Fernanda Arenas Leal

Expediente 529/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
529/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Fernanda Arenas Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a tres de enero de dos mil veintitrés, la Secretaría da cuenta al secretario encargado del despacho con las constancias que obran en autos y con la certificación que antecede. Conste. Monterrey, Nuevo León, a tres de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y las constancias que integran el expediente se advierte que a la fecha ha precluido el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, a fin de que realizaran las manifestaciones que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse legalmente notificados para tal fin, sin que así lo realizaran. Análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional debe dictar resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Destacando que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y, si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, o no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Luego, con base en lo anterior, este órgano de control constitucional procede a analizar si la responsable dio cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En principio, conviene recordar que el artículo 77, de la Ley de Amparo, expresa lo siguiente: "Artículo 77.- Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Concesión del amparo. Ahora bien, una vez acotado lo anterior, visto el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que el once de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se resolvió: "(.)" "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Fernanda Arenas Leal, contra los actos atribuidos al Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando octavo y para los efectos expresados en el último considerando del presente fallo.." Ejecutoria En consecuencia, toda vez que ninguna de las partes recurrió el fallo protector, mediante acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la referida sentencia, por lo que se giraron los oficios 42626/2022 y 42627/2022 al Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y al Juez de Garantías, Juicio y Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores del Estado, a efecto de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo para los siguientes efectos: "a). Deje insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca 116/2022 de su índice; mediante la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido el veintitrés de febrero del año en curso, por los delitos de pornografía infantil, equiparable a la violación y atentados al pudor, dentro de la carpeta de investigación 92/2022 iniciada en contra del entonces adolescente Javier Marcelo Garza Leal. b). Emita una nueva determinación en la que, tomando en consideración lo expuesto y siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, resuelva con perspectiva de género el medio de impugnación interpuesto, prescindiendo de cualquier carga estereotipada en detrimento de la víctima, aquí quejosa, así como de considerar que el dicho de la víctima no es suficiente para acreditar de manera probable la existencia del hecho que la ley señala como delito y que resulta inverosímil que ésta no le haya contado a nadie sobre dicha agresión tras haber pasado más de nueve años entre la fecha en que sucedieron los hechos y la fecha en la que se presentó la querella. c). Realice de nueva cuenta la ponderación de los datos de prueba aportados, debiendo otorgarle a la entrevista de la víctima el valor probatorio correspondiente; y, d). Sin menoscabo de que su libre arbitrio jurisdiccional le lleva a más efectos, considere que tiene elementos suficientes para que la investigación tenga mérito y pueda pasar a otras etapas procesales, esto es, que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de pornografía infantil, equiparable a la violación y atentados al pudor en agravio de víctima y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. e). Hecho lo cual determine las consecuencias jurídicas de esa decisión. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez de Garantías, Juicio y Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores del Estado, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Cumplimiento dado por la autoridad responsable. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la comunicación procesal registrada bajo el folio 015617, por medio de la cual el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, remitió copia certificada de la resolución dictada el cinco de diciembre del año pasado, en toca penal 116/2022, en la cual realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca 116/2022 de su índice; mediante la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido el veintitrés de febrero del año en curso, por los delitos de pornografía infantil, equiparable a la violación y atentados al pudor, dentro de la carpeta de investigación 92/2022 iniciada en contra del entonces adolescente Javier Marcelo Garza Leal. Emitió una nueva determinación en la que en principio realizó una síntesis de lo expuesto por el juez de origen, posteriormente, recreó los agravios expresados por la Representación Social, el Asesor Jurídico de la víctima y la defensa particular del investigado, y toda vez que no advirtió violación procesal alguna, tomando en consideración lo expuesto y siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo resolvió con perspectiva de género y en atención al interés superior del menor, el medio de impugnación interpuesto, en el cual prescindió de cargas estereotipadas en detrimento de la víctima, aquí quejosa. Al respecto consideró idóneo y pertinente el dicho de la víctima para justificar el hecho materia de la imputación, el cual valoró de manera libre y lógica conforme a los numerales 259 y 356 del código procesal aplicable, asimismo, determinó que dicha entrevista se encuentra concatenada con los diversos datos de prueba que obran en la indagatoria de origen, a los cuales les otorgó el valor probatorio correspondiente a esta etapa procesal. Concluyendo de manera fundada y motivada que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de pornografía infantil, equiparable a la violación y atentados al pudor en agravio de víctima y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, motivos por los cuales determinó que al resultar fundados los agravios esgrimidos por la Fiscalía y el Asesor Jurídico de la víctima, resultaba procedente revocar el auto de no vinculación a proceso y en su lugar, decretar auto de vinculación a proceso en contra del investigado Javier Marcelo García Leal. Finalmente, con copia certificada de dicha determinación, ordenó al juez de origen a efecto de que siguiera con las secuelas procesales de la carpeta judicial que se sigue en contra del investigado de referencia. Así las cosas, mediante auto de ocho de diciembre del año pasado, se tuvo por recibida la comunicación procesal 15669, por medio de la cual, en cumplimiento a lo ordenado por la Alzada, el Juez de Garantías, Juicio y Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores del Estado señaló las once horas del nueve de diciembre de dos mil veintidós, a efecto de que se continuara con la etapa procesal correspondiente, asimismo, mediante diverso oficio registrado como 15876 el juez hizo del conocimiento que reprogramó la audiencia correspondiente para las trece horas del catorce de diciembre siguiente. Posteriormente, mediante comunicación procesal 16100 recibida el quince de diciembre siguiente, el juez de origen remitió el disco óptico en formato DVD que contiene en versión digital la audiencia inicial celebrada el catorce de diciembre del año pasado, en la causa penal 92/2022, instruida en contra de Javier Marcelo García Leal, así como copia certificada del acta de audiencia correspondiente, en la cual se impusieron las medidas cautelares que se consideraron pertinentes para garantizar la protección de la víctima y se señaló el término de un mes para el cierre de investigación. Por cumplida. Lo hasta aquí expuesto permite establecer que, desde el punto de vista material y jurídico, se dio cumplimiento a los lineamientos expuestos en el fallo protector de que se trata, habida cuenta que, como se vio, el Magistrado de la Décima Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León: a) Dejó insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca 116/2022 de su índice. b) Emitió una nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo resolvió con perspectiva de género y en atención al interés superior del menor, el medio de impugnación interpuesto, en el cual prescindió de cargas estereotipadas en detrimento de la víctima, aquí quejosa, considerando para tal efecto idóneo y pertinente el dicho de la víctima para justificar el hecho materia de la imputación, el cual valoró de manera libre y lógica conforme a los numerales 259 y 356 del código procesal aplicable. c) Asimismo, determinó que la entrevista de la víctima se encuentra concatenada con los diversos datos de prueba que obran en la indagatoria de origen, a los cuales les otorgó el valor probatorio correspondiente a esta etapa procesal. d) Determinado que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de pornografía infantil, equiparable a la violación y atentados al pudor en agravio de víctima y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, por lo que revocó el auto de no vinculación a proceso emitido por el juez de origen y en su lugar, decretó auto de vinculación a proceso en contra del investigado Javier Marcelo García Leal. e) Por su parte, el Juez de Garantías, Juicio y Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la alzada, continuo con las etapas legales correspondientes imponiendo las medidas cautelares que consideró pertinentes y señaló plazo para el cierre de investigación. De ahí que, se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, dado que las autoridades acataron lo expresamente ordenado, según lo que se acaba de evidenciar. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con digital 165807de rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Archivo. En esa tesitura, con fundamento en lo establecido en el citado numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene la ejecutoria cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos y, en consecuencia, se ordena el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Destacando que no es de relevancia documental al no ser relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. En otro contexto, a efecto de proveer respecto de la depuración o no del presente expediente, debe considerarse como depurable, al encontrarse en los supuestos de lo establecido por el Capítulo Séptimo, artículo 18 inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aunado a que no se encuentra en ninguno de los supuestos de relevancia documental. Hágase la anotación de la circunstancia indicada con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo; y una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese, y personalmente.

  2. Principal

    EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO ANTE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO DE TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS; EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICA POR LISTA, DE CONFORMIDAD CON EN EL NUMERAL 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Agréguese al sumario el comunicado y un anexo que remite en físico la autoridad responsable Juez de Garantías, Juicio y Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores del Estado; en atención al mismo, informa que en la causa ***, celebró una audiencia en catorce de los corrientes, en la que se decretaron las medidas cautelares en contra del quejoso ***, además se señaló como plazo para el cierre de investigación complementaria el término de un mes, que vence en catorce de enero del próximo año. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese al sumario el comunicado2 y un anexo que remite en físico la autoridad responsable Juez de Garantías, Juicio y Ejecución de Medidas Sancionadoras de Adolescentes Infractores del Estado; en atención al mismo, informa que en la carpeta judicial ***, se señalaron las trece horas del catorce de los corrientes, a fin de continuar con la audiencia del procedimiento del investigado ***. A PARTIR DE ESTA DATA, las determinaciones judiciales sólo constarán en forma electrónica. Notifíquese.

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