Fermin Cortes Aguilar

Expediente 941/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
941/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Fermin Cortes Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA I. Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil veintiuno.Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fermín Cortes Aguilar, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su asesor jurídico.

  2. Principal

    PERSONAL (CITATORIO). CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL ASESOR JURÍDICO DEL QUEJOSO, EL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; EL QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fermín Cortes Aguilar, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido."

  3. Principal

    MESA I.Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, así como de conformidad con el punto de acuerdo contenido en la Circular SECNO/10/2021, se ordena continuar con la tramitación del presente asunto. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los dispositivos antes mencionados, así como el diverso 2, fracción II, del Acuerdo General en cita, hágase del conocimiento a las partes que los términos y plazos relativos al expediente en que se actúa, se reanudan a partir de la notificación del presente auto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. PARTE QUEJOSA DESAHOGA REQUERIMIENTO En otro aspecto, se tiene por recibido el escrito de Luis Eduardo Bautista Cortés, en su calidad de asesor jurídico del quejoso Fermín Cortes Aguilar, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de cinco de noviembre del año próximo pasado, se reservó a proveer en relación a las manifestaciones realizadas por el quejoso en diligencia de notificación de tres de noviembre de dos mil veinte, hasta en tanto el asesor jurídico designado por el Delegado en el Estado de Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, desahogará la prevención antes referida, y como tal situación ya aconteció se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, la Ley de Amparo, en su artículo 113 establece la potestad de los órganos jurisdiccionales en la materia, para desechar de plano la demanda, en los casos en que se advierta una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Como se advierte de la transcripción siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esa línea de ideas esta juzgadora advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precepto y criterio de contenidos, siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del precepto y criterio transcritos se advierte que la Ley de Amparo, en principio exige, que de forma previa a la promoción del juicio de amparo se deben agotar los recursos previstos en las leyes que rigen los actos de las autoridades administrativas, a través de los cuales éstos puedan ser modificados, revocados o nulificados, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Asimismo, conviene destacar que en la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia citada con antelación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, como se advierte de la transcripción siguiente: ... De igual manera, adujo que dicho mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. También, la sala constitucional sostuvo que se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. Por tanto, estimó que el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que concluyó que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Finalmente, precisó que en la hipótesis de que el interno promueva juicio de amparo contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, actualizará la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Conviene puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), abordó el tema de las condiciones de internamiento de modo general. De ahí que esta juzgadora se encuentra vinculada al contenido de las jurisprudencias señaladas previamente, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Expuesto el soporte normativo y jurisprudencial, ahora conviene explicar cómo es que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia citada. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad penitenciaria de realizar el aseo en su estancia, así como la determinación de dicha autoridad, para que sea el propio quejoso quien arregle la fuga existente en su baño y efectúe la limpieza respectiva. Lo anterior, sin que pase inadvertido para esta juzgadora, que el quejoso alegue actos de discriminación, trato cruel e inhumano, así como tortura hacia su persona, los cuales son prohibidos por el artículo 22 constitucional, sin embargo, estos derivan del acto precisado con antelación. De lo expuesto, por el peticionario de amparo se advierte que reclama aspectos relacionados con su condición de internamiento. Por otra parte, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que cuando la autoridad penitenciaria es omisa en proveer alguna petición o solicitud de las personas internas, éstas deberán acudir con el juez de ejecución penal competente, para que éste provea lo conducente, en relación con la omisión de aquélla, dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. En esa línea de ideas, las constancias de autos revelan que el justiciable, aun no acude ante el Juez de Ejecución Penal, a reclamar la omisión de la autoridad penitenciaria de realizar el aseo en su estancia, así como la determinación de dicha autoridad, para que sea el propio quejoso quien arregle la fuga existente en su baño y efectúe la limpieza respectiva, por tanto, ello hace que se surta la causa de improcedencia señalada con antelación. Lo anterior es así, ya que el quejoso tendría que promover la controversia judicial a que se refieren los artículos 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para reclamar dichos aspectos, como se advierte de la transcripción siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Consecuentemente, la parte quejosa debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo, al reclamar aspectos relacionados con sus condiciones de internamiento. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Fermín Cortes Aguilar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través de su asesor jurídico. CTS

  4. Principal

    MESA I.- Vista la constancia de notificación personal que antecede, en la que el actuario adscrito a este Juzgado Federal, hace constar que el tres de noviembre de dos mil veinte, notificó a la parte quejosa el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, diligencia en la cual, la parte quejosa Fermín Cortes Aguilar, realizó diversas manifestaciones en relación a la prevención formulada en auto de referencia. En mérito de lo anterior, este juzgado se reserva a proveer al respecto, hasta en tanto fenezca el término otorgado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, al asesor jurídico que al efecto designe el Delegado en el Estado de Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para desahogar la prevención realizada a la parte quejosa en el auto aludido. Notifíquese. MAA

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