Femy Leticia Pech Che

Expediente 319/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
319/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Femy Leticia Pech Che

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************defensor particular de la quejosa ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 31********************-VIII-B; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/********************13 y 3/********************15, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/********************00 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de ********************00, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/********************04 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de ********************04, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la quejosa ******************** por conducto de su defensor reclama: El auto de vinculación a proceso dictado el siete de febrero de dos mil veintitrés en la causa penal ********************. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Al emitir su informe con justificación el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, manifestó que era cierto el acto que por esta vía le reclama la quejosa. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el expediente electrónico de la causa penal ********************, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, ********************2 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contiene. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 27********************, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-********************00, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/********************13, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de ********************13, Tomo 1, página 703, con número de registro ********************04362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo ********************, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1******************** de junio de ********************0********************, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5********************/********************10, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional del auto de vinculación a proceso. Son infundados los conceptos de violación aducidos, razón por la cual deberá negarse a la quejosa el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. Por cuestión de técnica, previo a dar contestación a los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, es necesario señalar que virtud a la suplencia de la queja prevista por el artículo 79, fracción III, inciso a), es obligación de este órgano federal analizar si el acto tildado de inconstitucional fue emitido en estricto apego a los principios constitucionales y legales que rigen el sistema jurídico mexicano para la emisión de un auto de vinculación a proceso. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de ********************12, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 2********************0 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2********************0 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. De esa forma, los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del expediente electrónico al que se otorgó el acceso se advierte, que en fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, la fiscalía formuló imputación en contra de la aquí quejosa (artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Acto seguido, se otorgó a dicha imputada -aquí quejosa- su derecho a declarar, manifestando su derecho a guardar silencio (artículo 316, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Además, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales de la imputada (artículo 317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales) y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa (artículo 317, fracción III, del código adjetivo). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, de los datos de prueba relacionados por el Fiscal Federal Investigador, permiten establecer que en el caso, se cometió el hecho que la ley señala como delito de: 1) Portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo ********************1, párrafo primero, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 2) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo ********************3, fracción II, en relación con el precepto 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos y, 3) Posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo ********************3 Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, y que existe también, la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo cometió. De ahí que, el auto de vinculación a proceso de siete de febrero de dos mil veintitrés, esté ajustado a derecho, ya que de los datos de prueba existentes se desprenden indicios razonables y suficientes que hasta este momento permiten establecer la probabilidad de que la imputada ******************** intervino en la conducta delictiva que se le atribuye. En efecto, para llegar a esa conclusión, se tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía federal, y que en el caso concreto son: - Dictamen pericial en balística forense con folio ********************65 de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, suscrito por la perito oficial de la institución en el que concluyó: 1. Que el arma de fuego tipo pistola, calibre 3********************0 auto, de la marca Glock, modelo 42, con matrícula ********************, sistema de disparo semiautomático, por su tipo, calibre y sistema de disparo se encuentra considerado en el artículo noveno, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. 2. El arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo G3 Matrícula ******************** calibre 9 mm Parabellum Luger 9 x19 mm, de funcionamiento semiautomático, por su calibre y sistema de disparo se encuentra considerada en el artículo 11, inciso B de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, como de Uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 3. El cartucho descrito en el dígito 2.2 y los 6 cartuchos descritos en el dígito 3.1 pertenecen al calibre 3********************0 auto, bala normal, que se encuentra considerado en el artículo 10 bis de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, así como los permitidos para poseerse y portarse en los términos y con las limitaciones que señala la misma ley. 4. Los 1******************** cartuchos descritos en el dígito 4.2 y los 15 cartuchos descritos en el digito 5.1 pertenecientes al calibre 9mm Parabellum y Luger 9 x 19 mm, por su calibre se encuentran considerados en el artículo 11, inciso F, de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, como de Uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 5. Los cargadores para armas de fuego tipo pistola calibre 3********************0 auto con capacidad para abastecer 6 cartuchos del mismo calibre descrito en los dígitos 2.3 y 3.2 son utilizadas para arma de fuego consideradas en el artículo noveno de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. 6. El cargador para arma de fuego dígito 4.3 con capacidad para alojar 17 cartuchos del calibre 9 x 19 mm y el cargador para armas de fuego descrito en el digito 5.2 con capacidad para alojar 15 cartuchos del calibre 9 x 19mm es utilizado para armas de fuego considerada en el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. - Documentación fotográfica con número de folio 245 de treinta y uno de enero del año en curso, suscrito por el perito oficial de la institución quien a través de sus 56 impresiones fotográficas fijó los indicios relacionados con las armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. - Inspección realizada por parte del oficial de la Policía Federal ministerial ******************** de treinta y uno de enero del año en curso, quien a través de sus sentidos constató la existencia de las armas de fuego, cargadores y cartuchos afectos a la indagatoria describiéndolos y representándolo gráficamente en su informe a través de 10 impresiones fotográficas digitales. - El oficio de puesta a disposición con número de terminación 116/********************23, así como el parte informativo con número de terminación 173, ambos de treinta de enero del año en curso, rendido por el policía tercero ******************** perteneciente a la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín, Yucatán, así como las entrevistas realizadas al citado policía y a los ciudadanos ******************** y ******************** de la Dirección de Seguridad Pública de Tizimín, Yucatán, quienes manifestaron nuevamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención de la imputada. - El informe de la especialidad de criminalística de campo con número de folio ******************** de treinta y uno de enero del año en curso, suscrito por el perito oficial de la institución en el cual señaló, entre otras cosas, que se constituyó juntamente con un elemento de la Policía Federal ministerial, el perito en fotografía forense y un elemento aprehensor en las inmediaciones del citado domicilio, dijo que también se trata de un arroyo de circulación presentando superficie asfáltica en tramo recto con sentido de Sur a Norte y viceversa agregó croquis e imagen satelital y estableció las coordenadas geográficas, ******************** grados, ******************** minutos, 36.******************** segundos Norte, **************************************** grados, ******************** minutos, ********************segundos Oeste. - Documental fotográfica con número de folio ******************** de treinta y uno de enero del año en curso suscrito por el perito oficial de la institución quien a través de sus doce impresiones fotográficas fijó el lugar de la detención. - Inspección realizada por el policía federal ministerial ********************, de treinta y uno de enero del año en curso, quien a través de sus sentidos constató la existencia del lugar de la detención. - El oficio número S-1/M-4/******************** de uno de febrero del año en curso, suscrito por el Capitán 2/° de zapadores de Estado Mayor, Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la 32° Zona Militar, quien informo: primero, respecto a los registros y antecedentes de las siguientes armas de fuego, indicio 2, en ese cuartel general no se encontró información o documento que indique el registro de arma de fuego tipo pistola, calibre 3********************0 auto, marca Glock, modelo 42, matrícula ********************, sistema de disparo semiautomático, indicio 4, igual en ese cuartel no se encontró información o documento que indique que la referida arma de la marca Taurus, modelo G3 matrícula ******************** calibre 9mm Parabellum y Luger 9 x 19 mm y el segundo que la persona de nombre ******************** no cuenta con permiso o licencia para poseer y portar armas de fuego expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, con los datos de prueba relacionados, se acredita el hecho que con la apariencia del delito de portación de arma de fuego sin contar con la licencia correspondiente expedida por la autoridad competente, en específico de la Secretaría de la Defensa Nacional. En efecto, dichos datos de prueba permiten establecer razonadamente que alrededor de las 7:30 horas, del día treinta de enero de dos mil veintitrés, en el lugar identificado como calle ********************, sin número, por ******************** y ********************", de la colonia ********************, municipio de Tizimín, Yucatán; portó y poseyó dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad en un bulto de color gris, Marca Kipling, los objetos bélicos: 1) arma de fuego tipo pistola, calibre 3********************0 auto, de la marca Glock, modelo 42, con matrícula ********************; 2) arma de fuego tipo pistola, calibre 3********************0 auto, de la marca Glock, modelo 42, con matrícula ********************; seis cartuchos pertenecientes al calibre 3********************0 auto, bala normal, y quince cartuchos útiles calibre 9 x 19mm. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la responsable en concordancia con el artículo ********************, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor de la imputada, aquí quejosa. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que la imputada, cometió los hechos que se le atribuyen. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que la imputada cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 31******************** del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/********************17 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Libro 45, Agosto de ********************17, Tomo I, Décima Época, registro ********************14********************00, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1******************** de junio de ********************0********************, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que la imputada lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar como delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas). También la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable. Lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por el Fiscal Federal Investigador, respecto de cada uno de los injustos, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez. Ahora bien, en su concepto de violación, señala la quejosa por conducto de su defensor, que la autoridad responsable pasó por alto lo establecido en el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la responsable no realizó un análisis de los datos de prueba desahogados ni de lo argumentado por la defensa pues ésta señaló, que contrario a lo manifestado por el agente del ministerio público, se solicitó la no vinculación a proceso en virtud de que en el presente caso, de los datos de prueba enunciados y desahogados en la propia audiencia no se desprende ni de manera indiciaria que la ahora quejosa hubiere participado en los hechos que se le imputaron pues existe insuficiencia probatoria. Lo anterior, dice debido a que el dato de prueba que sirve para sustentar el hecho punitivo que es el que el juez pasa por alto, que los datos aportados contravienen de manera objetiva el informe policial homologado pues es un menor quien declara lo que vivió y narra hechos diversos que lo señalado por el aprehensor y de las violaciones que surgieron al momento de la misma, que señala que fue esposado y detenido con su tía (aquí quejosa) y que ella no portaba la bolsa señalada como indicio 1, ni mucho menos los objetos bélicos, por lo que a su parecer no se puede inferir ni de manera indiciaria que se haya realizado una conducta que la ley señale como delito ni que la quejosa participó o cometió el mismo. Pues refiere que dicha declaración del menor se adminicula con lo señalado por la actuaria federal en su acta en la cual da fe de las lesiones en las muñecas típicas de los ganchos o esposas utilizadas por los agentes aprehensores y es evidente que si fuese un testigo tal cual como señalan los agentes, este no debería estar siendo esposado ni retenido. De la misma forma con la placa fotográfica presentada, que si bien solamente representa un pequeño instante del momento de los hechos, es claro que se demuestra no una mujer policía quien detiene a la quejosa pues no se aprecia ninguna que la detenga, por lo que es evidente que los hechos señalados no son correctos, aunado a que usando las reglas de la lógica, la razón y de la sana critica, así como las máximas de la experiencia, a su parecer es totalmente inverosímil que alguien quien porta unos objetos bélicos, se apersone a un lugar que está siendo acordonado y no solo eso, sino que agreda a dos policías, pues no tiene lógica. Que además, los demás datos aportados es evidente que los hechos no pasaron como señalan y con datos objetivos es que no debe de ser vinculada a proceso, pues el juez de control violando los derechos de la quejosa y sin fundamentar y motivar los mismos, la vincula a proceso sin señalar por qué la declaración del menor y los demás datos aportados no son suficientes para desvirtuar el informe policial homologado pues ambos tiene el mismo valor indiciario y señalan hechos diversos y que se contraponen al señalar que su patrocinada contaba con los instrumentos bélicos, por lo que es evidente que no se puede dar por sentado ni de manera indiciaria que fuere así. Lo anterior resulta infundado, ya que contrario a lo que refiere el defensor de la quejosa, el Juez responsable no pasó por alto tales argumentos, ya que acertadamente refirió, en relación a la declaración del menor, que era su percepción de los hechos y que su dicho no lo podía confrontar específicamente en ese momento con el dicho de los agentes aprehensores, ya que eso, en determinado momento equivaldría a que se hiciera una ponderación y valoración de pruebas y como se sabe la finalidad de la vinculación a proceso es en determinado momento precisar si puede ser posible la existencia de un hecho delictivo, y aunque puede ser relevante la declaración de esta persona rendida incluso ante una autoridad ministerial, no es determinante si los agentes aprehensores señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar y las que acontecieron para detener a la persona que ha sido imputada y que en ese tenor si ellos insisten en que fue encontrada con ciertos artefactos bélicos en las circunstancias ya mencionadas y discutidas desde la audiencia de control de la detención, entonces era un aspecto que sería materia de un contradictorio, el cual sería como ya había señalado, en principio sentar a los testigos y en todo caso por las técnicas correspondientes cuestionarlos, sobre el tiempo, lugar, circunstancia, posiciones, cuestiones inherentes al tema, ya que si eso no acontece es difícil valorar lo que existe en dos papeles para determinar en dado caso cual es el que tiene más valor. Que en ese contexto lo que encontraba es que pudieron haber sucedido los hechos al tenor de lo que narraron los policías y que aunque la prueba que refiere la defensa puede ser importante no es concluyente para determinar que no haya existido. De igual manera, refirió que a su parecer en estas etapas procesales una prueba concluyente establece con toda certeza que una persona no se encontraba en el lugar de los hechos o que por determinadas situaciones evidentemente no tenía el control de algún artefacto bélico o de alguna droga como ha sucedido en algunas ocasiones pero que eso no puede ser a la luz interpretativa. En relación a la placa fotográfica presentada, el Juez se pronuncia en dos ocasiones y refiere que, una vez vista la indicada fotografía, desde su óptica sólo arrojaba la existencia de una persona que al parecer estaba siendo detenida y que está cerca del lugar de los hechos, sin embargo, objetivamente una fotografía no puede dar mayor margen sino que puede ser interpretado desde muchos puntos de vista. Que para él, la fotografía lo único que deja entrever es que en esa toma sólo se aparecía cierto número de personas presentes y circunstancias que se pueden interpretar, sin embargo, esa interpretación puede ser subjetiva, en función de la idea que cada quien tenga de los hechos, que en ese sentido la fotografía aunque revela aspectos relacionados con el lugar de los hechos, no es concluyente. Posteriormente, refirió que la circunstancia de que no salga por ejemplo una mujer en la foto no es concluyente y no puede llevar a determinar que no existía una mujer en el lugar, ya que no se sabe si estaba dentro, si estaba detrás de la camioneta o alguna otra circunstancia, por lo que entonces no se pueden hacer afirmaciones con base en esos datos, que si fuera un video donde todo lo manifestado por la defensa se viera con absoluta claridad pues tendría otro tipo de argumento para darle fuerza específica. Que sin embargo, la foto no lo llevaba a concluir que los hechos fueron sesgados y que no acontecieron propiamente como se dice en el parte informativo o en el informe policial homologado, por lo que concluyo que esos datos no eran suficientes para no decretar la vinculación a proceso de la ahora quejosa. En tales condiciones, la resolución reclamada es apegada a derecho, por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1******************** de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y ********************º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/********************11 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en relación con el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 205/2023, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo el tres de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    VISTO. Para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 31********************-VIII-B, promovido por ********************, defensor particular de la quejosa ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, defensor particular de la quejosa ********************, solicitó la suspensión definitiva en contra del acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán (denominación correcta), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Previo cumplimiento de prevención, por acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, mediante proveído de esa propia fecha se ordenó notificar a las partes, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado el siete de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************. SEGUNDA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, pues así lo sostuvo al rendir el informe previo que le corresponde, de lo que evidencia su certeza. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." TERCERO. Pronunciamiento respecto a la medida suspensoria solicitada. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del señalado auto de vinculación a proceso de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos, pues al tratarse de la resolución que dictó la vinculación a proceso de la aquí quejosa, debe entenderse que ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de los mismos, es dable hacer pronunciamiento sobre la procedencia o no de la suspensión. Atendiendo a lo anterior, a fin de analizar la procedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto impugnado, se debe verificar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, numeral que señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Atento a lo anterior, toda vez que en el caso, se cumple el primer requisito referido en cuanto a que existe manifestación de la parte quejosa respecto a la solicitud de la suspensión, y que en el particular, de concederla no se contravendrían disposiciones de orden público ni interés social, ya que el acto reclamado únicamente atañe a las partes involucradas. Por tanto, con fundamento en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, SE CONCEDE la suspensión definitiva, para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que lo juzga para la continuación del procedimiento, hasta en tanto se dicte sentencia firme en el juicio de donde deriva este cuaderno incidental. Sin que obste a ello, que la autoridad responsable pueda decretar alguna medida cautelar que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para la hoy quejosa. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva del acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos incidentales, para los efectos legales correspondientes, el informe previo rendido, vía interconexión, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónese al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.

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