Fermín Mendoza López

Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
142/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Fermín Mendoza López

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el que acusa recibo del oficio 2927/2021 del índice de este Tribunal, con el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Fermín Mendoza López, contra actos del Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, del cual derivó el presente cuaderno de antecedentes; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada a su favor y se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en su artículo 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de seis meses después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Fermín Mendoza López, contra actos del juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 142/2021. Enseguida, se procede a analizar la competencia porque constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Para ello, resulta necesario reproducir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto por haberse presentado, ante él, la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados. En ese orden de ideas, para el caso, debe atenderse a la hipótesis que prevé el artículo 37, párrafo primero de la ley de la materia, relativa a que el acto reclamado "requiere ejecución material". En ese sentido, el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que, en el caso a estudio debe tomarse en cuenta que del análisis de la demanda de amparo, así como de sus anexos, se advierten como actos reclamados, los siguientes: La orden de embargo, bloqueo, aseguramiento, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria 1000658550, con clave interbancaria 072624010006585509, de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a nombre del quejoso, y su ejecución. En efecto, del propio examen de los hechos de la demanda, narrados bajo protesta de decir verdad, concatenado con las documentales anexas, se advierte que la cuenta bancaria 1000658550, del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a nombre del impetrante Fermín Mendoza López, cuenta como domicilio de apertura la Sucursal 3550, ubicada en Avenida Hidalgo número ciento cuatro, en Puerto Escondido, Oaxaca. En ese contexto, procede establecer que el acto reclamado (embargo, bloqueo, aseguramiento, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria), "tiene ejecución material", habida cuenta que se traduce en que el accionante del juicio constitucional no pueda ejercer el derecho de posesión material (uso y goce), en virtud de la medida decretada; lo cual es evidente, tiene impacto de manera directa en los derechos sustantivos alegados, en el caso, de propiedad y posesión del numerario depositado en esa cuenta, que se traduce en una ejecución material. En ese sentido, con respecto al aseguramiento de una cuenta bancaria, el Alto Tribunal de la Nación, ha estimado que el acto se materializa en el lugar en donde se inmovilizan las cuentas; esto es, en la localidad en la que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161677, de epígrafe y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." De ahí que, en congruencia con la primera regla deducida del numeral 37 de la ley de la materia, y atentos a la naturaleza jurídica del acto reclamado, que implica una orden embargo, bloqueo, aseguramiento, inmovilización o congelamiento de una cuenta bancaria, corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador Federal que ejerza competencia "en el lugar en que se haya aperturado la cuenta bancaria", esto es, en Puerto Escondido Oaxaca, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, recae en el juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, en virtud que Puerto Escondido se ubica en el Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Siendo al respecto intrascendente el lugar donde tienen su sede las autoridades responsables que admitan el acto reclamado. Refuerzan los argumentos precedentes la jurisprudencia J/45 P (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Penal del Primero Circuito, registro: 2017879, de título y contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita." No se soslaya que el peticionario del amparo también reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 05/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; sin embargo, no se aprecia que tales actos tengan ejecución material, como sí acontece respecto al aseguramiento de la cuenta bancaria del aquí quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 ya citado, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda constitucional, estimando que la competencia debe decidirse en favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno. Por tal razón, previo cuaderno de antecedentes que al respecto se forme, se ordena remitir el escrito original de la demanda de garantías y sus anexos, así como siete copias de la misma, para que el juez Federal a quien corresponda conocer del asunto dentro del término de cuarenta y ocho horas, manifieste si acepta o no, la competencia planteada. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, autorizando para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que señala en su escrito de demanda, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcionen el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que Gabino Lázaro López, se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena agregar al expediente electrónico el usuario nochixteco; asimismo, como lo solicita, se ordena notificarle por la misma vía, con el usuario que proporciona, todas las determinaciones que se dicten en este asunto y así lo ameriten. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÓNICA.

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