FERMIN MURILLO SEGOBIA y Otros.
Expediente 669/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/12/2020
Partes del expediente
- Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California
- FERMIN MURILLO SEGOBIA y Otros.
- Romero Ortiz Juarez
- ROMERO ORTIZ JUAREZ y Otros.
- Fermin Murillo Segobia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veinte. Solicitud de copias. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que indica; asentándose la razón que por su recibo se deje para constancia y previa cita generada en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Transcurrió plazo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la se sobreseyó y otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional, al tratarse de un vicio formal, es para el efecto de que el Jefe del Departamento de Uso de Suelo de la Dirección de Administración Urbana y el Subdirector de Control Urbano, en su carácter de superior jerárquico del Jefe del Departamento de Edificación, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, realicen lo siguiente: 1. En el ámbito de sus respectivas competencias, dejen sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo 1465/2017, incluyendo el dictamen de factibilidad de uso de suelo para uso especial de una estación de carburación para expendio de gas L.P., de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y la licencia construcción número ZC2017A1173, de diecisiete de agosto del mismo año, para la instalación de una estación de carburación, ambas otorgadas a favor de CYD Desarrollos Urbanos Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del terreno ubicado en Paseo del Prado, número 12704, lote 2, manzana 157, fraccionamiento Urbivilla del Prado, en Tijuana, Baja California, con clave catastral EZ157002. 2. En vía de consecuencia, también deberán dejar insubsistente todos los actos subsecuentes emitidos con motivo del otorgamiento del dictamen de factibilidad de uso de suelo y la licencia de construcción aludidas. 3. Den la intervención correspondiente a los quejosos Fermín Murillo Segovia y Romeo Ortiz Juárez en el procedimiento administrativo de solicitud de uso de suelo correspondiente, a efecto de que hagan valer lo que a su derecho convenga.". Requerimiento a las responsables. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Jefe del Departamento de Uso de Suelo de la Dirección de Administración Urbana y el Subdirector de Control Urbano, en su carácter de superior jerárquico del Jefe del Departamento de Edificación, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acrediten fehacientemente tal circunstancia. Superior jerárquico. Asimismo, con fundamento en el citado artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en esta ciudad, a fin de que obligue a sus subordinados al cumplimiento de la sentencia amparatoria en los términos precisados en este proveído. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que sus subordinados son renuentes a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndoles que cumplan con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a sus subalternos para conminarlos a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá a cada una de las autoridades antes mencionadas una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Devolución de constancias a la autoridad. En otro orden de ideas, devuélvase a las autoridades responsables los tomos de constancias que remitieron en vía de justificación. Devolución de billete. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N726024, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva. Por tanto, toda vez que se considera que no es necesario que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, en razón de que en el juicio en que se actúa se concedió el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, se autoriza la devolución del billete de depósito N726024, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional). Apercibimiento. Con el apercibimiento para la parte quejosa de que transcurrido el plazo de dos años legalmente computado, sin que hubiese recogido el billete de depósito, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, esto es, decretar la prescripción del referido certificado de depósito en favor de la Federación. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Ratificación de dictamen. Vista la constancia de cuenta, se advierte que el perito oficial Héctor Chávez Gómez, ratificó en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial presentado en este juzgado el uno de octubre del año en curso. En consecuencia, dese vista a las partes con el contenido del citado dictamen pericial por el plazo de tres días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y estén en aptitud de manifestar lo que estimen conveniente. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
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