Fermin Antonio Limon Herrera
Expediente 660/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fermin Antonio Limon Herrera
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido
- Principal
Puebla, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía de investigación Regional, Fraudes (sic) y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral1 de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso comprenden: ? La orden de búsqueda, localización, detención y presentación (o citación), emitida en su contra, dentro de una carpeta judicial. Actos que únicamente atribuye, en su carácter de ordenadoras, a las autoridades siguientes: 1) Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic); 2) Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic); y, 3) Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. Desechamiento de la demanda. -Improcedencia respecto de la emisión de las órdenes de búsqueda, localización, detención y presentación, atribuidas a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el * En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de las órdenes de búsqueda, localización, detención y presentación, atribuidas a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla). En efecto, respecto de los mencionados actos reclamados a dichas autoridades de la fiscalía, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública, o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a las autoridades responsables indicadas, señaladas en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de búsqueda, localización, detención y presentación); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal, al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales aquí señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables sólo podrían actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dichas autoridades administrativas señaladas como responsables a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que la autoridad responsable señalada en la demanda, hubiera ordenado la detención por caso urgente de la parte quejosa; aunado a que no se reclama así como acto, si se desprende esa supuesto de lo expuesto en la demanda. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra del quejoso, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderlo o presentarlo. De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados ya precisados. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos reclamados de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaladas como responsables (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla), actualizaron la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. -Improcedencia respecto de la orden de citación atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla-. Ahora bien, en caso de que el promovente haya querido combatir la orden de citación, y no así la diversa de presentación (respecto de la cual ya se dijo, este vía resulta improcedente);lo que se infiere de esa forma porque en su demanda expresó que ha sido notificado que debía acudir ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán a declarar con relación a hechos aparentemente constitutivos de delito. De ser así, debe señalarse que respecto del acto consistente en la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), atribuida a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaladas como responsables (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla), la presente vía constitucional de amparo resulta igualmente improcedente. En efecto, respecto de dicho acto reclamado, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establece: * Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha orden de citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal del quejoso, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de una diligencia ministerial dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del promovente. Además, debe destacarse que -en caso de ser existente-, constituye una actuación de la representación social tendente a la integración de la carpeta de investigación; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. * Bajo ese contexto, la orden citación que pudiera haber querido combatir el impetrante, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, sobre todo si del escrito de demanda no se advierte la manifestación del quejoso de que alguna de las autoridades que señala como responsables lo haya apercibido o amenazado de hacerlo acreedor a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no En ese orden de ideas, la aludida orden de citación, no afecta la libertad del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: * O bien, en caso de tratarse de una citación en el sistema tradicional, al respecto, el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado establece * Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia -a la que en su caso se le haya citado-, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, el fiscal correspondiente ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues, se insiste, se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial que constituye en sí un acto de investigación (contra lo cual, como ya se dijo, es improcedente esta vía de amparo). * Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, en el caso, porque como se vio, no se está afectando la libertad deambulatoria de peticionario del amparo, ni se le está apercibiendo con alguna sanción o multa; caso contrario que se afectaran derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita; lo que en la especie no ocurre. En ese sentido, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se le investigan; se estima que la posible citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público puede imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, pero ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte quejosa, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. Entonces, es dable concluir que tal acto, como lo es la orden de citación reclamada a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaladas como responsables (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla), no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal -esto es, una vez que la carpeta de investigación que pudiera estarse integrando, a la que podría habérsele citado al quejoso, sea sometida a control judicial-; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad * Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), reclamada las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, precisadas con anterioridad. En consecuencia, dada la actualización de los motivos de improcedencia expuestos con antelación, es inconcuso que debe desecharse la demanda de cuenta, por los actos que reclama el impetrante, consistentes en: ? La orden de búsqueda, localización, detención y presentación (o citación), emitida en su contra, dentro de una carpeta judicial. Atribuidas, en su carácter de ordenadoras, a las autoridades siguientes: 4) Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic); 5) Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic); y, 6) Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, debido al análisis de las causales de improcedencia invocadas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal, autorizados (amplios y restringidos) de la parte quejosa y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla-. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios a Mauricio Arenas Hernández, porque se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Así como autorizado únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que refiere el impetrante, porque así lo solicitó en su demanda de cuenta. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE . Puebla, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía de investigación Regional, Fraudes (sic) y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral1 de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso comprenden: ? La orden de búsqueda, localización, detención y presentación (o citación), emitida en su contra, dentro de una carpeta judicial. Actos que únicamente atribuye, en su carácter de ordenadoras, a las autoridades siguientes: 1) Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic); 2) Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic); y, 3) Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. Desechamiento de la demanda. -Improcedencia respecto de la emisión de las órdenes de búsqueda, localización, detención y presentación, atribuidas a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el * En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de las órdenes de búsqueda, localización, detención y presentación, atribuidas a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla). En efecto, respecto de los mencionados actos reclamados a dichas autoridades de la fiscalía, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública, o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a las autoridades responsables indicadas, señaladas en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de búsqueda, localización, detención y presentación); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal, al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales aquí señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables sólo podrían actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dichas autoridades administrativas señaladas como responsables a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que la autoridad responsable señalada en la demanda, hubiera ordenado la detención por caso urgente de la parte quejosa; aunado a que no se reclama así como acto, si se desprende esa supuesto de lo expuesto en la demanda. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra del quejoso, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderlo o presentarlo. De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados ya precisados. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos reclamados de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaladas como responsables (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla), actualizaron la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. -Improcedencia respecto de la orden de citación atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla-. Ahora bien, en caso de que el promovente haya querido combatir la orden de citación, y no así la diversa de presentación (respecto de la cual ya se dijo, este vía resulta improcedente);lo que se infiere de esa forma porque en su demanda expresó que ha sido notificado que debía acudir ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán a declarar con relación a hechos aparentemente constitutivos de delito. De ser así, debe señalarse que respecto del acto consistente en la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), atribuida a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaladas como responsables (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla), la presente vía constitucional de amparo resulta igualmente improcedente. En efecto, respecto de dicho acto reclamado, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establece: * Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha orden de citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal del quejoso, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de una diligencia ministerial dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del promovente. Además, debe destacarse que -en caso de ser existente-, constituye una actuación de la representación social tendente a la integración de la carpeta de investigación; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. * Bajo ese contexto, la orden citación que pudiera haber querido combatir el impetrante, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, sobre todo si del escrito de demanda no se advierte la manifestación del quejoso de que alguna de las autoridades que señala como responsables lo haya apercibido o amenazado de hacerlo acreedor a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no En ese orden de ideas, la aludida orden de citación, no afecta la libertad del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: * O bien, en caso de tratarse de una citación en el sistema tradicional, al respecto, el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado establece * Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia -a la que en su caso se le haya citado-, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, el fiscal correspondiente ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues, se insiste, se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial que constituye en sí un acto de investigación (contra lo cual, como ya se dijo, es improcedente esta vía de amparo). * Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, en el caso, porque como se vio, no se está afectando la libertad deambulatoria de peticionario del amparo, ni se le está apercibiendo con alguna sanción o multa; caso contrario que se afectaran derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita; lo que en la especie no ocurre. En ese sentido, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se le investigan; se estima que la posible citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público puede imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, pero ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte quejosa, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. Entonces, es dable concluir que tal acto, como lo es la orden de citación reclamada a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla señaladas como responsables (Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic), Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic) y Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla), no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal -esto es, una vez que la carpeta de investigación que pudiera estarse integrando, a la que podría habérsele citado al quejoso, sea sometida a control judicial-; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad * Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), reclamada las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, precisadas con anterioridad. En consecuencia, dada la actualización de los motivos de improcedencia expuestos con antelación, es inconcuso que debe desecharse la demanda de cuenta, por los actos que reclama el impetrante, consistentes en: ? La orden de búsqueda, localización, detención y presentación (o citación), emitida en su contra, dentro de una carpeta judicial. Atribuidas, en su carácter de ordenadoras, a las autoridades siguientes: 4) Fiscalía de Investigación Regional, Fraudes (sic); 5) Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia (sic); y, 6) Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, debido al análisis de las causales de improcedencia invocadas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal, autorizados (amplios y restringidos) de la parte quejosa y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla-. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios a Mauricio Arenas Hernández, porque se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Así como autorizado únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que refiere el impetrante, porque así lo solicitó en su demanda de cuenta. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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