Fermín Daniel David Morales Cruz
Expediente 907/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fermín Daniel David Morales Cruz
Actuaciones
- Principal
Autoridad informa acepta competencia Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado con el número 978/2018, de su índice. Se ordena archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido. Toda vez que el presente cuaderno está concluido y es de aquéllos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se declinó la competencia a favor de un diverso órgano jurisdiccional, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo tanto, remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos y billete de depósito al no obrar estos en autos. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 36240/2018, del índice de este Órgano Jurisdiccional, e informa que requirió al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, para que en el término de tres días, legalmente computados, remita el expediente 290/2016, de su índice, de lo que este Juzgado Federal queda enterado de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de once de octubre dos mil dieciocho (fojas 33 a 41), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fermín Daniel David Morales Cruz; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, dentro del auto de once de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que se reservó competencia a favor del Tribunal Colegiado de este circuito judicial, precisándose lo siguiente: "Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado que la parte quejosa atribuyó al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, consistente en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente 290/2016, de su índice; en términos de lo dispuesto en las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgador reserva competencia en favor del Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para conocer del mismo." Asimismo se ordenó lo siguiente: "En tal virtud, se ordena certificar copia de la demanda de amparo y de sus anexos, así como de este auto, a efecto de que, una vez que cause estado el mismo, se remitan al Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los mismos." En consecuencia, remítase copia certificada de las referidas constancias que integran el juicio de amparo 907/2018-V, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de once de octubre de dos mil dieciocho: Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual la parte quejosa Fermín Daniel David Morales Cruz, desahoga la prevención formulada en proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 25 a 27). Actos reclamados. Ahora bien de un análisis al libelo inicial de demanda y escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: Del Diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, la notificación de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente 290/2016; y, Del Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente 290/2016, de su índice. Se desecha demanda de amparo respecto a un acto reclamado. Establecido lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, respecto al acto reclamado al Diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, consistente en la notificación de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente 290/2016; atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o se trate de una resolución que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o bien, en el supuesto que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1527, Tomo XXII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Septiembre 2005, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la 'Materia(s): Común'." En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto, a fin de acreditar la improcedencia del presente juicio de amparo, en la especie se tiene que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, toda vez que el acto reclamado no es de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de una resolución que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, la parte quejosa no se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio, pues es parte demandada dentro del expediente 290/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, promovido por Agustín Bernardo Jiménez Solís, lo que pone de manifiesto que no puede estimarse tercera extraña a juicio; por tanto, estaba en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones. Lo anterior se considera, pues el propio quejoso bajo protesta de decir verdad lo manifestó al dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 25 a 27); dichas manifestaciones son aseveraciones voluntarias y espontáneas de los peticionarios de garantías que constituyen una confesión expresa que en términos de los artículos 95, 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen pleno valor probatorio, pues produce el efecto de una presunción, sin que exista otra prueba que la contradiga. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del tomo XII, diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el del siguiente tenor: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.". También es aplicable la tesis aislada I.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Luego, si la quejosa reclama la notificación que se le realizó de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictados en el expediente 290/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlaxco, Tlaxcala; en contra de la misma, es procedente el incidente de nulidad de actuaciones, conforme a lo previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 109. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; II. Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por las fracciones II a V del artículo 41. III. Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; IV. De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; V. El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; VI. La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; VII. Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones." Del precepto legal transcrito se advierte que la parte agraviada por una notificación que se haya practicado en forma distinta a la prevenida por la ley, podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente. De ahí que la parte agraviada debió promover previamente ante el Juez responsable el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, mediante el cual podía obtener la modificación, revocación o nulificación de la notificación que se le realizó de la sentencia definitiva del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 290/2016. Por tanto, al no haberlo hecho así, se actualiza la causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de no haberse agotado el principio de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo respecto al acto reclamado al diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, consistente en la notificación de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente 290/2016. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 430, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Se reserva competencia en favor del Tribunal Colegiado de este circuito judicial. Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado que la parte quejosa atribuyó al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, consistente en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en autos del expediente 290/2016, de su índice; en términos de lo dispuesto en las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgador reserva competencia en favor del Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para conocer del mismo. Sin que lo anterior implique que se infrinja el principio de indivisibilidad de la demanda, en virtud de que los actos reclamados lo son la notificación y la aludida sentencia, por lo que constituyen actos independientes que pueden ser analizados por separado; además, en términos de los artículos antes citados, se surte la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de la demanda de amparo, cuando en ésta se combata la sentencia definitiva. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En tal virtud, se ordena certificar copia de la demanda de amparo y de sus anexos, así como de este auto, a efecto de que, una vez que cause estado el mismo, se remitan al Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los mismos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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