Fernado Aboytes Alvarez

Expediente 25/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
25/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Fernado Aboytes Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de seis de marzo del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Y DEL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el presente expediente así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en la presente ejecutoria, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento hecho en proveído de catorce de febrero del año en curso, y remite la totalidad de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, glósese la documental recibida vía correo electrónico que remite la Secretaria del Juzgado Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Sin que obste para lo anterior el hecho de que el la documental de mérito, haya sido recibido en la vía indicada, pues se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 210 A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°. Ahora bien, se advierte que lo substancialmente reclamado por la parte quejosa en la presente instancia resulta ser: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; La falta de fundamentación y motivación en la determinación judicial en la que se haya ordenado el acto de molestia que pudiese consistir en el embargo o desposesión de bienes y negocios de mi propiedad, ejecución de sentencia, así como la determinación judicial que cause molestia en mis papeles y derechos reales o personales. De Igual manera la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, en el que se haya ordenado el embargo, ejecución o desposesión de bienes, negocios, papeles de mi propiedad, así como de mis derechos reales o personales. Así las cosas, de las constancias que remiten las autoridades oficiantes, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Del precepto trascrito conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque la demanda fue presentada el dieciséis de enero del año en curso, y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *** de la estadística del Juzgado Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, se advierte que por auto de veinte de febrero del año en curso, la Juez Único Menor Mixto de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, tuvo a la parte actora por desistiéndose de la acción en contra del quejoso *** (foja 105 vuelta), y, se le dio vista para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés convenga. Así las cosas, por providencia de veintiocho de febrero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento al aquí quejoso, y, por consiguiente se tuvo a la parte actora por desistiéndose de la acción en contra del quejoso Fernando Aboytes Álvarez, controvertido que con motivo de su iniciación el quejoso acudió a la presente vía constitucional. En ese contexto, las constancias destacadas actualizan el supuesto de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo que el juicio de amparo es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En relación con ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión ***, se pronunció en el sentido de que, si estando pendiente de resolver un juicio de amparo promovido en contra de una sentencia, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro -con quien previamente había celebrado un acto jurídico- determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio. Lo anterior, porque al informar la autoridad responsable que a la parte se le excluyó de la relación jurídico-procesal, en razón de que la actora del juicio natural se desistió de la acción en su contra, es indiscutible que el objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista el acto reclamado. Las consideraciones anteriores se encuentran inmersas en la tesis 2a. XCVIII/2000 , que reza: ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la que se estudia en el presente, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, cuyos contenidos rezan lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por auto de veintisiete de febrero del año en curso, fijada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se desprende que el Juez Único Menor Mixto, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, no ha remitido las constancias que integran el expediente 527/2017 de su índice, las cuales son necesarias para resolver el presente asunto; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Único Menor Mixto, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngasele por rindiendo informe justificado que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Ahora bien, del análisis de dicho informe se advierte que en el órgano jurisdiccional a su digno cargo se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 527/2017, en el cual el aquí quejoso *** figura como parte demandada en su calidad de aval. De igual manera se desprende que no adjuntó constancia alguna relativa a dicho expediente. Por tal motivo, con apoyo en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Único Menor Mixto, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita la totalidad de las constancias debidamente selladas, cotejadas y foliadas que integran el expediente 527/2017 de su índice, además del documento base de la acción aunque el mismo no obrase en el expediente, pues es de estimarse que al menos en copia debidamente cotejada debe contenerse en los autos del juicio de origen. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

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