Fermín Román Mojica

Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
192/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Fermín Román Mojica

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el lapso de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la legislación aplicable sin que quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído del trece de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado y toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, archívese el expediente como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales: Este expediente es susceptible de destrucción, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, toda vez que de la certificación inicial se advierte que el promovente no los exhibió. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 192/2023-I. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Para afirmarlo, se tiene que el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés emitido en el expediente laboral ***, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dictó auto admisorio de pruebas sin pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la testimonial ofertada por el aquí quejoso. En esas condiciones, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Bajo esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, en tanto que no incide de modo directo en la esfera jurídica de derechos sustantivos del quejoso. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Es así, pues para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, si en este asunto se tilda de inconstitucional el acuerdo del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés emitido en el expediente laboral ***, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dictó el auto admisorio de pruebas sin pronunciarse sobre la testimonial ofertada por el quejoso, es indudable que únicamente origina consecuencias de índole procesal, toda vez que no genera una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso porque no se impide el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio procesal el que señala y como autorizados a las personas que indica para los efectos que establece, en el entendido que de facultarlas en amplios términos deberán contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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