Fermín Martínez Romero

Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Fermín Martínez Romero
  • Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve **********, en contra de actos reclamados al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 543/2023-I, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente electrónico. Desechamiento de la demanda de amparo. En términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, se debe analizar, ante todo, si del escrito de demanda deriva o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, desecharla. Por manifiesto se entiende que el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis del escrito inicial de la demanda de amparo, como consta en la certificación de cuenta, se desprende que la misma no cuenta con firma electrónica del promovente ******. A juicio de este decisor, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: ... En efecto, en el caso la demanda de cuenta fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sitio electrónico a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre tal forma de acceso a la justicia, los artículos 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competenciales de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, establecen: ... En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal .". "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda .". Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente .". De todo lo reproducido, se aprecia que el artículo 3 de la Ley de Amparo, prevé que la tramitación del juicio de amparo indirecto podrá efectuarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. De esa forma, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, si la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Ahora bien, el escrito de demanda que se provee no cumple con lo establecido en los artículos citados en párrafos precedentes, habida cuenta que contiene la firma electrónica de quien promueve *******, más no la firma electrónica del quejoso *********, en conformidad con lo que establece la Ley de Amparo y la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no se tiene la certeza de que la misma fue presentada por la parte quejosa y convierte la promoción realizada en un documento anónimo o privado de autenticidad; lo anterior no obstante que aparece firma electrónica de ******, lo cual no sustituye la voluntad de la parte promovente. Bajo ese marco legal, es evidente que la falta de firma del promovente, se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, pues no puede decirse que exista certeza respecto de quién intentó la acción constitucional; es decir, la identidad y voluntad de la parte quejosa para promover la demanda de amparo. De ese modo, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En tales condiciones, la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica de la promovente *******, misma de la cual derivase su nombre, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentra vigente, implica que fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." Así las cosas, respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica por parte de la parte promovente ******* (evidencia criptográfica) o bien que se advierta la ocurrencia en el caso concreto de algún supuesto en el que pueda prescindirse del requisito de la firma electrónica, en términos de los artículos 15 y 109, de la Ley de Amparo; ya que del escrito de demanda que nos ocupa, no se desprende que el promovente reclame actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de modo que si la demanda no fue firmada electrónicamente por los antes nombrados, no existe evidencia de la voluntad de quien comparece como tal. Además, no es un acto que afecte la salud del quejoso toda vez que refiere que tiene temor de ser privado de su libertad, ya que agentes de la policía judicial se presentaron en su domicilio con una orden para detenerlo, razón por la cual no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, relativo a actos que importen peligro de privación de la vida. Por consiguiente, los actos tildados de inconstitucionales no se satisfacen alguno de los supuestos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo que haga procedente dispensar de firma el escrito de demanda en términos de lo previsto en la parte final del artículo 109 del mismo ordenamiento. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, ello implica el no ejercicio de la acción constitucional, como deriva de la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, página cuatrocientos noventa y cuatro cuyo rubro y contenido son: En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que procede es desechar la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia.

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