Fermín Romero Butrón
Expediente 63/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/02/2017
Partes del expediente
- Fermín Romero Butrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ***, por derecho propio, con el que desahoga la prevención decretada el diecinueve de enero del mes en que se actúa, por lo que se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: El auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente ****, por el Juez Sexto de Primera Instancia Familiar en el Estado de Querétaro, mediante el cual se ordena que se hagan por lista las notificaciones personales al ahora quejoso, y como consecuencia; La orden de desocupación del inmueble ubicado en ***, Municipio de Corregidora, Querétaro, ordenada en el expediente***relativo al juicio de orden familiar sobre custodia definitiva de menor. Así, por cuanto hace al acto reclamado señalado en el inciso a) no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, los artículos 584 a 588 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, establecen lo siguiente: Artículo 584.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 585.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 586.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V, Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 587.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 588.- Sólo formará incidente de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se fallarán en la sentencia definitiva. Del enunciado normativo trascrito, se advierte que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; asimismo, las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II del código adjetivo en cita, serán nulas. De igual forma, se señala que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, y sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Ahora bien, en el presente asunto el quejoso reclama el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 526/2014, por el Juez Sexto de Primera Instancia Familiar en el Estado de Querétaro, mediante el cual se ordena que se hagan por lista las notificaciones personales al ahora quejoso. En ese orden, el quejoso puede interponer como medio de defensa el incidente de nulidad de actuaciones en contra de dicho auto, pues con dicho medio puede ser nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 3a./J. 17/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octubre de 1992, página 15, la que se transcribe: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.", sustentó el criterio siguiente: "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...", debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -incidente de nulidad- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de cada parte, en el que se haga valer lo que en derecho corresponda a cada uno; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne -emplazamiento, notificación-, es de plazo razonable, ya que se tramita, con un escrito de cada parte, con tres días para resolver, sólo en caso que se ofrezcan pruebas se cita para audiencia dentro del término de diez días, diferible por una sola vez. Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto, en tal situación, se desecha la demanda por cuanto hace al acto reclamado precisado en los párrafos que anteceden, por las consideraciones ahí contenidas. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la orden de desocupación del bien inmueble ordenada en el expediente 526/2014 del índice la autoridad responsable, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a contrario sensu, pues el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución de dicha sentencia, al respecto dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De conformidad con lo previsto en el segundo de los numerales en comento, y en los procedimientos de ejecución, la última resolución es aquélla en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso en concreto, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues la orden de desocupación del inmueble ubicado en ****, Querétaro, ordenada en el expediente ****, deriva de un juicio del orden familiar, el cual en cumplimiento a la sentencia dictada en el toca de apelación 2362/2016 por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en donde se decretó la custodia definitiva de la menor a favor de María Yolanda Collada Ramírez, y como domicilio de depósito el descrito en el presente párrafo, por tanto, al haberse decretado como domicilio de depósito de manera definitiva de la menor el descrito en el presente asunto, se concluye que dicha orden no constituye la última resolución en dicho procedimiento de ejecución. En relación a lo anterior, es de invocar la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 230, del Tomo VII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. En ese sentido, lo procedente es desechar la demanda promovida por Fermín Romero Butrón. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO FERMÍN ROMERO BURTON, EL ACUERDO DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ***, por derecho propio, con el que desahoga la prevención decretada el diecinueve de enero del mes en que se actúa, por lo que se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: El auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente ****, por el Juez Sexto de Primera Instancia Familiar en el Estado de Querétaro, mediante el cual se ordena que se hagan por lista las notificaciones personales al ahora quejoso, y como consecuencia; La orden de desocupación del inmueble ubicado en ***, Municipio de Corregidora, Querétaro, ordenada en el expediente***relativo al juicio de orden familiar sobre custodia definitiva de menor. Así, por cuanto hace al acto reclamado señalado en el inciso a) no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, los artículos 584 a 588 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, establecen lo siguiente: Artículo 584.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 585.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 586.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V, Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 587.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 588.- Sólo formará incidente de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se fallarán en la sentencia definitiva. Del enunciado normativo trascrito, se advierte que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; asimismo, las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II del código adjetivo en cita, serán nulas. De igual forma, se señala que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, y sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Ahora bien, en el presente asunto el quejoso reclama el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 526/2014, por el Juez Sexto de Primera Instancia Familiar en el Estado de Querétaro, mediante el cual se ordena que se hagan por lista las notificaciones personales al ahora quejoso. En ese orden, el quejoso puede interponer como medio de defensa el incidente de nulidad de actuaciones en contra de dicho auto, pues con dicho medio puede ser nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 3a./J. 17/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octubre de 1992, página 15, la que se transcribe: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.", sustentó el criterio siguiente: "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...", debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -incidente de nulidad- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de cada parte, en el que se haga valer lo que en derecho corresponda a cada uno; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne -emplazamiento, notificación-, es de plazo razonable, ya que se tramita, con un escrito de cada parte, con tres días para resolver, sólo en caso que se ofrezcan pruebas se cita para audiencia dentro del término de diez días, diferible por una sola vez. Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto, en tal situación, se desecha la demanda por cuanto hace al acto reclamado precisado en los párrafos que anteceden, por las consideraciones ahí contenidas. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la orden de desocupación del bien inmueble ordenada en el expediente 526/2014 del índice la autoridad responsable, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a contrario sensu, pues el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución de dicha sentencia, al respecto dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De conformidad con lo previsto en el segundo de los numerales en comento, y en los procedimientos de ejecución, la última resolución es aquélla en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso en concreto, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues la orden de desocupación del inmueble ubicado en ****, Querétaro, ordenada en el expediente ****, deriva de un juicio del orden familiar, el cual en cumplimiento a la sentencia dictada en el toca de apelación 2362/2016 por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en donde se decretó la custodia definitiva de la menor a favor de María Yolanda Collada Ramírez, y como domicilio de depósito el descrito en el presente párrafo, por tanto, al haberse decretado como domicilio de depósito de manera definitiva de la menor el descrito en el presente asunto, se concluye que dicha orden no constituye la última resolución en dicho procedimiento de ejecución. En relación a lo anterior, es de invocar la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 230, del Tomo VII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. En ese sentido, lo procedente es desechar la demanda promovida por Fermín Romero Butrón. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN CUMPLIMIENTOB AL CITATORIO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de: ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número *** PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108, fracciones II y V, 110, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias necesarias para cada una de las partes y para el incidente de suspensión, cumpla con lo siguiente: a) Narre de manera detallada los antecedentes que constituyen el acto reclamado, esto es, manifieste, bajo protesta de decir verdad, y de manera cronológica el estado procesal que guarda el expediente ****del índice del Juez Sexto de Primera Instancia Familiar en el Estado de Querétaro. b) Precise la naturaleza u origen del acto reclamado, ya que del capítulo de antecedentes, refiere que se tramita un juicio del orden familiar relativo a la custodia definitiva de una menor, sin embargo, el acto que pretende impugnar, lo es una orden de desocupación de un bien inmueble, manifestaciones que crean incertidumbre, sobre cuál es el acto que pretende impugnar y el origen del mismo. Lo anterior, en razón de que dichos datos son necesarios para proveer respecto a la competencia de este juzgado e integrar debidamente la litis constitucional. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en****; y, autorizados para tales efectos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a****, toda vez que cuentan con sus cedulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en diez de enero de dos mil diecisiete, se otorgó una prorroga al Director de Amparos Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que remita las constancias requeridas en veintiocho de diciembre del dos mil dieciséis. Para dar oportunidad a que suceda lo anterior, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las nueve horas con nueve minutos del veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese.
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