Fenier Campomanes Sanchez
Expediente 729/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fenier Campomanes Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por ****, perito en materia de contabilidad, designado por las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual rinde su dictamen. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsables, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído presente a su perito ***** y ante la presencia judicial ratifique su dictamen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 7/2005, de rubro "DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." Ahora bien, se impone destacar que el artículo 6, del artículo 25 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", en lo que interesa, señala lo siguiente: "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza (...)". [Lo destacado es propio] En ese sentido, conforme a las disposiciones establecidas para "la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19", en lo que interesa, tratándose de requerimientos formulados por el órgano jurisdiccional para que una de las partes comparezca ante él para el desahogo de algún requerimiento o diligencia, el juzgador deberá programar una cita para esa comparecencia, que tendrá verificativo el día del vencimiento del término otorgado; para lo anterior, se establecieron algunas reglas para la entrega del código QR, necesario para acudir a la referida cita. Por lo tanto, para tal efecto se señalan las CATORCE HORAS DEL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para lo cual deberá exhibir el código QR, que se anexa a continuación. La anterior, fecha y hora se programaron así, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito le correspondió la jornada de labores presencial de las nueve horas con quince minutos (09:15) a las diecisiete horas con quince minutos (17:15). Apercibida de que en caso de omisión de su parte, se le tendrá por adherido al dictamen que en su momento rinda el perito oficial. No obstante, con la finalidad de procurar con el principio y obligación de la impartición de justicia completa, pronta y expedita, conforme al artículo 17 constitucional; se determina que, en caso de que no pueda acudir en la fecha y hora programadas, por causa justificada, deberá: ? Programar por sí, una nueva cita, dentro del término de los tres días que se le otorgaron, es decir, en el primer, segundo o tercer día, contados a partir de que se le notifique el presente auto y, así obtener el código QR, respectivo. Para lo anterior, deberá tomar en consideración el horario de la jornada de labores presenciales que le correspondió a este juzgado, precisado en los párrafos anteriores. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Se agregan en autos los oficios de cuenta signados por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración y de la Directora General de Recursos Humanos ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, en atención al requerimiento de veintinueve de abril de dos mil veintidós, el primero, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y el segundo, remite copia autentificada de la planilla de liquidación, actualizada al presente ejercicio fiscal, por la cantidad de $**,***.** (***), por concepto de diferencia de aguinaldo del ejercicio dos mil veinte, a favor de Luis Armando Vergara Pineda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193, 196 y 211 de la Ley de Amparo, y toda vez que la quejosa tiene acceso a la consulta y notificación electrónicas, se da vista con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en torno a la cantidad determinada por la autoridad; apercibido que de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad precisada por la autoridad responsable, por lo que éste juzgado requerirá el cumplimiento del fallo protector sobre tal monto. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia número P.J.67/2010, de rubro y datos de localización: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2009). (Registro: 164035, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página: 225) Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 28/04/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE
- Principal
Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE EN EL JUICIO Y CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Por otra parte, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] En consecuencia, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa Huawei Technologies de México, sociedad anónima de capital variable, respecto del pago del derecho de trámite aduanero erogado por todos los pedimentos que adjuntó a la demanda de amparo. Lo cual aconteció, el cinco, ocho, nueve, diez, once, doce, dieciséis, diecisiete y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, con motivo del derecho de trámite aduanero. Lo anterior, para el efecto de que le sean devueltas a la quejosa las cantidades pagadas en exceso después de aplicar el monto mínimo que en estricto sentido constituya el derecho de trámite aduanero previsto en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, disminuido con el monto que corresponda a la contraprestación del servicio de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados a que hace referencia el artículo 16 de la Ley Aduanera y el Impuesto al Valor Agregado que se cause por dicha prestación, pues estos conceptos no forman parte del pago del derecho de trámite aduanero. [.] En tal virtud, como ya se apuntó, las consecuencias jurídicas del otorgamiento del amparo se traducen en que le sea devuelta a la sociedad quejosa, la cantidad enterada al fisco, por concepto del derecho relativo al trámite aduanero, que efectuó con motivo de los pedimentos de importación enlistados y, atento a que la recaudación de ese derecho se destina a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además, tomando en consideración que la parte quejosa realizó los trámites de importación respecto del pedimento de importación a través de diversas aduanas, por conducto de la cual enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cantidad correspondiente al Derecho de Trámite Aduanero, y que en este caso, las aduanas actúan por mandato de la ley, como auxiliar de las autoridades fiscales en el entero de ese derecho, y que es a éstas a quienes corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en su carácter de entes estatales encargados de la recaudación, es procedente que se requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la unidad administrativa que corresponda, devuelva a la parte quejosa las cantidades que le han sido cobradas por concepto de la aplicación del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos a que se refieren los actos de aplicación reclamados. [.] En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: 1.- Dar cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal. 2.- Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. 3.- En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Establecido lo anterior, se exhorta a la autoridad para que únicamente haga del conocimiento de este Juzgado Federal, las actuaciones que trasciendan en el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, evitando de esa manera actuaciones innecesarias en este expediente. Informándoles que en caso de insistir en la presentación de promociones con el contenido antes mencionado, se les impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de cuenta en la Ciudad de México y se continuará el procedimiento en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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