FERMÍN OJEDA GÓMEZ y Otros.

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • FERMÍN OJEDA GÓMEZ y Otros.
  • Fermín Ojeda Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el quejoso ********, solicita copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo indirecto; en consecuencia, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase la copia que solicita y téngase por autorizado para recibirla a la persona que indica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 499/2022 III-A, promovido por Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otras autoridades. I. ANTECEDENTES El veintinueve de abril de dos mil veintidós, a las veintitrés horas, se inició la carpeta de investigación 14917/FVCE/OAXACA/2022, en contra de Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores, como probables responsables en la comisión del delito de resistencia de particulares, cometido en agravio de la sociedad. Posteriormente, el uno de mayo del año en curso, a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, dejó en libertad con reservas de ley a los nombrados. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Bethel Castro Juárez promovió juicio de amparo, a favor de Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores, mediante escrito presentado ante el secretario de guardia adscrito a este órgano jurisdiccional, a las once horas con treinta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil veintidós. El promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el carácter de ordenadoras y ejecutoras señalo a: a) Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. b) Fiscal General del Estado de Oaxaca. c) Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República. ACTO RECLAMADO. De los Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, reclamo: La orden verbal o por escrito de detención de los directamente quejosos Oswaldo Duván, Fermín Ojeda, Valeria Jiménez y Jazmín Flores; violación a la debida diligencia en la investigación de los delitos garantizando los principios de eficiencia, eficacia y profesionalismo, la incomunicación con sus familiares, la omisión de designarle defensor desde el momento de su detención, la tortura física y psicológica, tratos o penas crueles, e inhumanos o degradantes y toda clase de vejaciones a la integridad física, psíquica y moral para obtener confesiones (interrogatorio), incomunicación con sus familiares, intervención de comunicaciones privadas, teléfonos móviles, sin autorización judicial, la orden de cateo verbal o por escrito que inminentemente pretende realizarse en nuestros domicilios sin orden de cateo dictada por autoridad competente. Del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, reclamo: La ratificación de la Detención de los directamente quejosos Oswaldo Duván, Fermín Ojeda, Valeria Jiménez y Jazmín Flores; violación a la debda diligencia de investigación de los delitos garantizando los principios de eficiencia, eficacia y profesionalismo, la incomunicación con sus familiares, la omisión de designarle un defensor, la tortura física y psicológica y todo trato o penas crueles, inhumanos o degradantes y toda clase de vejaciones a la integridad física, psíquica y moral para obtener confesiones (interrogatorio), intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial y la orden de cateo verbal o por escrito que pretenda realizarse en su domicilio , sin orden de cateo por escrito dictada por autoridad competente." En proveído de treinta de abril del año en curso, se registró la demanda con el número 499/2022, se concedió la suspensión de plano a los directos agraviados Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores, y se les requirió para que ratificaran la demanda promovida a su favor. En diligencia de la fecha en comento, los nombrados ratificaron la demanda. Por acuerdo de dos de mayo siguiente, se requirió a los quejosos para que aclararan a qué autoridades en concreto le atribuían las órdenes de cateo y de intervención de comunicaciones, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, se dejarían de tener tales como actos reclamados. El diecinueve posterior, se hizo efectivo el apercibimiento al que se les conminó y se admitió a trámite la demanda, corrigiéndose de oficio la denominación de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En proveídos de veintisiete de mayo y uno de junio del presente año, se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinte de junio de dos mil veintidós, en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este Juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos y del Fiscal General del Estado de Oaxaca: La ilegal detención de Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores. Del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República: La ratificación de la detención de Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores. De todas las autoridades responsables: La incomunicación y tortura que sufrieron los nombrados con motivo de la ilegal detención. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su respectivo informe justificado, todas las autoridades responsables negaron los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura que reclamaron los quejosos. Así también, el Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República negó el acto que se le atribuyó, precisado en el inciso b) y el Fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Directos de Asuntos Jurídicos, de igual forma negó el acto indicado en el inciso a); ya que de manera coincidente indicaron que no participaron en la detención de los promoventes del amparo. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese contexto, si los inconformes no desvirtuaron las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostraron con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos, Fiscal General del Estado de Oaxaca y Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, precisados en el inciso c); respecto de la última autoridad nombrada, también por el diverso b) y del Fiscal General del Estado de Oaxaca, por la ilegal detención de los impetrantes. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que a las veintitrés horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós, se inició la carpeta de investigación 14917/FVCE/OAXACA/2022, en contra de Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores, como probables responsables en la comisión del delito de resistencia de particulares, cometido en agravio de la sociedad; asimismo, que el uno de mayo posterior, a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, se dejó en inmediata libertad, con reservas de ley, a los nombrados. Es por lo expuesto que a la fecha de presentación de la demanda, la detención de la que se duelen los impetrantes era cierta. VII. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, de oficio se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y ocho, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, la demanda se presentó el treinta de abril de dos mil veintidós, cuando los quejosos Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores se encontraban a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por iniciarse la carpeta de investigación 14917/FVCE/OAXACA/2022, como probables responsables en la comisión del delito de resistencia de particulares, en agravio de la sociedad. Posteriormente, el uno de mayo de dos mil veintidós, a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, fueron puestos en libertad con reservas de ley. De ahí que si los quejosos acudieron al amparo a controvertir la detención de la que fueron objetos por parte del Agente del Ministerio Público responsable el veintinueve de abril de dos mil veintidós, pero se les dejó en inmediata libertad el uno de mayo posterior, es inconcuso que cesaron los efectos de la detención reclamada. Lo anterior, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado. VIII. DECISIÓN En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación, por lo que respecta a la detención atribuida al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía III con detenidos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Oswaldo Duván Gómez Flores, Fermín Ojeda Gómez, Valeria Jiménez Zea y Jazmín Anota Flores, de conformidad con lo expuesto en los apartados V y VII del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, y ténganse por recibidas las documentales que en copia certificada exhibe como prueba; dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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