Felizardo Luna Anaya

Expediente 419/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
419/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Felizardo Luna Anaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que en acuerdo de cuatro de enero de este año, se declaró que el fallo protector ha quedado cumplido; por tanto, con fundamento, en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que por resolución de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el siete de agosto de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le ordenó mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, acerca de las constancias remitidas por Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************, resolución que causó ejecutoria el nueve de octubre de dos mil dieciocho, al no ser recurrida por alguna de las partes. La concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el término de tres días, contado a partir de que se les notificara la ejecutoria que causara el fallo constitucional, realizaran lo siguiente: Otorgue respuesta completa a la petición del quejoso ******************** contenida en los escritos de nueve de mayo y veinte de junio de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. Ahora bien, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante este Juzgado, por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables antes mencionadas informo tuviera a bien a sus representadas en vía de cumplimiento, pues comunicó que mediante oficio 1730/2018, de veintiséis de octubre de ese año, el Jefe de Departamento de Recurso Humanos del Municipio de Ahome, allegó al Secretario del H. Ayuntamiento, el expediente y el dictamen del quejoso para el efecto de que se le conceda el beneficio de la pensión y/o jubilación respectiva, y anexó dicho oficio. Al no comunicar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en auto de tres de diciembre del año próximo pasado, se requirió de nuevo a las autoridades responsables. En ese contexto, Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, comunico que hacía llegar copia del acta número 72, la cual contiene la celebración de la sesión ordinaria de cabildo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la cual en el desahogo del tercer punto de la orden del día se aprobó por unanimidad de votos otorgar al quejoso la pensión por retiro anticipado, asimismo se resolvió como improcedente la otorgación del grado inmediato superior, el cual le fue notificado, y anexa dicha acta. Con lo anterior se dio vista al quejoso en acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que el quejoso haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, otorgaran una respuesta completa a la petición del quejoso contenida en los escritos de nueve de mayo y veinte de junio de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recayera a la misma lo cual ya aconteció; toda vez que en la sesión ordinaria de cabildo 72 de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que en el tercer punto del orden del día, aprobado por unanimidad de votos se otorgó al quejoso la pensión por retiro anticipado, pero improcedente en el grado superior inmediato; es inconcuso que la sentencia constitucional ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO FELIZARDO LUNA ANAYA EL AUTO DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le ordenó mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, acerca de las constancias remitidas por Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************, resolución que causó ejecutoria el nueve de octubre de dos mil dieciocho, al no ser recurrida por alguna de las partes. La concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el término de tres días, contado a partir de que se les notificara la ejecutoria que causara el fallo constitucional, realizaran lo siguiente: Otorgue respuesta completa a la petición del quejoso ******************** contenida en los escritos de nueve de mayo y veinte de junio de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. Ahora bien, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante este Juzgado, por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables antes mencionadas informo tuviera a bien a sus representadas en vía de cumplimiento, pues comunicó que mediante oficio 1730/2018, de veintiséis de octubre de ese año, el Jefe de Departamento de Recurso Humanos del Municipio de Ahome, allegó al Secretario del H. Ayuntamiento, el expediente y el dictamen del quejoso para el efecto de que se le conceda el beneficio de la pensión y/o jubilación respectiva, y anexó dicho oficio. Al no comunicar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en auto de tres de diciembre del año próximo pasado, se requirió de nuevo a las autoridades responsables. En ese contexto, Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, comunico que hacía llegar copia del acta número 72, la cual contiene la celebración de la sesión ordinaria de cabildo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la cual en el desahogo del tercer punto de la orden del día se aprobó por unanimidad de votos otorgar al quejoso la pensión por retiro anticipado, asimismo se resolvió como improcedente la otorgación del grado inmediato superior, el cual le fue notificado, y anexa dicha acta. Con lo anterior se dio vista al quejoso en acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que el quejoso haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, otorgaran una respuesta completa a la petición del quejoso contenida en los escritos de nueve de mayo y veinte de junio de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recayera a la misma lo cual ya aconteció; toda vez que en la sesión ordinaria de cabildo 72 de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que en el tercer punto del orden del día, aprobado por unanimidad de votos se otorgó al quejoso la pensión por retiro anticipado, pero improcedente en el grado superior inmediato; es inconcuso que la sentencia constitucional ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte, que las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio; en consecuencia, mediante oficio requiérase nuevamente a las autoridades responsables antes mencionadas, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, vía fax al número 01 668 815 32 08, o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; para lo cual se les apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se harán acreedores a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el mismo contexto, se fijó el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".

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