, específicamente el artículo noveno, inciso b, fracción IX, relativos al cobro de control vehicular y expedición de placas. b Decreto por el que se expide el Reglamento de Vialidad y Tránsito del municipio de Juárez, Chihuahua, por cuanto hace a sus numerales 79, 204, 207 y 213 SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 21, 22, 31 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dos de marzo de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman normas generales que con motivo del primer acto de su aplicación causan perjuicio a la parte quejosa. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama, en esencia: 1. Del Gobernador Constitucional, Congreso, Secretario de Hacienda, todas ellas del Estado de Chihuahua, la discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se reforman adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingreso del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil quince, así como el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez 2. Del Secretario de Hacienda, Tesorero General y Recaudador de Rentas, todos del Estado de Chihuahua, así como del Recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, todos los actos coordinaciones, acuerdos o convenios y resoluciones derivadas de la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 3. Del Director General de Tránsito y Tesorero, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, todos los actos, coordinaciones, administraciones, acuerdos o convenios y resoluciones, incluidos el decomiso de vehículos, multas emitidas por el con fundamento en el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI-2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Director General de Tránsito y Tesorero ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, negaron la existencia de los actos de ejecución que les fueron atribuidos. En consecuencia, dado que la quejosa omitió ofrecer prueba para desvirtuar la inexistencia de los actos anotados al inicio de este considerando, se sobresee en el juicio de garantías respecto a las autoridades antes mencionadas, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Congreso del Estado, el Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Recaudador de Rentas, todos ellos del Estado de Chihuahua, y el Recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Chihuahua aceptaron la existencia de los actos que le fueron atribuidos, consistentes en discusión, aprobación, expedición, firma, promulgación, ratificación y orden de publicación de los decretos que contienen las normas impugnadas, así como los actos de coordinación, acuerdos, convenios o resoluciones tendentes a la aplicación de la norma. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia del proceso legislativo reclamado por la parte quejosa. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 65-2000, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, registro 191452, que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que a la letra dice: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Precisión especial. Se precisa que en atención a que este juicio de amparo se promovió en contra del indicado decreto, con motivo de su aplicación que la quejosa aduce, se concreta en perjuicio de esta última, la técnica con la que se emprenderá el estudio del presente asunto, es la que se expone a continuación: 1. En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio de la peticionaria de garantías la hipótesis jurídica controvertida, y si en relación con él, no se actualiza una diversa causa de improcedencia; pues de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; y 2. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Esto, encuentra apoyo en la jurisprudencia 71-2000, sustentada por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil, materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191311, que dispone: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN., cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así como la diversa pronunciada por el Tribunal Pleno de la Máximo Tribunal del País, consultable en la página cuatrocientos, tomo I, materia constitucional, jurisprudencia SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. SEXTO. Análisis de la naturaleza aplicativa de las leyes que se tildan de inconstitucionales. En el caso, la quejosa impugna la inconstitucionalidad del Decreto 1223-2015 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el veintitrés de diciembre de dos mil quince, que entró en vigor el uno de enero de este año, relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, concretamente, en relación con su apéndice de tarifas, que señala los costos por concepto de dotación de placas, derechos vehiculares y expedición de licencia de conducir. La accionante del amparo, aduce que la norma que reclama le fue aplicada el cinco de febrero de dos mil dieciséis, cuando realizó el pago, entre otros, del derecho de control vehicular y placas del servicio particular, tal y como se desprende de la copia de impresión respecto a la consulta del adeudo vehicular. Ante esas circunstancias, este resolutor federal se encuentra obligado a analizar, en principio, si se encuentra acreditado que ese pago se haya realizado, si constituye el primer acto de aplicación de las normas reclamadas y si con el mismo se concreta en perjuicio de la parte quejosa, la hipótesis jurídica controvertida; y, además, si en relación con dicho acto, no se actualiza alguna causal de improcedencia, ya que de no tener la naturaleza de primer acto de aplicación o bien, sobrevenir respecto del mismo alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, ello traería como consecuencia sobreseer en el juicio, no sólo respecto de los actos de aplicación, sino también por cuanto hace a las normas legales combatidas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 71-2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, Novena Época, Tomo: XII, agosto de dos mil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191311, cuyo rubro y texto citan: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Para tal efecto, conviene destacar que una ley se considera heteroaplicativa, cuando la misma ha irrumpido en la individualidad de un gobernado al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, es decir, basta que la norma materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. Esto es, a diferencia de las leyes autoaplicativas, en las que las obligaciones que imponen nacen con ella misma incondicionalmente, las leyes heteroaplicativas requieren que sus efectos ocurran en forma condicionada, es decir, a través de un acto de autoridad o incluso de particular, en el que la norma se aplique jurídica o materialmente en perjuicio del quejoso. Sobre este tópico, se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, con registro 198200, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Expuesto lo anterior, precisa recordar, que la quejosa reclama los actos legislativos que dieron origen a la Ley de Ingresos del Estado de, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en relación con su apéndice de tarifas, que señala los costos por concepto de dotación de placas, derechos vehiculares, expedición de licencias, entre otros. Al respecto es conveniente mencionar, que en los preceptos cuestionados se establecen como ingresos de la hacienda pública, el pago de derechos vehiculares, los cuales tienen el carácter de una norma heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causan perjuicio ni modifican alguna situación jurídica existente, pues la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio, será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad, esto es, hasta que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua emita el recibo de adeudo vehicular correspondiente. En esa medida; ese recibo constituye el acto concreto de aplicación de las normas que contemplan dicho derecho vehicular, porque en él se encuentran especificadas, la determinación y cuantificación de dicho derecho, con independencia de que el pago se haya cubierto o no previamente a la promoción del juicio de amparo; situación, que genera la carga procesal de comprobar la afectación en su esfera jurídica a través del acto concreto de aplicación de la ley materia de reclamo. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 18-2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, octubre de dos mil doce, Materia Común, que se consulta en la página 812, con registro 159929, del tenor siguiente: LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN. Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, la realización de cierta conducta, como causa. Así ante la actualización de la hipótesis o supuestos previstos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una sola resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley. SÉPTIMO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de la norma impugnada, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. El suscrito estima que el amparo es improcedente en lo atinente a los actos reclamados consistentes en el proceso de creación de la norma que dio lugar la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, concretamente, en relación con su apéndice de tarifas, que señala los costos por concepto de dotación de placas, derechos vehiculares, expedición de licencia de conducir, entre otros, así como Reglamento de Vialidad y Tránsito del municipio de Juárez, Chihuahua. En efecto, respecto de las normas impugnadas se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, contrario sensu, de la ley reglamentaria, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; De la lectura conjunta de los anteriores numerales se desprende que establecen que el juicio de amparo es procedente contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al solicitante de garantías; así, será improcedente cuando la norma por su sola entrada en vigor no cause perjuicio o necesite de un acto de aplicación y este no se encuentre acreditado. Aquí conviene reiterar lo dicho en el considerando anterior, pues el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: 1. Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna, y pueden reclamarse en dos distintos momentos, a saber: a) el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo; y b) el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el artículo 21 de la legislación en comento. 2. Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Así, para analizar el aspecto sustantivo de una norma heteroaplictiva, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser como se anotó, la ley reclamada no causa perjuicio y, por ende, es que el juicio de garantías resulta improcedente, de conformidad con los citados artículos 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción I, contrario sensu, de la ley de la materia. Cobra vigencia, por identidad en la idea que sustenta, la jurisprudencia 12-98, que emitió la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común que se consulta en la página 323, con registro 196641, del tenor siguiente: LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. En el caso, la quejosa impugna la constitucionalidad del el proceso de creación de las normas que dieron lugar a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, concretamente, en relación con su apéndice de tarifas que señala los costos por concepto de dotación de placas, derechos vehiculares, expedición de licencia de conducir, entre otros, así como el Reglamento de Vialidad y Tránsito del municipio de Juárez, Chihuahua. La parte accionante del amparo impugna tales normas en su carácter de leyes heteroaplicativas, pues refiere le fueron aplicadas el cinco de febrero de dos mil dieciséis cuando realizó el pago, entre otros del derecho de control vehicular y placas del servicio particular, tal y como, aduce, se desprende de la copia de la consulta del adeudo vehicular, así como de la impresión simple de la confirmación de pago, a razón de novecientos pesos de cinco de febrero del año que transcurre. Aun cuando la quejosa afirma que la norma le fue aplicada, lo cierto es que no existe prueba expresa y clara de tal acto, pues la accionante se limitó a afirmarlo exhibiendo copias simples de los documentos mencionados, sin presentar algún medio de prueba en original para comprobar que efectivamente pagó el adeudo del derecho vehicular para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Como se ha establecido en párrafos precedentes, para que la garante pueda acudir a solicitar el amparo en contra de una norma heteroaplicativa es un presupuesto para tal efecto que acredite el primer acto de aplicación, lo que en el caso no sucedió, pues la simple afirmación de la accionante es insuficiente para ello, aun cuando en la demanda se comprometió a exhibir los documentos originales que acreditaran. Así, si los documentos que exhibió la quejosa con la demanda resultan ineficaces para acreditar su interés jurídico, porque las copias fotostáticas que exhibe sin certificación (simple) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno, aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir cierto lo que en las mismas se contiene. Dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 193, sustentada por la entonces, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, visible en la página 132, registro 394149, del rubro y texto siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, agosto de dos mil dos, Materia Común, que se consulta en la página 1269, con registro 186304, del tenor literal: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. Además, debe indicarse que la impresión en que consta el supuesto pago carece del sello digital que se constituye por una serie o cadena de dígitos necesaria para acreditar de forma fehaciente que se haya efectuado el pago que en la copia simple se aduce. Por ende, las pruebas de la parte quejosa son insuficientes para demostrar el interés jurídico que ostenta; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis IV.2o.A.31 K, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Materia Común, que se puede revisar en la página 2684, con registro 176538, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada. En consecuencia, dado que no acreditó que haya efectuado el pago del adeudo respecto del derecho vehicular, es decir, omitió acreditar la existencia del primer acto de aplicación que le irrogara perjuicio, es indiscutible que el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LVII/96, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Constitucional, Común, que se consultó en la página 124, con registro 200149, de rubro y texto siguiente: LEYES. EL ACTO DE APLICACION QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, contrario sensu, todos del citado ordenamiento. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de la negativa que le han formulado las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a.-J. 54-98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 160/2016-I-1 que promovió ****, por las razones expresadas en los considerandos tercero y séptimo del presente fallo. Notifíquese personalmente a la quejosa y por medio de oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a las autoridades responsables. Así, lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***, el día de hoy veintiocho de junio de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de junio de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 160/2016-I-1, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el uno de marzo del presente año, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, Tesorero Municipal de Chihuahua, Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez nombre correcto de la señalada como Titular de la Administración Local de Recaudación de Chihuahua En Juárez y Director General de Tránsito del Municipio de Juárez, a quienes les reclamó: IX. ACTOS RECLAMADOS: DEL H. CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA La discusión, aprobación y expedición del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016, vigente y PUBLICADO EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, así como el REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE CHIHUAHUA, por ser el medio sancionador y EMITIDOS POR EL H. CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO a los ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL CAPITULO CUARTO DE ESTE ESCRITO, relativos a realizarse el pago por derecho al uso vehicular y diversos, para el año 2016, en vigor, y cuyo acto de aplicación en perjuicio del quejoso sucedió el día cinco de febrero de dos mil dieciséis; la reclamación se realiza POR CUANTO HACE AL CONTENIDO Y EFECTO HETEROAPLlCATIVO, DESCRITO EN EL CAPÍTULO DENOMINADO "CARÁCTER HETEROAPLlCATIVO DE LA LEY QUE SE RECLAMA"; b) DEL C. GOBERNADOR y C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ESTADODE CHIHUAHUA La aprobación. firma. promulgación, ratificación y orden de publicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN. ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. en vigor, PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, así como el REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE CHIHUAHUA, por ser el medio sancionador y EMITIDOS POR EL H. CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO a los ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL CAPITULO CUARTO DE ESTE ESCRITO, relativos a realizarse el pago por derecho al uso vehicular y diversos. para el año 2016. en vigor. y cuyo acto de aplicación en perjuicio del quejoso sucedió el día cinco de febrero de dos mil dieciséis; la reclamación se realiza POR CUANTO HACE AL CONTENIDO Y EFECTOS HETEROAPLlCATIVOS, DESCRITOS EN EL CAPÍTULO DE LA PRESENTE DEMANDA" DENOMINADO "CARACTER HETEROAPLlCATIVO DE LA LEY QUE SE c) DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA, DEL C. TESORERO. DEL C. RECAUDADOR. LOS TRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DEL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE CHIHUAHUA EN JUÁREZ SE RECLAMA. Todos los actos. coordinaciones. acuerdos o convenios y resoluciones derivados de la aplicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN. ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016, vigente y PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015. así como el REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DEJUÁREZ ESTADO DE CHIHUAHUA, por ser el medio sancionador. y EMITIDOS POR EL H. CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO a los ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL CAPITULO CUARTO DE ESTE ESCRITO, relativos a la realización del pago por derecho al uso vehicular y diversos, para el año 2016, en vigor y cuyo acto de aplicación en perjuicio del quejoso sucedió el día de febrero de dos mil dieciséis; la reclamación se realiza POR CUANTO HACE AL CONTENIDO Y EFECTOS HETEROAPLlCATIVOS. DESCRITOS EN EL CAPÍTULO DE LA PRESENTE DEMANDA DENOMINADO "CARACTER HETEROAPLlCATIVO DE LA LEY QUE SE RECLAMA"; Esto es, los eventuales actos de ejecución de los dispositivos legales mencionados, que en el respectivo ámbito de su competencia y en ejercicio de sus facultades pretendan llevar a cabo en mi contra, COMO LO SON MULTAS, RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTOSDE PAGO Y EMBARGO, ENTRE OTROS; Todos los actos, coordinaciones, administraciones, acuerdos o convenios y resoluciones, incluidos el DECOMISO de vehículos, MULTAS enteradas a la *TESORERÍA MUNICIPAL*, del Municipio de Juárez Estado de Chihuahua, emitidos por el C. Director de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO del Municipio de Juárez Estado de Chihuahua, con fundamento en el REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE CHIHUAHUA, relativos a la descripción de los motivos: POR FALTA DE PLACAS, POR FALTA DE LICENCIA DE CONDUCIR, O POR FALTA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL DERECHO PARA USO DE VEHÍCULOS, derivados de la aplicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGANDIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016, vigente y PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, así como el REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE CHIHUAHUA, por ser el medio sancionador, y EMITIDOSPOR EL H. CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO a los ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL CAPITULO CUARTO DE ESTE ESCRITO, relativos a la realización del pago por derecho al uso vehicular y diversos, para el año 2016, en vigor, y cuyo acto de aplicación en perjuicio del quejoso sucedió el día cinco de febrero de dos mil dieciséis; la reclamación se realiza POR CUANTO HACE AL CONTENIDO Y EFECTOS HETEROAPLlCATIVOS, DESCRITOS EN EL CAPÍTULO DE LA PRESENTE DEMANDA DENOMINADO "CARÁCTER HETEROAPLlCATIVO DE LA LEY QUE SE RECLAMA"; Esto es, los eventuales actos de ejecución de los dispositivos legales mencionados, que en su respectivo ámbito de su competencia y en ejercicio de sus facultades pretendan llevar a cabo en mi contra, COMO LO SON MULTAS, RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, MANDAMIENTOS DE EJECUICIÓN, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO, ENTRE OTROS. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de dos de marzo pasado, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró el ocho de marzo y primero de abril del año en curso, por las autoridades que en su momento rindieron su informe previo, difiriéndose para esta fecha por las autoridades señaladas en la audiencia, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Secretario de Hacienda y Titular de la Dirección de Recaudación, ambas del Estado de Chihuahua, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante habérsele solicitado oportunamente como se desprende de las constancias de notificación visibles a foja 85 y 86 de autos; por lo tanto de conformidad con lo que establece el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Con relación a la suspensión definitiva de los actos reclamados es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las normas generales que tilda de inconstitucionales, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Apoya esta consideración, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775 del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, lo solicitó la parte quejosa, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia. Ahora bien, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en el pago del impuesto de placas metálicas del vehículo marca ***************, línea ***************, modelo ***************, placas ***************; toda vez que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, contra el cual no procede conceder la medida cautelar de que se trata, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 557, visible en la página 371 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos consumados, si estos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ***************, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos se advierte que al admitir a trámite la demanda se omitió el emplazamiento al Tesorero General del Estado, con sede en Chihuahua, Chihuahua, autoridad que fue señalada como responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según lo establece su cardinal 2, se regulariza el procedimiento y se ordena emplazar a la citada autoridad. Por tanto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la ley en cita, con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la referida responsable que se han señalado las nueve horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil dieciséis, para la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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