Ferando Urbano Castillo Pacheco

Expediente 124/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
124/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Ferando Urbano Castillo Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio 0755-2-B e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Manuel Robles Peralta, en nombre de Fernando Urbano Castillo Pacheco. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por José Manuel Robles Peralta, en nombre de Fernando Urbano Castillo Pacheco; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 124/2018-B. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama las órdenes de aprehensión, reaprehensión y detención, presuntamente decretadas en su contra, así como la ejecución material que se pretenda dar a las mismas por parte de las autoridades responsables, entre las que se encuentran los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Sexto, Séptimo y Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Director de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Fiscal General del Estado de Puebla, Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla; Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Jueces Segundo, Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su carácter de ordenadoras, así como a éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo vigente que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Atento a lo anterior, se estima actualizado el supuesto de incompetencia contenido en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en virtud de que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, fue señalado como autoridad responsable, por lo que no puede fungir como Juez y parte, motivo por el cual carece de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la referida demanda de amparo promovida por José Manuel Robles Peralta, en nombre de Fernando Urbano Castillo Pacheco. El primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, el artículo 38, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Ahora bien, en el caso en particular fue señalado como autoridad responsable además de este Juzgado de Distrito los Jueces Segundo, Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo Penal en el Estado de Puebla; entonces, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de garantías el Juzgado de Distrito de la misma categoría en este circuito. PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: REFORMADA POR ACUERDO GENERAL 30/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 08/06/2016. ( ) SEXTO CIRCUITO: Estado de Puebla. ( ) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: VI. SEXTO CIRCUITO: MODIFICADO POR ACUERDO 42/2013, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 29/11/2013. MODIFICADO POR ACUERDO 43/2013, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 29/11/2013. 1. Diez tribunales colegiados especializados: tres en materia penal, tres en materia administrativa y tres en materia civil, todos con residencia en San Andrés Cholula; uno en materia de trabajo, con sede en Puebla, Puebla. 2. Dos tribunales unitarios con sede en San Andrés Cholula. MODIFICADO POR ACUERDO GENERAL 24/2015, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 29/05/2015. 3. Trece juzgados de Distrito especializados en el Estado de Puebla: dos de procesos penales federales; seis de amparo en materias civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales y cinco de amparo en materia penal; los once primeros, con residencia en San Andrés Cholula y los dos restantes, con residencia en Puebla, Puebla. 4. Un Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula. ( ) De lo anterior, se advierte que la circunscripción territorial del Sexto Circuito es el Estado de Puebla, el cual cuenta con trece juzgados de Distrito especializados en el Estado de Puebla, dos de Procesos Penales Federales, seis de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales y cinco de Amparo en Materia Penal, los once primeros con residencia en San Andrés Cholula y los dos restantes con residencia en Puebla, Puebla, así como un Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor con residencia en San Andrés Cholula. Como se dijo el promovente de manera expresa pide el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia penal en el Estado de Puebla, señalada como autoridad responsable, por lo que para determinar cuál es el juzgado competente para tramitar dicha demanda debe considerarse en primera instancia a otro de la misma categoría de este circuito. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, que no haya sido señalado como responsable. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa integrado con la papeleta de turno, escrito de demanda, copias simples de la misma, así como del presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a efecto de que sea turnada al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en turno, que no haya sido señalado como responsable; mismo que por razón de turno le corresponda conocer de la misma, por los motivos expuestos en este auto; hecho lo cual, se solicita al referido Homólogo Federal, se sirva informar la determinación que adopte, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sin decidir sobre la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en la medida que reclama una orden de aprehensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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