Fermin Carreño Melendez

Expediente 120/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
120/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Fermin Carreño Melendez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual ***, desahoga la prevención formulada el tres de los cursantes; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de que fue objeto y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Desechamiento de la demanda. Atento a lo anterior y al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que, en la especie, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo análisis debe efectuarse de oficio, por ser una cuestión de orden público y preferente. En este sentido, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse, crearía o modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, para los efectos del juicio de control constitucional, autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita aquellos que produzcan similares efectos que afectan la esfera del gobernado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no necesite acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Ahora bien, el quejoso señala como actos reclamados: El acuerdo que establece las bases para el proceso de elección de Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, para el período ordinario ***, publicado en la Gaceta Universitaria el doce de febrero de dos mil veintiuno. El acuerdo por el que se nombra encargada del despacho de la Dirección de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la Gaceta Universitaria el veintiuno de octubre de dos mil veinte. El acuerdo por el que se nombra encargado del despacho de la Dirección de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la Gaceta Universitaria el veintiuno de octubre de dos mil veinte. El Decreto por el que nombran consejeros sustitutos ante órganos de gobierno para el período que dure la suspensión de actividades académicas y administrativas por la contingencia nacional para detener la propagación del covid-19, publicado en la Gaceta Universitaria el veintiuno de octubre de dos mil veinte. Derivado del acuerdo anterior la designación de ***, como consejero universitario sustituto representante del personal académico de la Facultad de Derecho. Acuerdo por el que se nombra encargada del despacho de la Dirección Plantel "***" de la Escuela Preparatoria, publicado en la Gaceta Universitaria el treinta y uno de noviembre de dos mil veinte. Acuerdo por el que se nombra encargada del despacho de la dirección del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. La omisión de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 20 parte dos, fracción V, de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. De lo antes relatado se advierte que el quejoso se duele, esencialmente, de diversos acuerdos emitidos por el Consejo Universitario y el Rector, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre ellos, el que sienta las bases para el proceso de elección de Rector y aquéllos que determinaron la designación de encargados del despacho de diversos planteles educativos pertenecientes a dicha institución pública y de consejeros universitarios. Ahora bien, respecto a dichos actos llevados a cabo por universidades públicas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, estableció, entre otras premisas, que: i. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; ii. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior; iii. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y iv. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, verbigracia, decidiendo quiénes deben ser designados funcionarios universitarios, amén de que esa determinación constituye un acto ad-intra. Ahora bien, con sujeción a las proposiciones descritas, se concluye que diversos acuerdos emitidos por el Consejo Universitario y el Rector, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre ellos, el que sienta las bases para el proceso de elección de Rector y aquéllos que determinaron la designación de encargados del despacho de diversos planteles educativos pertenecientes a dicha institución pública y de consejeros universitarios, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional, por lo que, al impugnarse mediante esa vía, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que esas deliberaciones se insertan en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo quiénes deben ser electos como integrantes de dichos órganos universitarios. Lo anterior es así, porque de los artículos 1, 2, 3, 6 y 10 de la ley orgánica de la citada universidad, así como de los diversos 1, 2 y 3 de su estatuto general, se colige que ésta es un organismo público descentralizado del Estado de México, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la designación de sus respectivas autoridades universitarias, entre las cuales están los referidos cuerpos colegiados; incluso, el primero de éstos es el máximo órgano de discusión y decisión, que tiene por objeto expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de dicha universidad pública. Luego, la designación de los docentes o estudiantes que fungirán como integrantes de esos órganos colegiados, constituye un acto decisorio ad-intra de la mencionada universidad, pues lo adopta autónomamente, al interior de su asamblea de profesores, en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo disuelva la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues se itera, la designación de sus funcionarios constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa, que emite bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas. En esas condiciones, es evidente que los actos que reclama el ahora quejoso no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que fueron emitidos por las autoridades universitarias en uso de las facultades inmersas en un ámbito de decisión autónoma de la que la propia Universidad pública se encuentra investida, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y se impone desechar la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 918, Novena Época, de rubro y texto: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. El artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Así como la jurisprudencia 1a./J. 20/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 877, Novena Época, de rubro y texto: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Las competencias que derivan de la facultad de autogobierno de las universidades públicas son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario." En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

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