Fermin Soto Espinosa

Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1003/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Fermin Soto Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Se determina: el auto que desechó la demanda de amparo (siete de noviembre de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE... Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio (con anexo) firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Devuelve las constancias relativas a la diligenciación del exhorto 402/2022-III orden 599/2022-III del índice de este órgano jurisdiccional. El quejoso ********** fue notificado el catorce de noviembre pasado (por lista de acuerdos, previo citatorio) de la determinación de siete de noviembre del presente año (desechamiento) emitida en este asunto. Sin que sea necesario acusar recibo. Es generado automáticamente dada la remisión electrónica. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, la parte quejosa no señaló domicilio en donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, hágansele por lista de acuerdos, hasta en tanto subsane dicha omisión. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio (con anexos) signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y anexos que acompaña. Remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1047/2022 de su orden cronológico. Por resolución de veintiséis de octubre pasado, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del citado expediente, formado con la demanda promovida por Fermín Soto Espinosa, contra actos del 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este Juzgado de Distrito acepta la competencia y procede conocer de la demanda de amparo. Fórmese expediente. Regístrese con el número 1003/2022-III en el Libro de gobierno correspondiente. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte el impetrante reclama esencialmente: -La resolución administrativa dictada en el procedimiento administrativo disciplinario que lo separa de forma definitiva del cargo como policía. Emitida por las autoridades señaladas como responsables dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz. Es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia cuando: 1. Exista un medio de defensa o juicio en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 2. Que la ley que establece ese medio de defensa o juicio brinde la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo. 3. Que esa ley no exija mayores requisitos que la ley de la materia para la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El artículo 280, fracción IX, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece: Artículo 280. Procede el Juicio Contencioso en contra de: (.) IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; (.) Por su parte, el precepto 5, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa establece, entre otras cuestiones, que el Tribunal es competente para dirimir las controversias entre la administración pública estatal o municipal y los particulares, así como entre los Organismos Autónomos y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la Ley General determine como graves. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos. Conforme a la fracción XVI, las señaladas en el citado ordenamiento jurídico y otras leyes como competencia del Tribunal (el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, entre otros). En el penúltimo párrafo del numeral 5 en comento prevé que, para los efectos del primer párrafo de ese artículo, por resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa o cuando violen garantías judiciales. Conforme a lo anterior, lo aquí reclamado (separación del trabajo en forma definitiva, con motivo de un procedimiento administrativo disciplinario) se ubica en la hipótesis del artículo 280, fracción IX, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Motivo por el cual la parte quejosa debe impugnarlo a través del juicio contencioso a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige al amparo. A su vez, de conformidad con los arábigos 305, 305 bis y 306 del citado código administrativo del Estado -reformados en términos de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete-, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo no se exigen mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Asimismo, el citado código local establece que la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables. Por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Como apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 326, Décima Época, registro 2020596, siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. En virtud de lo anterior, se itera, la parte quejosa debe promover el juicio contencioso administrativo, previo acudir a la acción constitucional. Por lo tanto, la demanda de amparo es improcedente. Es aplicable al caso, por las razones que la informan, la tesis 150 (H) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011. Tomo IV. Administrativa Tercera Parte - Históricas Primera Sección - SCJN, página 1480, Novena Época, con registro 1008130, de rubro y texto siguiente: POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA [TESIS HISTÓRICA]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a. CLXI/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 429, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", así como en las consideraciones en que sustentó dicho criterio, determinó que la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa. En congruencia con lo antes expuesto, en contra de la resolución que determina la responsabilidad administrativa de un agente de la Policía Judicial Federal y decreta su remoción, cualquiera que sea la causa de ésta, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, por lo que en términos de lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, dicho medio ordinario de defensa debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda origen de este asunto, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de la materia a ****. Tiene su cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL PRESENTE AUTO. En la demanda de amparo se observa la parte quejosa tiene domicilio procesal en: -***. Lugar que se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado. Por lo tanto, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto segundo de esta última, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, a efecto de que notifique este proveído a la parte quejosa. Asimismo, en el acto de la diligencia, la persona actuaria le requiera para que señale domicilio dentro de esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, para oír y recibir notificaciones. Apercibido de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la ley de la materia, hasta en tanto subsane tal omisión. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

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