Fermín Méndez Dorado
Expediente 654/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2021
Partes del expediente
- Fermín Méndez Dorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo indirecto; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse la anotación respectiva en la carátula del presente expediente. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. -SFA. En la especie, se actualizan las causas de improcedencia siguientes. Improcedencia por petición dentro de procedimiento. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, b. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo los derechos adjetivos o procesales. En particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, en sesión de veintiuno de enero de dos mil quince, estableció, en esencia, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una violación al artículo 8 constitucional dentro de un procedimiento jurisdiccional o procedimiento administrativo, por lo siguiente: I. El artículo 8 constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. II. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. III. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. IV. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa reclama la omisión de responder una petición formulada dentro de un procedimiento administrativo para obtener la ampliación del parque vehicular del servicio mercantil de personas en su modalidad de taxi de diversos sitios; es decir, una violación de carácter adjetivo que puede ser reparada atendiendo a las reglas establecidas en la legislación ordinaria. Improcedencia por cesación de efectos. Con independencia de lo anterior, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Según se narró al principio, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla emitió respuesta a la petición de la parte quejosa y le notificó la respuesta por conducto de su abogado autorizado. Por ende, cesó la omisión reclamada. No procede dar vista para ampliar. Finalmente, se precisa que no procede dar vista a la parte quejosa para ampliar la demanda respecto de la respuesta contenida en el oficio ..., de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Ingeniería y Geométrica de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Puebla; toda vez que ésta, por su naturaleza jurídica, constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, en vista de que a través de él se requirió al quejoso y a otros, para que en 30 días presenten diversos documentos para analizar la procedencia de la ampliación del parque vehicular del servicio mercantil de personas en su modalidad de taxi de los sitios indicados; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se declarará el abandono del trámite, en términos de los artículos 86 y 90 del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla. En esa medida, la acción de amparo sería improcedente en su contra conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, sino sólo adjetivos o procesales del procedimiento de ampliación del parque vehicular. Conclusión. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, por lo que SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y dese de baja el asunto, asimismo se ordena realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado. El Director de los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada las pruebas que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando una cuenta de correo electrónico y números telefónicos, a fin de mejorar la comunicación -no procesal-. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado, en atención a que la admisión del presente juicio de amparo le fue notificada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto. Se señalan las DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. ... Notifíquese.
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