Fermín Esparza Luevano
Expediente 2038/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2038/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fermín Esparza Luevano
- Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En cuatro de enero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince, se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo en que se actúa y, se omitió devolver al Juzgado de Primera Instancia y de lo familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, el original del proceso penal 62/2013, de su índice; en consecuencia, remítase de inmediato el referido enjuiciamiento a dicha autoridad para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En veintitrés de diciembre de dos mil quince, el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del siete al dieciocho de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 2038/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el día veintiséis de noviembre del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud a que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados por el Secretario de Acuerdos Penal en Sustitución de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil quince, por la que se resolvió la situación jurídica del promovente del amparo FERMÍN ESPARZA LÚEVANO, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO, perpetrado en agravio de EULALIO TORRES SÁNCHEZ. Atendiendo a lo anterior, el que resuelve advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de garantías se advierte que el directamente agraviado FERMÍN ESPARZA LUÉVANO reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, señalando como autoridades responsables al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de ese distrito judicial. Asimismo, en acuerdo de seis de noviembre de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías. El Secretario de Acuerdos Penal en Sustitución de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado, convino expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, específicamente de las copias certificadas de la causa penal 62/2003, que el Secretario de Acuerdos Penal en Sustitución de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, remitió como justificación de sus actos, se obtiene que el treinta y uno de octubre de dos mil tres, giró orden de aprehensión en contra del impetrante de garantías FERMÍN ESPARZA LUEVANO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO, cometido en perjuicio de EULALIO TORRES SÁNCHEZ. Además de dichas constancias, se obtiene que dicha autoridad en resolución pronunciada el veintiuno de noviembre de la presente anualidad, resolvió la situación jurídica del impetrante de garantías FERMÍN ESPARZA LUEVANO, habiendo decretado en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito anotado. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del peticionario de garantías, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de término constitucional que resolvió la situación jurídica del impetrante FERMÍN ESPARZA LUEVANO, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de término constitucional es autónomo e independiente de aquél mandato aprehensorio; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia número 567, visible en la página 451, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."."
- Principal
En veintiséis de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con dos oficios y anexos registrados con los números de folio 23391 y 23441. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de noviembre de dos mil quince. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados por el Secretario de Acuerdos Penal en Sustitución de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil quince, por la que se resolvió la situación jurídica del promovente del amparo FERMÍN ESPARZA LÚEVANO, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO, perpetrado en agravio de EULALIO TORRES SÁNCHEZ. Atendiendo a lo anterior, el que resuelve advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de garantías se advierte que el directamente agraviado FERMÍN ESPARZA LUÉVANO reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, señalando como autoridades responsables al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de ese distrito judicial. Asimismo, en acuerdo de seis de noviembre de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías. El Secretario de Acuerdos Penal en Sustitución de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado, convino expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, específicamente de las copias certificadas de la causa penal 62/2003, que el Secretario de Acuerdos Penal en Sustitución de la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, remitió como justificación de sus actos, se obtiene que el treinta y uno de octubre de dos mil tres, giró orden de aprehensión en contra del impetrante de garantías FERMÍN ESPARZA LUEVANO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO, cometido en perjuicio de EULALIO TORRES SÁNCHEZ. Además de dichas constancias, se obtiene que dicha autoridad en resolución pronunciada el veintiuno de noviembre de la presente anualidad, resolvió la situación jurídica del impetrante de garantías FERMÍN ESPARZA LUEVANO, habiendo decretado en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito anotado. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del peticionario de garantías, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de término constitucional que resolvió la situación jurídica del impetrante FERMÍN ESPARZA LUEVANO, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de término constitucional es autónomo e independiente de aquél mandato aprehensorio; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia número 567, visible en la página 451, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González Doy Fe. *Amci
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