Fermin Mota Cabañas

Expediente 74/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
74/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Fermin Mota Cabañas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q.-299/2022, y de la que se desprende que el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En consecuencia, se acusa el recibo de estilo acostumbrado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto de las copias certificadas devueltas que sirvieron como justificante del informe rendido con motivo del recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, deberán destruirse en términos del artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Amparo, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Noti...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla por el que en alcance al oficio por el que rindió el informe justificado correspondiente, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes respecto del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 1724/2017 de su estadística. Al respecto sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios de cuenta del Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, designa a ******************** como Asesor Jurídico Federal, del menor L.A.A., en el presente asunto, proporciona dos números telefónicos y la cuenta de correo electrónico del citado representante, como datos de contacto. Se tiene a la autoridad oficiante desahogado el requerimiento formulado y se deja sin efecto el apercibimiento decretado. Por ende, se tiene como Asesor Jurídico Federal, del menor L.A.A., a ********************. Ahora, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y 28 del acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, requiérase al asesor jurídico ******************** para que a las DOCE HORAS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS proteste el cargo conferido a través de videoconferencia por vía electrónica. Para ello, en la fecha y hora señalada, el referido asesor jurídico deberá acceder a la página https://cjf.webex.com o bien a través de la aplicación Webex Meetings e ingresar en el apartado "entrar en una reunión", el código de acceso y contraseña de la reunión: Número de reunión: 2494 350 5696; Contraseña: qSpyDWfF285; Enlace: https://cjf.webex.com/cjf/j.php?MTID=m71c519ac5f0a3a30077cfb99ea61f181. En el entendido de que al momento de desahogar la diligencia deberá exhibir una identificación oficial vigente

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado y de las demás constancias allegadas a los presentes autos, así como atendiendo a la causa de pedir y a la cuestión efectivamente planteada prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se advierte que ********************, por propio derecho, acude a la presente instancia constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: a). La omisión de dar trámite al incidente de liquidación promovido por la parte actora, dentro del juicio laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada Comisión Federal de Electricidad; y, b). La omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación del laudo pronunciado en el citado expediente laboral ********************. En ese sentido, se analizará en primer término el acto consistente en la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación del laudo pronunciado en el expediente laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, y al respecto, debe indicarse que dicho acto es inexistente. Ello es así, porque en el juicio de origen a la fecha de la presentación de la demanda (once de enero de dos mil veintitrés), no se había ordenado abrir el incidente de liquidación hecho valer por la parte actora dentro del juicio laboral ********************, pues de las constancias que remitió la Junta responsable al rendir su informe justificado [documentales las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas], se desprende que fue el diecinueve de enero de dos mil veintitrés (después de la presentación de la demanda de amparo), que la autoridad responsable ordenó abrir el incidente de liquidación hecho valer por la parte actora dentro del referido juicio laboral ********************. Por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable estaba imposibilitada para emitir el acto que la parte quejosa aduce ha omitido; es decir, la emisión de la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación del laudo. Lo anterior es así, toda vez que lo reclamado en la especie es un acto de naturaleza omisiva. Esto último reviste especial relevancia, pues en la dinámica procesal del juicio de amparo, en función de la naturaleza positiva u omisiva del acto reclamado, se determina la carga probatoria de las partes para determinar la existencia o inexistencia de aquél. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, consideró que cuando las autoridades responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, dicha negativa realmente implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En relación con lo expuesto, tratándose de actos de naturaleza omisiva, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la omisión reclamada; además, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de no estar en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto; es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese orden, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 763 y 837, fracción II, establecen: "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y (.)" Del arábigo 763 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte, en lo que interesa, que cuando se promueva un incidente en un juicio laboral, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, mediante la emisión de una resolución interlocutoria, continuándose el procedimiento principal. Sobre ese marco normativo, aun cuando la parte quejosa reclama la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación del laudo pronunciado en el expediente laboral ********************; se advierte que la Junta del conocimiento al momento de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, no estaba en condiciones de emitir la resolución interlocutoria respectiva, en tanto que el juicio laboral de origen no guardaba estado para ello. Por tanto, como se indicó, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable estaba imposibilitada para emitir el acto que la parte quejosa aduce ha omitido; es decir, la emisión de la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación del laudo, pues los artículos reproducidos de la Ley Federal del Trabajo establecen el deber de señalar día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, mediante la emisión de una resolución interlocutoria, continuándose el procedimiento principal. Tal situación, al momento de la presentación de la demanda de amparo aún no había acontecido (once de enero de dos mil veintitrés), pues como se precisó, aún no se dictaba el auto por el que la Junta responsable ordenó abrir el incidente de liquidación de laudo (diecinueve de enero de dos mil veintitrés). Por tanto, es evidente que la autoridad responsable no estaba en condiciones de proceder en los términos expuestos por la parte promovente del amparo; y por ende, ello conduce a establecer la inexistencia del acto reclamado, pues se insiste, al momento de la presentación de la demanda de amparo el juicio no estaba en estado de resolución. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Registro digital: 197499 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 304 Tipo: Jurisprudencia LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." [Énfasis añadido] En las relatadas consideraciones, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado la no existencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el SOBRESEIMIENTO por cuanto hace al acto reclamado (omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo) y la autoridad citada. En otro aspecto, por lo que hace al restante acto reclamado a la citada autoridad responsable -Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla-, consistente en la omisión de dar trámite al incidente de liquidación promovido por la parte actora, dentro del juicio laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. A fin de comprobar lo anterior, es menester traer a contexto el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Ahora bien, en el caso, como se indicó, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable, entre otro, la omisión de dar trámite al incidente de liquidación hecho valer por la parte actora, dentro del juicio laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada ******************** Por su parte, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado informó que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, determinó, en lo que interesa, lo que sigue: ".SE ACUERDA: Como lo solicita el promovente Lic. Arturo Rojas Espinosa, apoderado del actor, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en términos del resolutivo tercero del laudo de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, SE ORDENA ABRIR EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN y se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO DE REFERENCIA, EN LA QUE LAS PARTES HARÁN SUS MANIFESTACIONES, OFRECERÁN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DICTARÁ LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, quedando apercibidas las partes que para el caso de no comparecer el día y hora antes señalados, se les tendrá por perdido el derecho para hacer manifestación alguna y para ofrecer pruebas respecto de dicho incidente." (Énfasis propio). Lo que se acredita con la copia certificada del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, y que la Junta responsable remitió con su informe justificado, la cual fue previamente valorada. En ese sentido, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acreditado que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, ordenó abrir el incidente de liquidación hecho valer por la parte actora dentro del juicio laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, es evidente que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (once de enero de dos mil veintitrés), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada, se produjo una situación idéntica a la que obtendría la parte quejosa con una eventual sentencia concesoria de amparo. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la propia legislación, respecto del acto reclamado de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dar trámite al incidente de liquidación promovido por la parte actora, dentro del juicio laboral ********************, promovido por el aquí quejoso ********************, en contra de la ahora tercera interesada ********************El anterior sobreseimiento se decreta a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, las causas por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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