Fermín Lara Ocampo
Expediente 579/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fermín Lara Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del ocho de septiembre, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese, mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con dos minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 579/2022-II, promovido por **********, por derecho propio; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Cabe precisar, que no obsta para la celebración de la presente audiencia, el hecho de que el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se hayan recibido las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco y, por ende, que no haya transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista que se dio a las partes para que se impusieran del contenido de las documentales comento; dado el sentido de la resolución que a continuación se dictará, ya que a nada práctico conduciría diferirla, en tanto que se atentaría contra el principio de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo mismo, no se contraviene la jurisprudencia 54/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XI, de Abril de 2000, en la página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", toda vez, que del análisis de la ejecutoria que originó tal criterio, se advierte que el diferimiento de audiencia resulta obligatorio cuando las partes, tengan la posibilidad de desvirtuar el contenido del informe justificado, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, lo cual no acontece en el caso, pues del contenido de dicho informe se advierte que no tiene nada que desvirtuar. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la instrumental de actuaciones, así como con la presuncional legal y humana aportadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, de igual manera con las constancias remitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, al momento de rendir sus informes con justificación. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 579/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco y otras autoridades. SEGUNDO. En proveído del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional, radicó la demanda de trato, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. TERCERO. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe con justificación rendido por el Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, en ausencia de su Presidente. CUARTO. Mediante proveído de primero de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa aclarando que la denominación correcta de la autoridad a la cual le reviste el carácter de responsable es la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, por lo que ve a su expediente J.2/659/17, ordenándose en ese mismo acto requerirle por la rendición de su informe con justificación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que al reclamarse la omisión de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco: La omisión de requerir y/o enviar los oficios recordatorios de los informes solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofertados como prueba dentro del juicio laboral número J.2/659/17 de su índice. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto Mexicano del Seguro Social. La omisión de rendir los informes que le fueron solicitados en los autos del expediente laboral número J.2/659/17, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco. TERCERO. En términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, ya que la misma fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante habérsele solicitado oportunamente, según la constancia de notificación que obra en el sumario. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de las constancias expediente número J.2/659/17, de las cuales, se aprecian los actos combatidos; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que al rendir sus informes justificados, estás negaron categóricamente la existencia del acto que a cada una se le atribuye. Ante ello y como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con alguno de los medios de convicción autorizados por la ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. No obstante, el quejoso no allegó a este juicio medios de prueba idóneos para acreditar la certeza de los actos que reclama. Tienen aplicación a lo anterior los criterios que señalan: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO."". "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Deviniendo en que al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en contra del quejoso, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías por lo que ve a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Instituto Mexicano del Seguro Social. QUINTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Por otro lado, en opinión de quien esto juzga, la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco de requerir y/o enviar los oficios recordatorios de los informes solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofertados como prueba dentro del juicio laboral número J.2/659/17, se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario constitucional, se desprende que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio número 2061-469/2022, suscrito por la Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, adjunto al cual, remitió copia certificada de diversas constancias, siendo las relevantes para su estudio, las siguientes: Escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte actora dentro del expediente laboral J.2/659/17, suscrito por Rodolfo Botello González, de fecha veintidós de enero de dos mil veintidós. Promoción fechada el veintiuno de junio de dos mil veintidós, suscrita por el apoderado de la parte actora en el natural, por medio del cual solicita se gire de nueva cuenta oficio recordatorio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Proveído emitido el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente laboral J.2/659/17, en el cual, entre otras cosas se ordena girar atento exhorto recordatorio al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que por su conducto solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que rinda el informe ofrecido por la parte actora en su escrito de pruebas y ordena girar de nueva cuenta oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a efecto de que rinda el informe ofrecido por la parte actora en su escrito de pruebas, bajo el número 18. Exhorto número 2061/535/2022 librado en atención al acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Exhorto número 2061/536/2022 librado en atención al acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los indicados actos, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de la autoridad responsable de requerir y/o enviar los oficios recordatorios de los informes solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofertados como prueba dentro del juicio laboral número J.2/659/17, y de las constancias que fueron reseñadas aparece que ya fueron enviados los exhortos números 2061/535/2022 y 2061/536/2022 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto Mexicano del Seguro Social, en ese contexto, atendiendo a la eficacia demostrativa de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, el acto impugnado por esta vía, consiste en la omisión de la autoridad responsable de requerir y/o enviar los oficios recordatorios de los informes solicitados en el procedimiento laboral J.2/659/17 del índice de la autoridad responsable, han dejado de surtir efectos legales. En ese orden de ideas, como la responsable demostró haber llevado a cabo los actos omisivos de que se duele el querellante de derechos fundamentales, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haberse realizado las conductas de cuya ausencia se duele, cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 1º y 17, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando el actuar en torno a la pretensión del agraviado en el procedimiento de origen. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-". También es útil en este tema la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis observable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por **********, por las razones precisadas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Téngase al Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos; en tales condiciones se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conmino en caso de incumplimiento. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como prueba de la autoridad responsable el anexo que remite. Ahora bien, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con las documentales que adjunta al oficio de cuenta, así como con el informe justificado, para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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