Fermin Teomitzi Ipatzi
Expediente 360/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Fermin Teomitzi Ipatzi
- Miguel Piedras Díaz
- Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, cinco de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 3339/2023 del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo el escrito de expresión de agravios, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el referido precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Amparo en revisión
PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ----, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta misma sentencia.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido al quejoso ********************, mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a la vista ordenada en el mismo sin que lo haya hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto a la ponencia del Magistrado que suscribe, para los efectos legales procedentes. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala. A veintiocho de abril de dos mil veintitrés acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, conforme a lo dictaminado en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinte de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S, para dictaminar los autos del recurso de revisión administrativo número 360/2022; y, De conformidad con los artículos 62 y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado advierte de oficio la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del mismo ordenamiento. I. ANTECEDENTES. Es importante destacar los antecedentes que se obtienen de la copia cotejada del expediente Procedimiento Administrativo 001/2022, que adjuntó el Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala, a su informe justificado, así como de lo narrado por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad. Nos referimos a los siguientes: 1. El quejoso, en antecedentes de la demanda de amparo indirecto, narró que el trece de noviembre de dos mil veintiuno adquirió la propiedad del inmueble ubicado en Avenida José María Morelos, número cuatrocientos doce, colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala, y el quince de febrero de dos mil veintidós obtuvo del Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del citado municipio, el permiso de demolición, dictamen de uso de suelo y licencia de construcción respecto del referido bien. El veintidós de febrero del año próximo pasado se procedió a demoler la barda que colinda en la parte Oriente del citado bien inmueble, así como a realizar la limpieza y nivelación (fojas 4 y 5 del expediente de amparo indirecto)." 2. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala, en ausencia de dicho Director, emitió la orden de visita contenida en el oficio 401.2C.17-2022/0154, dirigido al "Propietario del Inmueble Ubicado en Avenida Morelos 412 Centro, Apizaco, Tlax.", que se transcribe a continuación (foja 245 del expediente de amparo indirecto): "Tlaxcala, Tlax, a 24 de febrero de 2022. No. De Oficio 401.2C.17 2022/0154. PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA MORELOS 412 CENTRO, APIZACO, TLAX. PRESENTE: La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, faculta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para otorgar autorizaciones para realizar obras en Monumentos Históricos, igualmente faculta para suspender cuando no se cubren los requisitos establecidos en la misma, por lo que en términos de las disposiciones legales 1, 2, 5 fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1, 2, 3 fracción IV, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 35, 36 fracción I, 42 y 44 de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, y los similares 42 y 43 del Reglamento de la citada Ley, en relación con los diversos artículos 1, 2, 12, 13, 14, 16, 18, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se ha constatado que se realizó la demolición del Monumento Histórico ubicado en Avenida José María Morelos, número exterior 412, Colonia Centro Apizaco, Tlaxcala, con número de clave 1-0012900097 en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles; y que es colindante al Monumento Histórico con número de clave 1-0012900096 en el referido Catálogo. Ahora bien, toda vez que las obras que se realizan constituyen una violación a la Ley Federal en la materia, se procede a la SUSPENSIÓN DE LA OBRA, como medida provisional para asegurar la eficacia de la resolución que recaiga en el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que se instrumentará por desacato a esta indicación, esto por los daños ocasionados al Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, se ordena la colocación de sellos de suspensión de obra. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, se cita a Usted para que comparezca el día 28 de febrero del año en curso, a las 11:00 horas, en las oficinas que ocupa el Centro INAH Tlaxcala, sito en Avenida Benito Juárez No. 62, Centro de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala; a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, y le sea notificado la apertura del procedimiento administrativo iniciado en su contra, haciendo de su conocimiento que puede ser acompañado por su abogado, con cédula profesional.". 3. El mismo veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala se constituyó en el inmueble ubicado en Avenida Morelos, número cuatrocientos doce, Colonia Centro, Apizaco, a efecto de constatar la situación, características y especificaciones de la obra realizada en ese bien, lo que tuvo verificativo en términos del acta que a continuación se inserta (foja 242 ídem): 4. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, Miguel Piedras Díaz compareció a las oficinas que ocupa el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala, data en la que tuvo verificativo la audiencia que a continuación se cita: II. Por otro lado, de la demanda de amparo indirecto se obtiene que el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se transcriben: "III.- LA AUTORIDAD o AUTORIDADES RESPONSABLES.- a. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio legal en la Ciudad de México. b. C. Secretario de Gobernación Federal, con domicilio legal en la Ciudad de México. c. H. Congreso de la Unión, con domicilio legal en la Ciudad de México. d. Director del Diario Oficial de la Federación, con domicilio legal en la Ciudad de México. e. Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tlaxcala, con domicilio en Avenida Benito Juárez, número 62, Colonia Centro, de la Ciudad de Tlaxcala. f. Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tlaxcala, actuando en el ámbito de sus funciones y en ausencia de Director del Centro INAH Tlaxcala, con domicilio en Avenida Benito Juárez, número 62, Colonia Centro, de la Ciudad de Tlaxcala. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. De las autoridades señaladas con los incisos a), b), c), d).- Les reclamo su participación, según corresponde en el ámbito de su competencia constitucional originaria, en la formación de los artículos 5 Bis, 5 Ter, 6, 7, 10 y 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zona Arqueológicas, Artísticos e Históricos, es decir, su particular intervención en la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, publicación, entrada en vigor y aplicación constitucional, de esos dispositivos legales, por considerar que esos dispositivos legales violan derechos humanos de "seguridad jurídica" y "debido proceso" consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las autoridades responsables señaladas en los incisos e) y f), se reclama el ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN por vicios propios, y las consecuencias jurídicas que de ella emanen, practicada el día veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo identificado con el número 401.2C.17-2022/0154." (fojas 3 y 4 del expediente del amparo indirecto). Además, el quejoso agregó: "Acta de verificación la cual manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se practicó y notificó al C. Ingeniero JOSÉ DE JESÚS RIGOBERTO VÁZQUEZ CAHUANTZI, en su carácter de Director Responsable de Obra, que se está construyendo en el inmueble de mi propiedad, acta de la cual tuve conocimiento el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós, data en la cual, el antes nombrado, me entregó físicamente la notificación que dejó el visitador comisionado, por lo que, procedí a constituirme en el Centro INAH Tlaxcala, en donde tuvo verificativo una audiencia en la cual se me hizo del conocimiento los pormenores de la diligencia practicada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós" (foja 4 ídem). Asimismo, en los antecedentes narrados en la demanda de amparo indirecto, el impetrante, en lo que resulta de interés, dijo: "4.- Se da el caso que el día lunes veintiocho de febrero del año en curso, fui informado por parte del C. Ingeniero JOSÉ DE JESÚS RIGOBERTO VÁZQUEZ CAHUANTZI, en su carácter de Director Responsable de la Obra, que el día jueves veinticuatro de febrero de este mismo año, aproximadamente a las dieciséis horas, sin mediar citatorio alguno, hasta el inmueble de mi propiedad se constituyó un visitador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevando consigo una orden de visita exigiendo el permiso de dicha institución para haber demolido la pared y/o fachada que ya se había derrumbado y como no se contaba con el mismo, procedió a fijar seis sellos oficiales de suspensión de obra; lo cual causó extrañeza al suscrito en virtud de que como ya se lo adelanté en líneas que anteceden, respecto de la obra civil se contaba con todos los permisos que para el caso, el H. Ayuntamiento Constitucional de Apizaco, Tlaxcala, me había exigido, por lo que al no haberse practicado ni notificado acta de visita de verificación con el suscrito, me constituí en la oficinas del INAH en Tlaxcala, cito en Avenida Juárez, número 62, Colonia Centro, en donde fui atendido por la Maestra en Derecho PATRICIA DEL CARMEN BAEZ PORTILLO, quien se ostentó como Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales, en donde en mi carácter de propietario se me hizo del conocimiento de la diligencia practicada el día veinticuatro de febrero del año en curso, en el inmueble de mi propiedad, informándome que el motivo de la colocación de sellos que impide al acceso a mi propiedad es derivado de la acción consistente en la demolición de la barda y/o fachada ya que esta se consideraba como un monumento histórico y que también colinda con otro inmueble considerado como monumento histórico, indicándome que si el suscrito deseaba contar con más información detallada, debía pedir por escrito copias certificadas del expediente administrativo. 5. Finalmente previo pago de mis derechos fiscales el día diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, el señor Director del Centro INAH Tlaxcala, Licenciado JOSÉ VICENTE DE LAS ROSA HERRERA, me expidió copias cotejadas de las constancias que integran el expediente administrativo 401.2C.17-2022/0154, constante de 18 fojas útiles. Anexo cinco, data en la cual pude conocer de manera directa, exacta y completa, el acto reclamado, es decir, me pude percatar que las autoridades señaladas como responsables del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Tlaxcala, ha actuado completamente al margen de la ley, vulnerando mis derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; motivos por los cuales comparezco ante esta autoridad a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal" (foja 6 del ídem). Finalmente, en conceptos de violación, expuso: "VII.-CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PRIMERO. EN RELACIÓN AL ACTO RECLAMADO RELATIVO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 5 Bis, 5 Ter, 6, 7, 10 y 12, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, debo decir que, dichos dispositivos legales se tornan inconstitucionales porque en ellos se imponen obligaciones a los gobernados, una vez que, se realice de manera oficiosa la declaración de que un inmueble es considerado como monumento histórico, sin que dichos artículos prevean un procedimiento o recurso efectivo en el que se pueda suspender las medidas precautorias que al efecto se dicten para conservar el bien del que se trate o para que los afectados se inconformen contra dicho acto de aplicación o de molestia, lo que los traduce en contra de la constitución. En efecto, los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los (LOS TRANSCRIBE) Por su parte el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacta de San José), establece lo siguiente: "... Artículo 25.- Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." De los dispositivos legales antes transcritos se advierte con meridiana claridad que, constituye un derecho humano para los gobernados que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y que, en el procedimiento en el que se haga valer ese acto de molestia, se sigan las formalidades esenciales del mismo, finalmente que, en contra de las determinaciones de autoridad, pueda impugnarse tal decisión a través de un recurso efectivo. En la especie, se vulnera la institución conocida como "CONFIANZA LEGÍTIMA" la cual constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad, ya que del texto de los dispositivos legales que se tildan de inconstitucionales, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el suscrito quejoso me encuentro en un estado de indefensión pues "no sé a qué atenerme" respecto del contenido de esos artículos, en relación a la propia actuación de la autoridad, ya que en contra del acto de molestia como lo es la declaratoria de que, el inmueble de mi propiedad es considerado como monumento histórico, no existe recurso alguno, y por tanto, me vio imposibilitado de impugnar dicho acto de aplicación, lo cual en un estado democrático no tiene cabida, porque el derecho a la seguridad jurídica se encuentra reconocido ampliamente en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos en comento vulneran el derecho humano de tutela judicial a un recurso efectivo, previsto en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto del cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en los Casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Mohamed vs. Argentina y Liakat Ali Alibux vs. Suriname, determinó que, el fin del recurso es garantizar el acceso a un medio ordinario de defensa que otorgue la posibilidad de una revisión integral y amplia de la decisión impugnada, la cual debe incluir todas las determinaciones esenciales en las que se sustenta el fallo recurrido pues, de otra manera, el recurso sería ilusorio, al no poder revisar la actuación del Juez de primera instancia. Sobre el particular conviene traer a colación el criterio de jurisprudencia cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: (cita datos de identificación) "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD" (lo transcribe). "SEGUNDO.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN TORNO A LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS atribuidos al Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tlaxcala, y Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro del Instituto. Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tlaxcala, actuando en el ámbito de sus funciones y en ausencia del Director del Centro INAH Tlaxcala, sobre el particular debe decirse que, se tildan de inconstitucional los actos atribuibles a dichas autoridades ya que, considero que en la especie no tienen ni jurisdicción ni competencia para haber ordenado una visita de verificación al inmueble de mi propiedad y menos aún el haber colocado sellos de suspensión de obra, vulnerando con ello mi derecho humano de propiedad en cuanto a poder disponer y disfrutar del referido inmueble, esto se dice así, en virtud de que como premisa fundamental para poder causar actos de molestia a mi persona en relación a mi propiedad, los funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro Tlaxcala, debieron tener la certeza jurídica de que el inmueble ubicado en Calle José Maria y Morelos, número 412, Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco. Tlaxcala, ES CONSIDERADO COMO MONUMENTO HISTÓRICO DE ACUERDO A UN DECRETO PRESIDENCIAL DEBIDAMENTE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN E INSCRITO TANTO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, ASÍ COMO EN LA DIRECCIÓN DE NOTARÍAS Y REGISTROS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, y no actuar ligeramente en base a un documento denominado "Ficha técnica", consultable en la página web http://catalogonacionalmhi.inah.mx/consulta_publica/detalle/74197 pues esa ficha no puede sustituir a un Decreto Presidencial. En efecto, los artículos 5, 5 Bis y 5 Ter, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establecen lo siguiente: (Los transcribe). Del contenido de dichos dispositivos legales se desprende meridiana claridad que: La zona de monumentos históricos son los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte. Que una vez colmado el procedimiento establecido en los artículos 5 Bis y 5 Ter, de la Ley de la materia, el Presidente de la República o en su caso, el Secretario de Cultura, expedirá la declaratoria correspondiente, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación. Que el acuerdo del procedimiento de declaratoria de monumentos, se notificará personalmente a quien pudiera tener interés jurídico, debiendo la autoridad realizar un resumen en el que se establezca el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Los interesados tendrán un término de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. Recibido el expediente tanto el Secretario de Cultura como el Presidente de la República, según sea el caso, expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario. Todo este procedimiento fue revocado de un plumazo por las responsables, pues pretenden justificar sus actos a través de una "ficha técnica" carente de valor jurídico. En efecto, de las copias cotejadas expedidas por el Director del Centro INAH Tlaxcala, constante de 18 fojas útiles, se advierte que, existe un documento denominado CONSULTA PÚBLICA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida José María Morelos, número 412, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, con clave de ficha I-00 12900097, en donde consta lo siguiente: En la parte superior: "La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación". En el rubro de "ASPECTOS LEGALES": Régimen de propiedad: Propiedad privada-persona física. Folio real RPMZAH: Sin información. Folio y denominación ZMH: Ninguno. Listado en declaratoria de zona de monumentos históricos: Sin información. Ubicado en la zona de monumentos históricos: Sin información. sitio inscrito en la lista de patrimonio mundial UNESCO: No Declaratoria de monumento histórico: No. Y en la parte posterior: Esta ficha contiene la información que se encuentra en la base de datos del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, la cual constituye una herramienta de trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia utiliza para la identificación de inmuebles con valor patrimonial, así mismo, es un instrumento de soporte técnico, documental y académico en constante actualización, que permite formular y promover programas para la protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico Edificado. La utilización de este material únicamente con fines de consulta"... (sic). Así las cosas, en la especie se advierte que, las autoridades señaladas como responsables adscritas al Centro INAH Tlaxcala, vulneraron de manera flagrante el contenido de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pues como ya se adelantó en líneas que anteceden, en dicha ley de corte federal se establecen los mecanismos y requisitos para que un bien inmueble sea considerado como monumento histórico, requisitos que se insiste, no pueden ser sustituidos a través de un "ficha técnica" y sólo por una manifestación unilateral sin contar con un dictamen técnico de que la construcción data del siglo XIX. No debe soslayarse que al no contar con un mecanismo de publicidad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, con un antecedente ante el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, o ante la Dirección de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, el suscrito obtuve ante la autoridad administrativa competente las autorizaciones para la demolición de una barda y/o fachada, y para la edificación de una construcción nueva, habiéndose consumado el acto que la responsable aduce en el acta de verificación y que, según sus facultades estaba obligada a conservar, sin embargo, debe decirse que, NADIE PUEDE APROVECHARSE DE SU PROPIO DOLO O NEGLIGENCIA; esto es que, en el supuesto sin conceder de que el inmueble de mi propiedad pudiese haberse clasificado como Monumento Histórico era obligación de la responsable el tramitar de manera oficiosa el procedimiento para su declaratoria, ya sea por parte del Secretario de Cultura o del Presidente de la República, y dar intervención a mis vendedores o al suscrito en ese procedimiento y una vez culminado publicarlo en el Diario Oficial de la Federación e inscribir en los Registros Públicos antes mencionados, esa declaratoria. Empero, al no haberse hecho esto así, resulta claro que las responsables no tienen jurisdicción ni competencia para causar los actos de molestia de los que me duelo a través de este juicio protector de derechos humanos". III. Una vez precisadas lo anterior, se advierte que la demanda de amparo no fue presentada dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que en el presente juicio podría actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, toda vez que si bien el impetrante reclama la inconstitucionalidad de diversos preceptos, esto lo hace depender del primer acto de aplicación. Previamente, es importante mencionar que no pasa inadvertida para este tribunal la consideración que expuso la A quo en el considerando Segundo, al precisar el acto reclamado, y decir: "Asimismo, es oportuno puntualizar, que no pasa desapercibido para la suscrita que en el acta de visita de verificación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar que se entendió la diligencia con quien aseguró ser el propietario del inmueble, sin embargo, no proporcionó identificación, ni firmó el acta relativa, por ende, debe tenerse como fecha en que el ahora solicitante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero del actual" (se refiere a veintiocho de febrero de dos mil veintidós). Sin embargo, lo dicho por la juez de Distrito sólo se trata de una simple apreciación, sin que implique un pronunciamiento de fondo respecto de la temporalidad en la presentación de la demanda de amparo, de ahí que no exista cosa juzgada en relación a ese tema. Una vez precisado lo anterior, el artículo 61, fracción XIV de La Ley de Amparo es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." En el precepto transcrito se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. En relación con ello, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando la parte quejosa no lo promueve dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que: (i) haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado; (ii) se haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, (iii) se ostente sabedora del acto reclamado. En la primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. En cualquiera de esas hipótesis, la fecha de la que debe partir el análisis de oportunidad debe estar plenamente probada y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1./J. 30/2007, registrada con el numeral 172550, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Común, cuyo título y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En el asunto en estudio, este Tribunal Colegiado considera que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala se constituyó en el inmueble ubicado en Avenida Morelos, número cuatrocientos doce, Colonia Centro, Apizaco, a efecto de constatar la situación, características y especificaciones de la obra realizada en ese bien. Ahora, de acuerdo a lo asentado en dicha acta, se puede concluir que fue en esa fecha (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós), en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados [segunda hipótesis del conocimiento del acto]. En efecto, de la citada diligencia se advierte que la funcionaria encargada de realizarla asentó que se entendió con quien aseguró ser propietario del inmueble objeto de la litis constitucional; a quien se le hizo saber el objeto de la visita, es decir, hacer constar la situación, características y especificaciones de las obras que se encuentran realizando en el mismo bien; asentando que se trata de un monumento histórico, del siglo XIX; cuyo uso anterior fue habitacional. Además, se asentó que se le dio el uso de la palabra al visitado, y que no mostró cooperación en el momento de levantar el acta; y, que se hizo constar las observaciones y circunstancias que se presentan en la obra objeto de la verificación, precisando que no existe permiso del "INHA". Finalmente, se hizo constar que fueron colocados sellos oficiales de suspensión de obra; que el acta se concluyó a las quince horas con cincuenta minutos de la misma data, precisando que se dio lectura a la misma; y, que se entregó copia de dicha actuación al visitado. Ahora, de lo dicho en la demanda de derechos fundamentales, quien es el propietario del inmueble objeto de la citada visita de verificación es el propio quejoso, esto es, Miguel Piedras Díaz. De ahí que, sin prueba alguna en contrario, es dable concluir que la referida visita se entendió con el promovente del amparo. Lo anterior se refuerza con lo asentado en el acta consignada con motivo de la diligencia que tuvo verificativo el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, data en la que Miguel Piedras Díaz compareció a las oficinas que ocupa el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala, según se asentó, en atención al oficio 401.2C.17 2022/0154, quien en uso de la palabra manifestó que la construcción que realiza en el referido bien la llevó a cabo tratando se seguir el procedimiento correspondiente, sin que tuviera conocimiento de algún trámite ante dicho instituto. Por tanto, es claro que el impetrante, al momento de la referida diligencia, no realizó alguna manifestación de que fuera en ese acto en que tenía conocimiento de la diligencia de veinticuatro anterior o en sí del procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados; por el contrario, atendiendo a los términos de su comparecencia es que se puede advertir que ya conocía del mismo. Sin que pase inadvertido que en la demanda de amparo indirecto el quejoso manifestara, bajo protesta de decir verdad, que fue el mismo veintiocho de febrero de dos mil veintidós en que tuvo conocimiento del acta de verificación, toda vez que fue en esa data en la que José de Jesús Rigoberto Vázquez Cahuantzi, quien en su carácter de director responsable de obra que se está construyendo en el multicitado inmueble, le informó que el veinticuatro anterior, aproximadamente a las dieciséis horas, sin mediar citatorio alguno, en el inmueble de su propiedad, se constituyó un visitador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevando consigo una orden de visita, exigiendo el permiso de dicha institución para demoler la pared y/o fachada que ya se había derrumbado y como no se contaba con aquél procedió a fijar sellos oficiales de suspensión de obra, esto a pesar de contar con todos los permisos que para el caso le exigió el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. Además, el impetrante continuó argumentado que al no haberse practicado ni notificado el acta de visita de verificación, fue que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós se constituyó en la oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, en donde fue atendido por la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales, quien le informó de la diligencia practicada el veinticuatro anterior en el inmueble de su propiedad, precisándole que el motivo de la colocación de sellos es derivado de la demolición de la barda y/o fachada por ser considerado como monumento histórico, y que también colinda con otro inmueble del mismo tipo, indicándole que si deseaba contar con más datos debía pedir por escrito copias certificadas del expediente administrativo. Además, dijo el quejoso que fue el diecisiete de marzo de dos mil veintidós que obtuvo las referidas copias, en las que pudo conocer de manera directa, exacta y completa el acto reclamado, es decir, pudo percatarse que las autoridades señaladas como responsables del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala han actuado al margen de la ley, vulnerando sus derechos (puntos "4" y "5" de la demanda de amparo). No obstante lo manifestado por el quejoso, lo cierto es que no demostró que la diligencia de visita de verificación, de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se haya atendido con diversa persona de quien dijo ser el dueño; carácter que por su propio dicho, recae en el mismo solicitante del amparo. En efecto, el quejoso no ofreció pruebas para demostrar que fuera falso lo asentado en el acta de verificación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de que dicha diligencia se entendió con quien dijo ser el propietario del inmueble. Aunado a lo anterior, si el quejoso afirmó que la diligencia de visita de inspección no se entendió con él, como lo dijo en el punto cuatro de la demanda de amparo, sino con José de Jesús Rigoberto Vázquez Cahuantzi, es que debió combatir lo asentado en el acta correspondiente, sin que lo haya hecho, pues sólo se limitó a realizar manifestaciones en ese sentido, sin ofrecer medios de convicción que lo sustentaran. Se insiste, el quejoso no desvirtúa los hechos asentados en el acta correspondiente a la visita de inspección, esto es, respecto de la personas con la que se dijo se entendió la diligencia, el hecho de que no quiso identificarse y que bajo protesta de decir verdad dijo ser el visitado, toda vez que no formuló argumento alguno, no obstante haberlo reclamado. En ese sentido, debe tenerse por firme esas manifestaciones a efecto de que demostrara lo expresado bajo protesta, pues no basta exponerlo en esos términos, sino que tiene que demostrarlo, toda vez que el quejoso invocó un hecho que era su carga acreditar, sin que esto se satisfaga con la simple protesta de decir verdad. Incluso, en los conceptos de violación (trascritos en fojas 12 a 17 de esta determinación), el quejoso sólo plantea la inconstitucionalidad de los artículos 5 Bis, 5 Ter, 6, 7, 10 y 12, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, bajo el argumento toral de que en los citados preceptos se imponen obligaciones a los gobernados, una vez que se realice de manera oficiosa la declaración de que un inmueble es considerado como monumento histórico, sin que prevean un procedimiento o recurso efectivo en el que se puedan suspender las medidas precautorias que al efecto se dicten para conservar el bien del que se trate o para que los afectados se inconformen contra dicho acto, lo que afirmó es contrario a lo previsto en la Constitución Federal. Además, el impetrante se refiere a lo que denomina la institución conocida como "confianza legítima", la que dice constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad, ya que del texto de los dispositivos legales que tildó de inconstitucionales se encuentra en estado de indefensión, al no saber a qué atenerse. Asimismo, afirma que los artículos en comento vulneran su derecho humano a la tutela judicial efectiva prevista en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8 y 2, inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el diverso 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hace referencia a la sentencia dictada en los Casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Mohamed vs. Argentina y Liakat Ali Alibux vs. Suriname. En tanto que, en el segundo concepto de violación, el impetrante afirma que los actos reclamados atribuidos al Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tlaxcala, así como a la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del mismo instituto, actuando en el ámbito de sus funciones y en ausencia del director del propio organismo, son inconstitucional porque dichas autoridades no tienen jurisdicción ni competencia para ordenar una visita de verificación al inmueble de su propiedad y menos colocar sellos de suspensión de obra, vulnerando con ello su derecho humano de propiedad en cuanto a poder disponer y disfrutar del referido inmueble. Continúa argumentando que para que el bien inmueble objeto de la litis constitucional sea considerado como monumento histórico debe ser conforme a un decreto presidencial debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación inscrito tanto en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, y no sólo actuar con sustento en un documento denominado "ficha técnica", porque incluso de la consulta en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles no es un monumento histórico. Finamente, afirma el quejoso que no debe soslayarse que al no contar con un mecanismo de publicidad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, con un antecedente ante el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, o ante la Dirección de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, fue que sólo obtuvo ante la autoridad administrativa competente las autorizaciones para la demolición de una barda y/o fachada, y para la edificación de una construcción, habiéndose consumado el acto que la responsable aduce en el acta de verificación y que, según sus facultades estaba obligada a conservar, pasando por alto que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o negligencia. Por tanto, es claro que al exponer los conceptos de violación que consideró procedentes el impetrante en ningún momento se inconformó con lo asentado en el acta de visita de verificación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se tiene por cierto lo asentado en la misma, y con esto que el quejoso conoció del acto en la referida data. Sin que baste el argumento del quejoso cuando afirma que fue hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en que obtuvo copia de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, que conoció de manera directa, exacta y completa el acto reclamado, toda vez que al gozar de presunción de legalidad la referida acta de visita de verificación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y constar en ésta que se entendió con quien dijo ser el propietario del inmueble, que resultó ser precisamente Miguel Piedras Díaz, sin prueba alguna que desvirtué su contenido, es que se le otorga pleno valor probatorio. De ahí que, no basta la afirmación del impetrante "bajo protesta de decir verdad" de los hechos y abstenciones que dijo sirven de fundamento a la demanda de derechos fundamentales, toda vez que existe medio de convicción que desvirtúa lo aseverado en la demanda de amparo relacionado con la fecha en que conoció del acto, esto es, con el acta de visita de verificación, cuya eficacia probatoria, como se ha visto, no fue desvirtuada. Por ende, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se concluye que la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa se presentó en forma por demás extemporánea, como se muestra enseguida: Febrero 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FECHA EN QUE CONOCIÓ DEL ACTO 25 DÍA UNO 26 27 28 DÍA DOS Marzo 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 DÍA TRES 2 DÍA CUATRO 3 DÍA CINCO 4 DÍA SEIS 5 6 7 DÍA SIETE 8 DÍA OCHO 9 DÍA NUEVE 10 DÍA DIEZ 11 DÍA ONCE 12 13 14 DÍA DOCE 15 DÍA TRECE 16 DÍA CATORCE 17 DÍA QUINCE 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Como se muestra, la notificación del acto reclamado surtió efectos el mismo veinticuatro de febrero de dos mil veintidós1, por lo que el plazo de quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con el que el quejoso contaba para presentar su demanda de amparo transcurrió del veinticinco del mes y año en cita al diecisiete de marzo posterior, sin contar los días veintiséis y veintisiete de febrero, así como cinco, seis, doce y trece de marzo, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 del referido ordenamiento2. Sirve de apoyo a lo anterior jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el tomo II, Novena Época, correspondiente agosto de mil novecientos noventa y cinco, registrada con el número 204707, criterio que comparte este organo colegiado, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por lo que se considera que el acto que reclama la parte promovente fue consentido tácitamente, ya que se presentó la demanda de amparo fuera del término legal de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos, ya que es inconcuso, sin prueba alguna en contrario, que si el acta de verificación se realizó con el propio impetrante el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y fue hasta el veintidós de marzo siguiente en que promovió el juicio de amparo que dio origen a este expediente, ésta se presentó de forma por demás extemporánea. En consecuencia, la resolución reclamada debe considerarse tácitamente consentida para todos los efectos legales. Máxime que la naturaleza del acto reclamado no permite ubicarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, no se actualiza ningún supuesto de excepción porque el acto reclamado no constituye normas generales autoaplicativas (fracción I); no constituye sentencias condenatorias dictadas en un proceso penal (fracción II); no constituye actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y, no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (fracción IV); lo cual revela de manera manifiesta e indudable la extemporaneidad de la promoción del juicio de amparo. De ahí que, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, resulta incuestionable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de marzo siguiente), ya había transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto para su impugnación; de ahí que probablemente se actualice, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Finalmente, el sobreseimiento de mérito se hace extensivo, en cuanto a los diversos preceptos reclamados, que se impugna con motivo del acto de aplicación precisado, toda vez que no se puede desvincular el estudio de una ley y este último, por lo que al resultar el amparo improcedente contra el acto de aplicación, también resulta improcedente contra la ley impugnada. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 191131, Tomo XII, agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, página: 235, del rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". Igual es aplicable, por las razones que informa, la tesis aislada 2a. CLXXV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 190630, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 447, de rubro y texto siguientes: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas". En este punto, es importante señalar que la posible actualización de la causa de improcedencia en comento deriva de los actos de aplicación y no de la norma reclamada, precisamente porque es aquél el que se debe considerar para determinar la procedencia de la acción; y no la que atañe a la norma reclamada. En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse probablemente la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es posible sobreseer en el juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede remitir el presente proyecto a la Secretaría de Acuerdos de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito para que notifique como corresponda únicamente a la parte quejosa Miguel Piedras Díaz, el presente dictamen en el que se aborda la posible actualización de la causal de improcedencia de que se trata, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación relativa correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga; y una vez que se cumpla con lo anterior, se esté en condiciones de dictar el fallo que corresponda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia". Determinación que se emite en forma colegiada, debido a que una vez cumplidas las condiciones que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la oportunidad para dar vista a la parte quejosa, ocurre en el momento en que se tiene la certeza del posible surgimiento de una causal de improcedencia o sobreseimiento, es decir, la obligación prevista en el precepto citado surge cuando, en sesión, como en el caso acontece, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad, tal y como lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), visible en la página 8, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Por lo expuesto y fundado, se; D I C T A M I N A: PRIMERO. Se advierte que en el juicio de amparo indirecto respecto de la constitucionalidad reclamada pudiera actualizarse diversa causal de improcedencia. SEGUNDO. Dese vista a la parte quejosa Miguel Piedras Díaz, con la posible causal de improcedencia aludida en este dictamen, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. TERCERO. En lista. Notifíquese.
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